“De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”, reza un dicho conocido y tal parece haber sido la raíz de la inclusión de “Transexualismo”, “Transvestismo de rol dual”, “Trastorno de la identidad de género en la niñez”, “Transvestismo fetichista”, “Orientación sexual egodistónica” en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud como enfermedades, según el Decreto Supremo 009-2024.
Desde ese mismo día, el 10 de mayo, las organizaciones de la sociedad civil, movimientos por los derechos de las personas LGBTIQ+, académicos y hasta un ex-ministro de salud levantaron su voz de protesta y rechazo frente a tal despropósito, argumentando una patologización de las personas transgénero y de la homosexualidad. Asimismo, señalaron que esta tipificación podría respaldar las mal llamadas “terapias de conversión” que han sido reconocidas como Tortura a nivel internacional.
En una entrevista al medio “La Encerrona”, el médico e investigador de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta – Tristán, aunque ha expresado su total desacuerdo con tal Decreto, dejó entrever que detrás de este Decreto habrían buenas intenciones y señaló que, tratándose de una población altamente discriminada, que suele vivir también en situación de abandono, con bajo acceso a la educación y al trabajo, “el MINSA buscó que esta población tenga acceso al SIS (Seguro Integral de Salud), por eso este Decreto; pero tenían que tener un código para ingresar al SIS, y ahí viene el problema”.
Los códigos que se incorporan en el Decreto Supremo aparecen bajo la categoría CIE10. “Estos códigos vienen a partir de una Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE. El vigente es el CIE10 en el Perú, que viene del año 1992 y la versión actual en el mundo es el CIE11. Años de lucha lograron que en el CIE11, del 2022, se elimine a la transexualidad como una patología de enfermedad mental. Sin embargo, en el Perú no se ha terminado de implementar”, dijo Mayta.
Herbert Cuba, asesor del Ministerio de Salud, en una entrevista a El Comercio el 15 de mayo en la señaló por su parte que esta actualización del PEAS, el plan mínimo de beneficios que se recibe al afiliarse a un seguro de salud público, privado o mixto, obedece a una ampliación de las coberturas del sector privado.
En contra de la patologización
Rápidamente las voces en defensa de vida plena de las personas trans y contra la patologización se dejaron oír. El ex ministro de Salud, Victor Zamora, ha señalado en un artículo que “Es evidente, pues, que el decreto supremo ha sido elaborado por gente que desconoce o (no) sabe aplicar el enfoque de derechos, el enfoque de género y los progresivos avances desarrollados en la salud internacional, encabezados por la propia OMS, para eliminar toda acción contraria a esta comunidad. (…) El vano intento de escudarse en tecnicismos y salvaguardas burocráticas, como la del retraso en la implementación del CIE11, no hace sino revelar aún más su incompetencia.”
Una líder trans, Leyla Huerta, ha ido más allá en su análisis del asunto y ha considerado en un medio que se trata de mala fe y no de ignorancia en el tema. La directora de Féminas y conocida activista por los derechos de su comunidad dijo: “Esta medida del MINSA lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad. Esto que ha hecho el Ministerio de Salud fomenta la violencia hacia las personas trans, porque quiere contribuir con la narrativa de que no somos personas sujetas de derecho, quiere colocarnos como personas enfermas”.
Ciertamente, no es difícil anticipar que se trate de parte de una política sistemática de este gobierno, tanto en el ejecutivo como el legislativo, por retroceder en el respeto a la diversidad LGBTIIQ+. Poco a poco, el legislativo ha ido borrando de las leyes cualquier mención al enfoque de género y a la protección de los derechos humanos. Por otro lado, Dina Boluarte, la actual presidenta, es recordada por su transfóbica gestión en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que limitó el acceso a la identidad a las personas trans, desafiando órdenes judiciales.
ONUSIDA, por su parte, emitió una Nota técnica que se basa «en las mejores recomendaciones de salud pública disponibles y en los principios de derechos humanos relacionados con el VIH y la salud mental de las personas LGBTI». Asimismo, presenta «argumentos que llaman a la necesidad de rectificar la asociación de enfermedad mental con la expresión e identidad de género y la diversidad sexual, señalados en el Decreto Supremo N.009-2024-SA». Puede acceder a la nota en este vínculo. Con este respaldo técnico, es evidente la ausencia de pericia en el tema de parte de las personas detrás del Decreto.
De cualquier forma, sea incompetencia o mala fe de parte de funcionarios, la decisión del gobierno ha sido motivo de preocupación internacional y es claro que el Decreto debe ser derogado, sin perjuicio de la atención integral en salud, incluyendo la salud mental, de las personas trans. Por ello, activistas y organizaciones por la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ realizarán un plantón frente al Ministerio de Salud, el 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia y la transfobia para exigir la derogación y hacen un llamado a todas las personas a unirse en este reclamo.
Imágenes tomadas de Pictoline.
Perú 
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