Por Sonia Maldonado.-
Desde el 2016, el acceso a tratamiento de las personas con VIH en Venezuela de forma gratuita dejó de ser una prioridad para el Estado, lo que obligó a las personas con VIH a buscar otras alternativas, tanto dentro como fuera del país, para poder contar con medicamentos, pruebas de diagnóstico y control y seguimiento de la patología.
Rayza Parra, médica, especialista en salud pública, presidente y fundadora de la Fundación SIDA región Táchira, (Fundasidarta), con sede en la ciudad de San Cristóbal, indicó que no tener acceso a los tratamientos antirretrovirales a través del sistema de salud pública o los elevados costos de estos en los establecimientos privados trajo como consecuencia “que muchas personas, no solo en la entidad tachirense, sino en (el) país perdieran la vida”.
Foto: Sonia Maldonado
Esta realidad – aseguró- constituye una de las principales razones de la migración de personas con VIH en el Táchira, aunado a la crisis económica, social y de salud que vive actualmente la nación venezolana.
Si bien es cierto que muchos migrantes tachirenses con VIH han recibido atención médica y tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales en países como Argentina, Perú, Ecuador y Chile, en otras latitudes, como Colombia, este proceso no ha sido fácil, ya sea por los trámites burocráticos o por las condiciones económicas y terminan regresando al país en condiciones de salud muy precarias , con infecciones oportunistas por falta de tratamiento.
“Nos hemos encontrado que las personas que han retornado a la entidad tachirense provienen de ciudades colombianas como Bogotá, Medellín o Cali, donde si no tienen doble nacionalidad o no cuentan con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) porque no tienen dinero o se quedaron sin empleo, no reciben el tratamiento ni atención médica”, aseveró Parra.
Una vez que llegan a Venezuela – explicó – solicitan ante la Coordinación Regional de ITS/VIH adscrita a la Corporación de Salud del estado Táchira, ser reinsertados en el programa nacional de VIH/SIDA y comienzan a recibir inmediatamente los medicamentos antirretrovirales y otros insumos para enfermedades oportunistas.
“Gracias a las iniciativas de las Organizaciones No Gubernamentales, como Fundasidarta, en todo el país, agrupadas en la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) comenzaron a buscar las alternativas para que cada estado pudiera tener acceso a los tratamientos retrovirales”, puntualizó Parra.
Los medicamentos son gestionados con el apoyo financiero del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y bajo la vigilancia ciudadana de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+). Se cuenta también con el apoyo de Fundasidarta, ONUSIDA, UNICEF, la Sociedad venezolana de infectología y la sociedad civil internacional con trabajo en VIH.
En el último trimestre del 2021 – informó- han reingresado al Programa Nacional de VIH-SIDA 11 personas: 10 procedentes de Colombia y 1 de Chile.
El Programa Nacional de VIH y SIDA ha permitido salvar la vida de muchas personas, a pesar de las grandes limitaciones que se viven en Venezuela, especialmente por la ausencia de políticas públicas en materia de salud por parte del Estado para atender a las personas con VIH.
La decisión de las instituciones gubernamentales que manejan la salud en Venezuela de no comprar medicamentos para controlar la replicación del VIH ni medicinas para infecciones oportunistas asociadas al SIDA ni tampoco reactivos para pruebas diagnósticas, seguimiento y control del VIH vulnera sistemáticamente el derecho a la salud de las personas con esta condición de salud.
Este artículo fue desarrollado en el marco del curso de Corresponsales Clave 2021.
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