Suele pasar que, en medio de los desastres naturales y las crisis políticas, las personas más vulnerables o con menos acceso a servicios terminan en una situación de mayor vulnerabilidad. La actual crisis política en el Perú no es la excepción y las organizaciones de sociedad civil ya han expresado su preocupación por la provisión de atención en VIH.
Conversamos con Pablo Anamaría, conocido activista por los derechos de las personas con VIH en Perú y América Latina, quien expresó su preocupación por asegurar la provisión de tratamiento en las zonas más convulsionadas. “No tenemos respuesta de la Dirección de Prevención y Control del VIH y hepatitis al respecto, es decir no sabemos si se está haciendo la entrega multimensual en Arequipa; Puno y Cuzco”, dijo.
Esta aguda crisis política se suma a los problemas habituales del sistema de salud e incrementa el riesgo para la salud de las personas con VIH que ya venían denunciando problemas de abastecimiento o entrega fraccionada del tratamiento o entrega de medicamentos vencidos. “Nos preocupa el desabastecimiento de atazanavir/ritonavir, que hemos estado viendo en el Givar; la entrega de medicamentos vencidos, además de la seguridad física y alimentaria de la poblaciones clave, a partir del llamado que se recibió por las personas trans”.
La crisis política en Perú se agudizó en el mes de diciembre, cuando Pedro Castillo, ex presidente del país intentó un Golpe de Estado, frente a lo cual fue vacado y sucedido por la actual presidenta Dina Boluarte. Esta situación, además de otros descontentos de la población generó una serie de protestas a nivel nacional. La respuesta del Ejecutivo fue llamar a elecciones presidenciales; sin embargo, esto no logró apaciguar las protestas. Luego de un enfriamiento de las manifestaciones por las fiestas de fin de año, el nuevo año empezó con más manifestaciones, mayor violencia y peor represión. En menos de 50 días del nuevo gobierno han muerto más de 50 personas.
Las personas más vulnerables en mayor riesgo
El bloqueo de carreteras y caminos también puso en riesgo la vida y el trabajo de las personas trans que se pusieron en contacto con organizaciones de sociedad civil y de la cooperación internacional para pedir ayuda.
En la última semana, según comentó la Directora de la Oficina de ONUSIDA para los Países Andinos, Andrea Boccardi, lograron canalizar apoyo a través de la organización Mas Igualdad, ubicada en Puno, una ciudad cercana a la frontera con Bolivia que se vio fuertemente afectada por las manifestaciones y la represión policial. Asimismo, Boccardi ha contactado al Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) y a AHF Perú para que brinden el apoyo a personas del Cuzco.
El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Christian Salazar, visitará varias provincias afectadas y recibió la recomendación de ONUSIDA de entrevistar a las personas trans para que compartan sus experiencias.
En este contexto de crisis, es importante considerar la posibilidad del uso de recursos de la asignación del Fondo Mundial para responder a las necesidades urgentes de las comunidades más afectas por el VIH y la tuberculosis. En esta línea, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los organismos cooperantes están buscando la intervención del Mecanismo de Coordinación de País y del Receptor Principal, Socios en Salud, para que se asignen recursos específicos para aliviar la situación de las personas que se encuentran en medio de la crisis.
Pablo Anamaría comentó a Corresponsales clave que se ha solicitado a la Secretaría Técnica del MCP una reunión para discutir las alternativas; sin embargo, esta no se ha podido concretar, precisamente por el convulsionado ambiente.
El jueves 19 de enero, fecha en la que se anunció la gran Marcha Nacional, el Ministerio de Salud suspendió la campaña de vacunación contra covid y otras muchas entidades solicitaron a sus trabajadores optar por el teletrabajo, de tal manera que se reduzca la movilidad de las personas y se salvaguarde la seguridad. Sin embargo, medidas como estas interrumpen la adecuada provisión de la atención en salud.
Desde las organizaciones de la sociedad civil se ha insistido a la Dirección de VIH que asegure la provisión oportuna de tratamiento antirretroviral, así como sostenga las estrategias de diagnóstico y prevención.
Perú 
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