Pese a las advertencias de sociedad civil, las autoridades sanitarias reaccionaron tardíamente para generar un plan de enrolamiento al sistema de salud de las personas recientemente diagnosticadas con VIH y evitar fallecimientos. La representante de Onusida, Andrea Boccardi recomienda protección en salud, dispensación multimensual de los tratamientos e inclusión de las personas con VIH a vacunación contra el COVID-19 para evitar retrocesos.
A inicios del 2020, las autoridades peruanas mostraban con orgullo la disminución del 40 por ciento de casos de mortalidad por VIH/Sida en los últimos 20 años. La semana pasada el propio ministro de Salud peruano, Oscar Ugarte Ubillúz, tuvo que admitir lo que las organizaciones sociales habían advertido durante la pandemia: La cifra de muertes por VIH como parte del impacto colateral del coronavirus (SARS-CoV-2) elevó el número de decesos.
“Hemos identificado que, si bien hemos estado atentos a la Covid-19, hemos tenido un incremento de fallecidos por cáncer, mortalidad materna, VIH-Sida, entre otros”, expresó Ugarte durante una conferencia de prensa que también contó con la participación de la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.
El Perú había logrado un sostenido descenso de las muertes anuales por el VIH, obteniendo cifras entre 800 a 1300 personas fallecidas por causas relacionadas con la infección avanzada del VIH, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud y el sistema nacional de defunciones (Sinadef).
Sin embargo, de enero a marzo de 2021, un total de 479 personas que vivían con VIH fallecieron por diferentes causas. “Hay una tendencia a incremento como resultado de las dificultades que hemos tenido en 2020 (por la pandemia) y que seguimos teniendo este año”, había dicho el viceministro de Salud, Gustavo Rosell en una conferencia virtual convocada días antes por el Organismo Andino de Salud- ORAS.
Si comparamos las mismas cifras con los trimestres del 2020 y 2019, se puede observar un alza en los reportes, que también ha advertido un equipo de investigadores del Grupo de Trabajo Técnico Temporal creado para investigar y sincerar las muertes por coronavirus en el Perú.
Andrea Boccardi, directora de ONUSIDA para Perú; Bolivia y Ecuador, señaló a Corresponsales Clave que desde sus oficinas han recomendado a las autoridades peruanas brindar “protección del derecho a la salud asegurando el cumplimiento de las normativas sobre salud integral en el primer nivel de atención, la descentralización del suministro de medicamentos, la dispensación multimensual de antirretrovirales”.
Indicó también que han solicitado la inclusión de las personas con VIH en los grupos prioritarios de vacunación contra el Covid-19 y a los beneficios sociales brindados por el gobierno de acuerdo a su situación de vulnerabilidad social.
“Los hallazgos coinciden con lo que ya otras investigaciones conducidas por la sociedad civil sugerían, a partir del reporte sobre la falta de acceso a los servicios de salud, desabastecimientos de medicación antirretroviral, pruebas de VIH y de carga viral, la derivación de los recursos de atención del VIH para la atención de la COVID-19 en los centros de atención primaria de salud”, detalló Boccardi.
40% de diagnosticados sin tratamiento
Con un total de 87 mil personas con VIH y 69 mil de ellas en tratamiento antirretroviral (TAR), el acceso rápido al TAR también tuvo un retroceso, ya que las cifras del Ministerio de Salud indican que el 40% de las personas diagnosticadas no ha sido enrolado a la entrega de la terapia. También es importante destacar que el 2020 el tamizaje cayó en 34 por ciento por falta de oferta de pruebas.
Para Julia Campos, directora de la Red Sida Perú los retrocesos en la respuesta al VIH se deben a las “dificultades de acceso a los servicios de los usuarios, falta de información para recibir tratamiento antirretroviral y el propio temor de los usuarios en acudir a los hospitales”.
Otras de las cifras que se incrementaron, ha sido el número de abandonos al tratamiento en 16% con relación a las del 2020. “Lo más preocupante es que este tema no ha sido debidamente visualizado por las autoridades de la respuesta nacional. Hubo muchas presentaciones y no se indicó sobre el incremento de fallecidos”, cuestionó Campos.
Otra de las complicaciones es la desprotección en salud de las personas con VIH de nacionalidad extranjera que emigraron al Perú informalmente y no pueden acceder a hospitalizaciones cuando enferman, ya que deberán pagar montos inalcanzables por sus precarios ingresos económicos.
La falta de stock de reactivos para acceder a carga viral y pruebas de CD4 es otra dificultad para tener un seguimiento riguroso del tratamiento.
Por su parte, el colectivo GIVAR demandó a las autoridades a no descuidar la atención sanitaria de las personas con VIH para evitar mayores decesos y no retroceder en las metas internacionales para poner fin al Sida en el 2030.
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