Hace cuatro años la sociedad chilena fue remecida por la brutal e inhumana golpiza a Daniel Zamudio, un joven de 24 años que fue agredido por motivo de su orientación sexual. Las crueles lesiones le quitaron la vida luego de más de 24 días de lucha en el hospital. El hecho causó conmoción y repudio general y movilizó multitudinarias marchas a lo largo de todo el país, pidiendo justicia y exigiendo la inmediata aprobación de la Ley antidiscriminación que por entonces estaba entrampada en el Congreso de la República.
Ese vergonzoso episodio de vulneración de derechos y atentado contra la vida sentó un histórico precedente en la lucha por el reconocimiento de la dignidad de las personas LGTB.
Aunque muchos pensaron que los hechos de violencia y discriminación disminuirían por la mayor simpatía que el movimiento pro derechos ha logrado, no sin grandes esfuerzos y sacrificios; desde la muerte de Daniel Zamudio en el año 2012, el país ha visto con despreocupación e indiferencia como 16 personas han sido asesinadas por similares motivos. “La homofobia y la transfobia siguen matando en Chile”, dijo Óscar Rementería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en la inauguración del memorial, una clara manifestación de la existencia de patrones culturales que han perpetuado la vulneración y negación de los derechos de la diversidad en crímenes de odio hacia el colectivo.
La semana pasada, el Movilh presentó el Memorial por la Diversidad, una obra dedicada a todas las personas discriminadas en Chile. “Desde hoy este memorial recordará especialmente a cada una de víctimas de los crímenes de odio”, sostuvo Rementería, y agregó: “los nombres de las víctimas fatales de la homofobia y la transfobia merecen ser recordados siempre, tanto por la sociedad como por los movimientos de diversidad sexual. Recordar nos sensibiliza y nos ayuda a estar alertas para que nunca más estos atroces homicidios vuelvan a ocurrir”.
Si bien Chile cuenta con normativas específicas que sancionan la discriminación, dichas normativas se encuentran lejos de brindar una respuesta a las necesidades actuales de protección de potenciales víctimas. El escenario jurídico es particularmente heteronormativo, compuesto por reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes, estigmatizando las relaciones existentes dentro de las personas de la diversidad, patrones que se encuentran fuertemente arraigados social y culturalmente, difíciles de reconocer, identificar y, consecuentemente, erradicar.
Las personas homosexuales sufren distintos niveles de violencia por razones de orientación o identidad sexual, que puede contribuir muchas veces a deshumanizar a la víctima y su capacidad de pedir ayuda. En este contexto, la invisibilización de las mujeres trans es con frecuencia una condición necesaria para que tengan lugar la tortura y los malos tratos. La mayoría de las mujeres trans, en este escenario, enfrentan violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, en sus comunidades y centros educativos. Esta situación de vulneración de derechos se suma a la ausencia de disposiciones legales o administrativas que reconozcan su identidad de género.
La Ley Zamudio no es suficiente. Para erradicar las prácticas de discriminación y violencia, es fundamental que Chile cuente con una institucionalidad antidiscriminatoria, que prevenga las exclusiones y coordine las políticas por la inclusión social; del mismo modo, es crucial la implementación de políticas de apoyo, contención y educación tendientes a cambiar los patrones culturales y sociales de discriminación, así como la implementación de programas formativos a los agentes de justicia y campañas de sensibilización a la comunidad desde la perspectiva de los derechos humanos.
Fotos: Movilh
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