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Panamá: leyes que discriminan

Por quinto año consecutivo se presentó a la Defensoría del Pueblo el Informe de los Derechos Humanos de la Población de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Personas Trans (LGBT), con el objetivo de avanzar en las legislaciones que todavía castigan a las personas por su orientación sexual y su identidad de género.

“Panamá no escapa a la ola de discriminación y homofobia que existe a nivel mundial” lamenta Ricardo Beteta, Presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos, que por quinto año consecutivo presentó a la Defensoría del Pueblo el Informe de los Derechos de la Población GLBT.  En este país todavía existen decretos que castigan a las personas por su orientación sexual y también, como en la mayoría de los países de la región, la población trans es víctima de violencia y ataques, que se cometen con total impunidad.

Frente al Secretario General de la Defensoría, Carlos Vásquez, fueron expuestos los casos en los que han sido y son violentados los derechos humanos de hombres y mujeres por su orientación sexual o su identidad de género, haciendo hincapié en dos problemáticas específicas: la discriminación que aún se permite por cuestiones vinculadas a la orientación sexual y la violencia y el estigma a los que todavía se somete a la comunidad trans.

Los puntos sobre los que hay que trabajar

Durante el encuentro fueron señalados los siguientes puntos:

  • Homofobia: aún se mantiene vigente y sin modificaciones el Decreto Ejecutivo 204, sancionado en l997 y por el cual se expide el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobierno y Justicia. Este decreto señala en su artículo 133 que practicar el lesbianismo y el homosexualismo son consideradas faltas de “gravísima conducta”. Estas faltas, según el Artículo 132 del mismo decreto, son competencia de la Junta Disciplinaria de la institución y pueden ser castigadas con arresto no mayor de sesenta o con destitución.
  • Transfobia: la constante persecución a las travestis, las cuales son víctima de abusos de parte de las autoridades policiales, fue otra de las problemáticas sobre la que se trabajó en el informe.

Además, se mencionó el caso de Roxana de Magallon, una mujer a la cual el Juzgado de Niñez y Adolescencia le quitó la custodia de su hijo por manifestar su orientación sexual.

Estos puntos demuestran el atraso que existe en materia de derechos humanos en las comunidades LGTB. Lamentablemente este no es sólo un asunto de Panamá, sino que repite en muchos de los países de nuestra región. Por quinto año consecutivo la sociedad civil presentó un informe a la Defensoría del Pueblo. Habrá que ver cuándo las autoridades decidirán pasar de las palabras a la acción.

Acerca del autor

Dayra Garcia

Panamá

Dayra García vive en la ciudad de Panamá y es parte del Equipo de Corresponsales Clave para América Latina y el Caribe desde 2009. Es Directora de la Asociación Viviendo Positivamente, una organización panameña con alta trayectoria y experiencia en la temática del VIH/SIDA.

Dayra también se desempeña como Miembro Consejo Regional de la CIAT y es miembro activa de la Comisión Nacional para el Control y Prevención del VIH –CONAVIH-. Fue Coordinadora de la Alianza Estratégica de Promoción y Defensa Publica de Panamá en el período 2007-2008.

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