Según el informe epidemiológico del Pronasida 2013, el 6,71 % de los casos de VIH se dan en el grupo de edad de 15 a 19 años; por otro lado, la tasa de fecundidad entre las paraguayas de este mismo grupo etáreo es de 63 por cada 1.000 mujeres, superior al 49,7 de promedio mundial, según recientes revelaciones del Instituto de Previsión Social el (IPS) en junio del 2015.
A pesar de esta fuerte evidencia, en el año 2012 el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), dejó sin efecto la socialización y la urgente implementación del Marco Rector Pedagógico de la Educación Integral de la Sexualidad, condenando y poniendo en riesgo la vigencia de los derechos humanos, en especial de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, quienes perdieron la oportunidad de acceder a una educación sexual integral científica en las instituciones educativas.
Con esa decisión, el MEC impidió que miles de niñas, adolescentes y jóvenes reciban información para la prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) y las expuso a diversas situaciones de vulnerabilidad como la violencia, el abuso sexual, la explotación, el embarazo no planificado.
En este contexto y frente a los constantes casos de violencia que persisten, hace unos días, con el lema “Mi cuerpo, mi territorio, ¡ni usen ni abusen¡”, se realizó en Asunción una marcha organizada por el Movimiento de organizaciones que trabajan en contra de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes que movilizó a representantes de organizaciones sociales, organizaciones internacionales, así como a los verdaderos protagonistas: niñas, adolescentes, jóvenes.
Continuamente existen denuncias de violación de los derechos de las niñas, se estima que alrededor de dos niñas por día son abusadas sexualmente y se presume que son obligadas a continuar con un embarazo forzado. A pesar de ello, las autoridades nacionales ceden a la presión de grupos fundamentalistas que inciden en el Estado para no aplicar medidas, entre ellas la educación, que salvaguarden los derechos de las niñas y adolescentes y evitar miles de ellas adquieran VIH o mueran por un aborto clandestino.
Estas graves situaciones pueden ser prevenidas si se implementa en forma urgente una política de educación integral en sexualidad basado en el reconocimiento del derecho a la información y a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con ello también se contribuiría a disminuir las tasas de VIH en estos grupos.
Con esta marcha y exponiendo los graves índices de violencia, las organizaciones de la sociedad civil buscan presionar al Estado a cumplir con sus obligaciones previstas en la Constitución paraguaya y los compromisos adquiridos con la ratificación de instrumentos internacionales, a través de la implementación de políticas educativas, leyes, planes de acción, planes de estudio, de capacitación y otros elementos orientados a promover una educación en sexualidad basada en evidencias científicas, con perspectiva de género y un marco de derechos humanos.
Paraguay 
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