El pasado 10 de mayo el Juez Juan José Ruiz, titular del Tribunal en lo Criminal Nº1 del Departamento Judicial de la Plata, Argentina, dictó un fallo donde condenó a una mujer trans, desconociendo su identidad de género y criminalizándola por su nacionalidad y el ejercicio del trabajos sexual. La Organización Trans La Plata repudió la sentencia con una pacífica manifestación el último 23 de mayo.
Lo polémico del fallo no es la persecución del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, sino que agrava la pena por el origen nacional y la condición migratoria de Claudia -la imputada-, desconoce su identidad de género (y en consecuencia la Ley 26.743 de Identidad de Género), criminaliza su situación de trabajadora sexual e instruye a la Dirección Nacional de Migraciones, en un gran exceso de sus facultades, para que constante “bajo qué circunstancias legales – de admisión y permanencia en el país – se encuentran los ciudadanos extranjeros que ofrecen servicios como travestis en la denominada Zona Roja de la Ciudad de la Plata”.
Al referirse al ejercicio del trabajo sexual, Ruiz dice: “so pretexto de estar realizando una activad, que no está prohibida por ley, como es el ejercicio de la prostitución; se valió o camufló en ella, para cometer delitos, (…) y dicha maniobra, fue buscada por el autor para lograr su impunidad”. Al referirse a Claudia, en todo momento, utiliza comillas o coloca su nombre legal seguido de “alias Claudia” o se refiriere a ella en masculino, violentando el derecho a la identidad de género, contemplado no solo por la ley Argentina sino por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
El cónsul de Perú en Argentina, Carlos Alberto Cochano Burja, dijo al portal Diario Judicial que “confía en que la justicia argentina se va a pronunciar y se va a corregir la sentencia. El derecho internacional es claro en el tema de la igualdad, no hay que darle lugar a muchas interpretaciones. (…) los mensajes que estamos recibiendo dan cuenta de la dimensión de este caso”. Así mismo destacó que al Consulado le corresponde velar por que los derechos de los ciudadanos se respeten y por eso hay funcionarios asesorando a Claudia, según manifestó Cochano Burja.
A su tiempo, el Ministerio Público de la Defensa, órgano extra poder creado en la última reforma constitucional (Art. 120 Constitución Nacional) difundió un comunicado de prensa respecto de la sentencia en el que expresó su “… preocupación por los contenidos xenófobos y transfóbicos de sus fundamentos.” También alertó “el tratamiento judicial prejuicioso que asocia la nacionalidad, la prostitución y la identidad trans con la comisión de delitos. Se recuerda que los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación vedan las distinciones arbitrarias sobre la base de la nacionalidad y la identidad de género de las personas; obligaciones que alcanzan a todas las autoridades públicas, sean nacionales, provinciales o municipales.” Finalmente, el órgano reiteró la necesidad de que los casos que involucren a personas y colectivos vulnerados a lo largo de la historia se aborden sin prejuicios y estereotipos, con acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.
Distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Federación Argentina LGBT y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Plata solicitarán que se inicie un juicio de al magistrado, en virtud de la violación del bloque de constitucionalidad federal (Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos con su misma jerarquía) y de leyes dictadas por el Congreso.
La Organización Trans de La Plata (OTRANS) convocó a una manifestación en dicha ciudad el último lunes 23 de mayo para repudiar el fallo. Durante la manifestación, una representante de la organización denunció la persecusión a las personas trans desde la policía y el poder judicial. “La policía junto al poder judicial arman las causas a las compañeras. La sociedad se tiene que enterar que a las compañeras las violenta la policía, les arman las causas», señaló Claudia Vásquez Haro, presidenta de la organización. La activista también señaló que el fallo va en la misma dirección de la política de “mano dura” de la intendencia en relación con la presencia de las mujeres trans en situación de prostitución en la calle.
Este tipo de sentencias judiciales que reproducen estereotipos conservadores, criminalizando a las personas por su identidad de género, su nacionalidad o el trabajo que realizan, en este caso el trabajo sexual, violenta no solo el orden jurídico argentino sino que hace trastabillar el sistema de protección de derechos humanos a nivel local.
Durante décadas, las personas trans fueron, en Argentina, criminalizadas por su identidad, situación que empezó a cambiar a partir de la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género. La situación de las trabajadoras sexuales, por otro lado, ha empeorado en el tiempo y son más perseguidas que nunca a través de los Códigos Contravencionales. Sentencias de este estilo permitirían criminalizar y perseguir a personas por lo que son y no por cometer delitos, presumiendo que por ser trans, migrante o trabajadora sexual son delincuente.
El Estado Argentino debe, sin lugar a dudas, profundizar las políticas públicas de derechos humanos que permitan la inclusión de todas y todos sin ningún tipo de discriminación, garantizando el pleno ejercicio de los Derechos Humanos en el país.
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