Panamá y la protección de derechos humanos de la diversidad sexual

En una de las sociedades más conservadoras y homofóbicas de América Latina, en la que los índices de crecimiento económico, el nivel y la calidad de vida son relativamente satisfactorios; sin embargo, la calidad de la educación deja mucho que desear. Las manifestaciones fundamentalistas y homofóbicas tienen excesiva influencia en la agenda pública y todo ello en una contienda electoral presidencial de 2019 que ya inició y que no promete mayores cambios en la situación de las personas LGBTIQ.

Ricardo Eloy Beteta Bond, activista gay, bibliotecólogo de 58 años graduado de la Universidad de Columbia y Presidente interino de la Asociación por hombres y mujeres nuevos de Panamá (AHMNP), fundada en 1996, nos brindó sus apreciaciones sobre el contexto de derechos humanos de esta comunidad en la Panamá contemporánea.

La historia de la AHMNP fue dura. Ricardo nos contó que “Tras 4 años de disputa y con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU que nos asesoraron para querellar contra el estado panameño por violar nuestro derecho a la libre asociación, ya que nos fue negada la personería jurídica en 3 ocasiones alegando que nuestra organización iba contra la moral y los valores de la sociedad -precepto que está incluido en la Constitución Política y que prohíbe tales tipos de legalizaciones-, Winston Spadafora, ex–ministro de gobierno y justicia- finalmente nos la otorgó. Fuimos la primera organización de homosexuales legalizada en Panamá y la primera de Centroamérica”.

La Asociación inició las marchas de la diversidad sexual  en el 2004 y su trabajo en redes y alianzas con otras organizaciones LGBTIQ de Latinoamérica y Europa, presionó para que el estado panameño derogara el decreto 149 de 1949 que sancionaba la práctica de la sodomía. Hoy es una referente a nivel nacional y eso les ha permitido ocupar espacios políticos de alto nivel. Ha sido pionera en impulsar actividades artísticas, exhibiciones y muestras de cine ligadas a la comunidad.

Corresponsales Clave: ¿Cuál es el contexto actual de DDHH en Panamá?

Ricardo Beteta: Malo en general. La población sabe muy poco sobre estos temas y hay mucho desconocimiento. Hemos sido ignorados y la gente siente que no tenemos derechos y no admiten que nuestros problemas son una realidad que debe ser abordada por la sociedad y las autoridades. Intentamos cambiar la percepción de que pedimos ´privilegios´. Obtener el respaldo de la sociedad civil y de otras organizaciones que trabajan temas de derechos humanos no ha sido fácil. En muchas organizaciones se involucra el tema religioso, lo que complica la situación.

Desde la derogación del decreto 149, no ha habido más avances. La información es casi inexistente porque nosotros no existimos para las autoridades, ni en las estadísticas, y poder evidenciar la realidad de los LGBTIQ es un reto hoy.

CC: ¿Cómo se ve la AHMNP en ese contexto? ¿Qué dificultades tiene y cuáles son los retos principales y las posibles estrategias para enfrentarlos?

R.B.: Por los índices económicos del país, según el FMI y el Banco Mundial, no calificamos para financiamiento y poder sostener procesos no resulta nada fácil. Por otro lado, el aparato gubernamental presiona negativamente a la sociedad civil, amenaza a los defensores de derechos humanos, con chantajes, extorsiones, persecución, e inclusive hasta violencia física y muerte.

CC: Sobre el matrimonio igualitario, que hoy se discute en Panamá y otro país del área centroamericana, ¿es un tema crucial en este momento?

R.B.: No tenemos una articulación LGBTIQ organizada y con una visión estratégica. El tema del matrimonio igualitario ha tomado a los activistas por sorpresa, pues no era nuestra agenda actual. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema pero siento que se debió hacer primero un trabajo de base y demandando al estado que creara políticas públicas contra el estigma y la discriminación, llevar un proceso de re-educación de la población, para entonces avanzar con este tema. Sería irónico que acá eso se apruebe, cuando en la legislación nosotros no existimos y no existen políticas públicas que nos reconozcan. Estamos empezando mal y desafortunadamente se piensa que el tema del matrimonio igualitario resolverá los problemas de los LGBTIQ cuando muchos van a continuar viviendo discriminación y exclusión.

CC: ¿Qué decir de la arremetida fundamentalista? ¿Cuáles son sus posibles estrategias?

R.B.: Los fundamentalismos son peligrosos y peor cuando se mezclan con la política, pues esto complica el escenario de los derechos humanos de LGBTIQ. La comunidad homosexual está amenazada, amedrentada y temerosa, por las constantes amenazas de personeros religiosos y políticos que utilizan la religión y los miedos de la población para obtener votos de manera oportunista y para sus intereses. Eso nos convierte en objeto de discriminación y violencia de todo tipo. Por otro lado, la Asamblea Nacional está en todo menos en lo que debería estar haciendo: No aprueban leyes ni promueven el debate público, su agenda es totalmente ajena a la nuestra. La denuncia en los tribunales, seguirá siendo crucial.

CC: ¿Qué retos enfrentan los activistas de Panamá para avanzar en derechos humanos en el país, de cara a la escasa o casi nula cooperación económica internacional?

R.B.: Los índices económicos no nos hacen objeto de financiamiento para continuar nuestros procesos y los pocos recursos que llegan hacen que las organizaciones compitamos entre nosotras y el estado aprovecha esto para crear rivalidades. Debemos encontrar un punto de convergencia, una línea estratégica donde todas las organizaciones puedan trabajar unificadas para avanzar metas específicas. Ese fue el intento en la Alianza por la Igualdad (API), un espacio de organizaciones LGBTIQ, pero lamentablemente fue infiltrada por intereses ajenos y terminó siendo totalmente distinta de lo que estaba ideada: animadversiones entre los miembros, agendas ajenas a los temas LGBTIQ, fomentando divisiones. No sé si el esfuerzo podría ser rescatable, porque sé que las disputas aún continúan allí, temas de egos, protagonismos, dinero, etc., y evidencia que todo se trata de otros intereses, ajenos a los nuestros. Hay que reformular el espacio para organizaciones LGBTIQ.

CC: ¿Qué panorama les espera en las elecciones del próximo año?

R.B.: Muchos políticos se han manifestado en contra de nuestros derechos. Protegen la familia y los valores morales y luchan contra la supuesta “ideología de género”. Eso ya rinde resultados en contra de nosotros y, si quieren generar votos, se van a ir por ese camino, pues es muy redituable. Los políticos no son tontos y saben que los movimientos LGBTIQ acá son muy débiles y vamos a pasar un momento muy desagradable en esta campaña. No veo que vayamos a tener alianzas porque ya los precandidatos están utilizando ese tipo de discursos anti LGBTIQ. Solo Ana Elena Porras, potencial candidata a la Presidencia, habla del tema de los derechos LGBTIQ, pero ella lo tendrá muy difícil porque no logra aún su suscripción como candidata.

Preocupa la baja participación de Panamá en eventos y en la agenda internacional, pues se ´vende´ que acá hay prosperidad y muchos recursos, pero no siempre los niveles de inclusión económicos que abanderan la CEPAL, el Banco Mundial y el FMI son índices de los que gozan las poblaciones LGBTIQ, que continuamos siendo de las más desfavorecidas. Eso debe cambiar.

Agradecemos la disposición de Ricardo Beteta para esta entrevista.