Entre enero de 2020 y junio de 2021 fueron reportados 2.757 casos de discriminación a personas con VIH por su estado serológico en centros públicos de salud de 19 estados venezolanos, señala el Informe presentado por ACCSI y la Red Venezolana de Gente Positiva.
La primera semana de octubre se presentó el informe “Venezuela, continúa el Vía Crucis de las Personas con VIH” que muestra los resultados finales del trabajo realizado por las distintas organizaciones de la sociedad civil y sus miembros, que permitió la recolección, registro, análisis, documentación y sistematización de los datos y otra información provenientes de los servicios de atención y tratamientos del VIH en 19 estados venezolanos, en el lapso enero 2020 al 1er semestre de 2021.
Este importante informe que visibiliza la realidad de las personas con VIH en Venezuela ha sido publicado por Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) y un conjunto de reconocidas organizaciones venezolanas de la Sociedad Civil con trabajo en VIH, con el apoyo del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria y ONUSIDA.
El informe señala que “los Monitores Comunitarios reportaron que en la etapa de inicio de COVID-19 observaron aumento importante de casos víctimas de discriminación por VIH y también una disminución significativa de casos a partir de septiembre de 2020, debido a que las personas con VIH dejaron de asistir a los centros públicos de salud, puesto que conocen que les será negada la atención en los distintos servicios del sistema público de salud, ya que la prioridad de atención es solo para los casos afectados por COVID-19.” Se registraron 2.343 casos para 2020 y 414 casos para el primer semestre de 2021
“Este documento es una herramienta de gran utilidad para las acciones de incidencia de la sociedad civil y las personas con VIH dirigida a la implementación de los requeridos cambios de la política pública que permita favorecer la calidad de vida de las personas con VIH en Venezuela”, comenta Alberto Nieves, director de ACCSI en Venezuela.
El informe también recoge denuncias de discriminación en el ámbito laboral. Según Acción Solidaria, una de las organizaciones con servicios en VIH con sede en Caracas, han “recibido hasta 5 casos de personas que han sufrido algún tipo de discriminación relacionada con la condición de VIH, y por la cual han sido descartados para ingresar a un puesto de trabajo o han sido conminados a renunciar”.
Recordemos, que el 30 de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional sancionó la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la igualdad de las personas con VIH o sida y sus familiares, que prohíbe, de forma expresa, todo tipo de discriminación por VIH.
En el Artículo 2, numeral 4, dicha ley señala entre sus finalidades “prohibir y sancionar los actos y conductas de discriminación individuales, colectivas o difusas, fundadas en la condición de salud de las personas con VIH/SIDA y sus familiares”.
Por otra parte, el artículo 35 de la ley establece que las personas cuyos derechos hayan sido violados por vivir con la condición, pueden accionar legalmente para solicitar su restitución por vía de amparo constitucional y, además, pueden acudir a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio Público, legitimados para accionar en estos casos, dentro de los límites de su competencia.
Sin embargo, esta ley no cuenta con un reglamento por lo que deja grandes vacíos jurídicos para su interpretación y aplicación; sumado a que las propias personas con VIH que han sido afectadas por cualquier acto de discriminación temen hacerse visibles para denunciar o desconocen el contenido y procedimientos a seguir de dicha Ley.
Debido a la crisis del sistema público de salud en Venezuela, “los médicos y otro personal de salud exigen a las personas con VIH que les suministren medicinas, insumos y materiales médicos como condicionante para recibirles y ofrecerles la atención en los servicios de emergencia, hospitalización y cirugía en el sistema público de salud, lo que se convierte en una práctica discriminatoria y de negación de la atención médica.
Se ha comprobado la exigencia de equipos de bioseguridad, tales como guantes, batas y otros para los procedimientos quirúrgicos a las personas con VIH. Esta exigencia también se hace a las mujeres embarazadas con VIH para el alumbramiento del bebé, y en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, según el informe presentado.
Es importante destacar que las denuncias recogidas son solo una porción de todas las sucedidas ya que aún persiste el temor a represalias de parte del sistema de salud. Una persona con VIH del estado Mérida comentó al equipo de Corresponsales Claves: “no quiero denunciar lo que he pasado porque siento que después no me van a dar los medicamentos”. Así, muchas personas con VIH no comentan ni denuncian las situaciones discriminatorias por miedo a perder la poca atención que reciben.
El informe no indaga sobre las razones que subyacen a la discriminación, pero es posible que esta se deba a la desinformación, a antiguos estigmas arraigados en la sociedad y frente a los cuales las organizaciones de sociedad civil vienen luchando. Para cambiar este contexto, es necesario contar con acciones sostenidas, en todos los ámbitos, con miras a establecer una sociedad más justa, humana, sana e incluyente, con igualdad de oportunidades para todos y todas.
Puede descargar el informe en este vínculo.
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