Desde la época colonial, Panamá ha sido un puente de tránsito para muchas culturas y grupos poblacionales, y en la actualidad la situación no ha cambiado; migrantes de países hermanos como Venezuela y Colombia llegan al país para buscar un nuevo horizonte y una nueva y mejor situación de vida.
A esta realidad no escapan las personas con VIH, quienes llegan ya con el diagnóstico o lo reciben en territorio panameño. En cualquiera de los casos, es una situación que debe ser atendida en el pleno respeto del derecho a la salud.
Las personas que ya tienen el diagnóstico y ya toman medicamentos antirretrovirales, son ingresados al sistema de salud pública en las clínicas que forman parte del Ministerio de Salud, en línea con el lema “Salud Igual para Todos”. En las clínicas se les ofrece la atención con especialistas de infectología, enfermería y -por supuesto- los medicamentos ARV; los exámenes de control y seguimiento se los realizan en el Laboratorio Central de Referencia del Instituto Conmemorativo Gorgas en Salud; todo esto de forma gratuita.
Según fuentes del Hospital Santo Tomás, de Ciudad de Panamá, por semana el hospital estaría recibiendo entre 7 y 10 ciudadanos de Venezuela y Colombia que son los países que más migrantes aporta en la actualidad.
En los últimos años, y más aún en los últimos meses, ha surgido en el país una fuerte discusión sobre la acogida a los y las migrantes, ensalzada a nivel internacional por las declaraciones del recién electo presidente de los Estados Unidos y la crisis de refugiados en Europa, que ha alcanzado a las personas que viven con VIH.
En el caso de Panamá, la xenofobia ha cobrado fuerza en la voz de la Diputada Zulay Rodríguez, quien en su discurso ha desatado una cacería de brujas contra los extranjeros, haciendo declaraciones desafortunadas como que el país tiene entre las manos “una bomba de tiempo”, haciendo referencia a los extranjeros con VIH que llegan a suelo panameño.
Es importante que el Panamá conozca de cerca la situación que viven las personas migrantes para garantizar sus derechos como país de acogida. Franco, un migrante venezolano nos contó parte de su historia: «A comienzos del año 2015 la crítica situación en Venezuela tocó fondo en el sector salud, y los más vulnerables fuimos aquellas personas que dependemos completamente por medicamentos dotados por el estado (antiretrovirales, quimioterapias, etc). En mi caso duré un poco más de tres meses sin tomar mi tratamiento (anti) retroviral debido a la escasez que ni tan siquiera en las farmacias del sector privado se podía encontrar (…). Solo teníamos una opción y era cruzar la frontera hacia nuestros países vecinos como Colombia y Brasil para poder adquirir los medicamentos pagando precios exorbitantes. Pero, el problema de la escasez (…) se hizo presente también en los reactivos necesarios para que los hospitales y laboratorios médicos hicieran los exámenes correspondientes para conocer los niveles de carga viral y CD4. Yo tenía más de 18 meses sin saber mi estatus. Para finales del mismo año no quise seguir arriesgando mi salud, sabía que era el comienzo de un problema continuo en Venezuela, adicional la inseguridad y los problemas políticos me impulsó a salir de mi país y entre mis destinos, estaba Panamá, donde ya me habían hablado de su estabilidad social, una economía dinámica y una cercanía a Venezuela para estar en contacto con mi familia. (…) Sentía temor por lo nuevo que me venía, sin embargo eso no me detuvo. Apenas pise tierra, mi primer contacto fue con la Asociación Viviendo Positivamente, me acerqué a sus oficinas y el apoyo fue incondicional; inmediatamente me dieron mi primera cita con los médicos, me integraron al programa de salud, me hicieron mis exámenes de CD4 y Carga Viral y a los pocos días empecé mi esquema de tratamiento que hasta el día de hoy me ha ido excelente.”
Nuestra fuente del Hospital Santo Tomas indicó que las personas migrantes están recibiendo todos los esquemas, desde el primero hasta el esquema de rescate. Esto, ciertamente, podría poner en aprietos al Ministerio de Salud debido a los precios de los medicamento, ya que aun en Panamá se sigue comprando medicamentos de marcas originales, que son mucho más caras que los genéricos.
Representantes del Observatorio Ciudadano en Derechos Humanos y VIH de Panamá conversaron con el doctor Aurelio Núñez, jefe del Programa Nacional de ITS y Hepatitis Virales sobre este tema para buscar indicios de estrategias que aborden la situación de migración y VIH; en la conversación se habló de un posible copago por parte de las personas extranjeras por recibir los medicamentos, aunque solo se presentó como una idea.
Por su parte, Jaime Luna, miembro de la GNP+, dijo a Corresponsales Clave que “desde siempre, Panamá era destino o paso de muchas personas migrantes de diferentes partes del continente y el mundo; dicho fenómeno ha ido incrementando en los últimos años, sólo con la diferencia que muchos se están estableciendo en nuestro territorio y a la misma vez se incrementa de demanda de necesidades básicas como educación, empleo, salud, entre otros. (…) Existen muchas opiniones encontradas en cuanto al tema de los extranjeros en Panamá, muchos piensan que se debe tener controles migratorios más estrictos y otros que no; algunos piensan que se debe atender solamente a los que tengas sus papeles al día, pero lo que es cierto es que el derecho a la salud es un DERECHO HUMANO, que no puede ser condicionado por el estatus migratorio de una persona. (…) Yo considero, muy personalmente, que las autoridades deben evaluar la manera más razonable, digna y sin violentar los derechos humanos de ningún nacional ni extranjero, y tratar de obtener medicación y atención para todas las personas que los requieren.”
En la pasada reunión de la Comisión Nacional para la Prevención y Control del VIH (CONAVIH) se presentó este tema a la Señora Lorena Castillo de Varela, primera dama del país, quien preside dicha comisión; sin embargo, aun cuando se trata de un tema de derechos humanos que busca ser introducido en la Ley de VIH que está en discusión, no se tomó ninguna resolución en la reunión y se decidió formar una comisión en la que participen todas las instituciones que tienen que ver con el tema.
Los y las migrantes en situación irregular también aportan al desarrollo de la economía de los países que los acogen, en ese sentido, en este caso, Panamá, tienen el compromiso de respetar los derechos humanos de las personas bajo el principio de igualdad y no discriminación. Es importante, en el contexto actual que vive Panamá, que se vigile de cerca el tratamiento de las leyes y normas que podrían introducir restricciones de viaje y migración a las personas con VH.
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