Por Marlon Castillo.
Hace menos de un año, el 1 de diciembre de 2014 para ser precisos, un grupo de activistas y personas con VIH protestaron frente al viceministro de salud del Perú, Percy Minaya, para exigirle la pronta aprobación del Plan Estratégico Multisectorial, que se había elaborado en 2012 y no contaba con la publicación oficial.
El jueves 22 de octubre la promesa fue cumplida, pues mediante Decreto Supremo N°035-2015 SA, el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y diez ministros aprobaron el Plan Multisectorial para la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual – ITS y el VIH para el periodo 2015-2019.
El PEM tiene como objetivo fortalecer la respuesta a las ITS y el VIH, articulando acciones entre el Estado y la sociedad civil con un abordaje inclusivo en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.
Pablo Anamaría, director de programas de la Asociación Vía Libre y activista de la comunidad de personas con VIH en el país, señaló en reciente entrevista con Corresponsales Clave que no se logró tener acceso a una versión final antes de la aprobación. “ Me preocupa que para la fase de aprobación, la sociedad civil no ha tenido participación”, dijo.
Con respecto a las metas que contempla el documento técnico, el activista refirió que existen graves ausencias en indicadores de cobertura de servicios de prevención para la comunidad de trans, lesbianas, gais y bisexuales (TLGB) , “lo cual entra en una franca contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el país”, con las metas 90-90-90, promovidas por OPS y Onusida para el año 2020, que significa aumentar al 90% la proporción de personas con VIH que conoce su diagnóstico, que el 90 personas de ellas estén en tratamiento antirretroviral y que el 90% de las personas en tratamiento tengan una carga viral indetectable.
De acuerdo con información solicitada por el Grupo de Vigilancia de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR) al Ministerio de Salud, se estima que existen 65 mil personas con VIH en todo el Perú y 33 mil 155 de ellas -apenas el 50%- conoce su diagnóstico. De esta última cifra, 22 mil 646 se encuentran con tratamiento antirretroviral y 19 mil 929 con supresión virológica (indetectable).
Las metas al 2020 son bastante ambiciosas y, en la opinión de nuestro entrevistado, correríamos el riesgo de no alcanzarlas, sino enmendamos algunos errores.
Además de los indicadores de cobertura, a Anamaría Cárdenas le llamó la atención que en el objetivo de disminuir las barreras de estigma y discriminación, no se mencione el porcentaje de la meta; y que en el número de casos, judicializados y con sentencias ejecutadas que restituyen derechos a las personas afectadas por estigma y discriminación, se diga que la meta «no es aplicable”.
Otro de los puntos cuestionados es el financiamiento, ya que el PEM no tiene una partida presupuestal para las actividades, sino se sostendrá en la medida en que cada sector gestione un presupuesto para las acciones de manera anual.
“Se menciona que se está a cargo de los pliegos presupuestales ver el financiamiento, pero no sabemos si cada sector va a gestionar los fondos. En otras palabras, no tenemos un sol para el PEM y más bien vamos a tener que esperanzarnos a las buenas voluntades de las autoridades para que asignen presupuesto”, explicó Pablo Anamaría.
El activista peruano indicó que para solucionar los problemas con el financiamiento del PEM, la comunidad de personas que viven con el VIH del Perú deberá solicitar una revisión del Decreto Supremo aprobado para incorporar dinero del tesoro público que permita realizar las actividades y añadió que se debe hacer seguimiento y vigilancia para garantizar que las acciones se realicen.
Finalmente dijo que el plan carece de varios elementos, y que probablemente fue publicado por la constante presión de la sociedad civil, como una salida rápida del gobierno para justificar normatividad actualizada para cumplir con los requisitos que solicita el Fondo Mundial para acceder a financiamiento a través de sus intervenciones.
Con todas las críticas que se pueden hacer al documento y sobre las cuales deberá construirse una mejor respuesta al VIH, el Perú cuenta ya con un documento que guiará la respuesta a la epidemia en los próximos cinco años. El siguiente paso es difundir el documento y operacionalizar sus estrategias, para lo cual los organismos del Estado deberán asignar fondos para las actividades previstas y la sociedad civil tendrá que vigorizar su rol vigilante de los compromisos asumidos por el gobierno.
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