¿Qué está pasando en el Perú? ¿Podemos celebrar?

A nivel normativo, los últimos meses han traído una serie de leyes, normas técnicas y fallos judiciales que despiertan el entusiasmo en la comunidad LGTBI.
Las buenas noticias y “días históricos” empezaron desde el 3 de noviembre del 2016, cuando, a través de una Resolución Ministerial se creó la Mesa de Trabajo para promover los derechos de Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales GTBI respondiendo a una realidad que no solo había sido denunciada por los grupos de la diversidad sexual, sino también fue puesto en un informe de la Defensoría del Pueblo que recogió la problemática que afecta a las personas LGBTI en el ejercicio de sus derechos fundamentales, a causa de la discriminación y la exclusión existentes debido a su orientación sexual e identidad de género y la inexistencia de políticas públicas que los atienda.

En la instalación de la Mesa participaron activistas de la diversidad sexual, congresistas de la república que han hecho pública su homosexualidad y funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Algunas semanas más tarde, el 21 de diciembre, las mujeres trans fueron las beneficiarias de otra Resolución Ministerial que aprobaba la Norma Técnica de salud de atención integral de la población trans femenina para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. Una norma que apuesta por el respeto a la identidad autopercibida de las personas, previene el estigma y la discriminación e introduce, por primera vez, la gratuidad de los procesos de hormonización en el sistema de salud público.
El año nuevo también nos dio buenas noticias. En la primera semana, el 6 de enero de 2017, se publicó el Decreto Legislativo 1323 que modifica el Código Penal e incluye como agravantes en delitos de discriminación, la orientación sexual y la identidad de género. Una modificatoria que hace cuatro años fue rechazada por el Congreso con argumentos homofóbicos y religiosos alejados de las leyes y la Constitución.
Finalmente, esta semana se hizo pública el fallo del 7mo Juzgado Constitucional que ordena al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) registrar el matrimonio de Oscar Ugarteche, reconocido economista, activista gay y uno de los fundadores del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), que se realizara en México hace algunos años.

Todas estas noticias han sido celebradas por activistas LGTBI, personas involucradas en la búsqueda de la protección de los derechos humanos y por funcionarios y organizaciones que trabajan en la respuesta al VIH.
Corresponsales Clave conversó con Giovanny Romero Infante, un joven y reconocido activista gay peruano, ex presidente del MHOL, quien no se mostró muy entusiasta con estas normativas que calificó como “avances endebles”. Para Romero, se tratarían de “medidas descoordinadas que están coincidiendo en el tiempo; expresiones de compromisos personales, pero no una política integral”.
Entre todas estas medidas recientes, Romero destacó como la más importante, el fallo del juez constitucional sobre el reconocimiento del matrimonio de dos personas del mismo sexo, que además se trata del primer paso jurídico en una batalla que lleva por lo menos cinco años.
Es preciso señalar que ante el fallo del juzgado constitucional, el RENIEC ha señalado a través de sus funcionarios que apelará ante la siguiente instancia; decisión que ha sido criticad por algunos activistas, pero justificada por otros que, aun cuando defienden la igualdad y la no discriminación, valoran que se cumpla con el proceso constitucional y las medidas previstas en él. Pero Romero no se muestra tan complaciente con esta publicitada potencial apelación de la instancia administrativa. “El RENIEC se está haciendo cómplice (…). Los procuradores deben defender el bien público y el bien público son las familias. (…) La apelación va a obligar a aun proceso más largo, otros cinco años por lo menos, para que se reconozcan los derechos de Ugarteche y Aroche.”
Ciertamente llama la atención el anuncio de apelación de la RENIEC ya que en noviembre del año pasado, en una audiencia pública en la que se presentó el Proyecto de Ley de Identidad de género, el gerente de dicha institución pidió disculpas a la comunidad trans por los agravios que podrían haber vivido de parte de dicha institución. Pero es posible que se haya tratado solo de un gesto personal, alejado de la posición institucional, ya que según Romero, RENIEC se ha dedicado a apelar furiosa y sistemáticamente cualquier resolución sobre el cambio de nombre de las personas trans. “El RENIEC podría haber acatado la resolución y usado la jurisprudencia para otros casos de reconocimientos de matrimonios en otros países”, concluye Romero al respecto.

En cuanto al Decreto Legislativo que incluye la orientación sexual y la identidad de género como agravantes a los delitos de discriminación, Romero Infante considera que es un gran avance que debe ser plasmado en planes específicos, en entrenamientos a la Policía Nacional del Perú para que registre e investigue adecuadamente estos delitos, en que los fiscales y jueces persigan los crímenes de odio. Es decir, nuevamente, el decreto legislativo, la norma, es el primer paso para garantizar la protección de los derechos de las personas. Además, es importante que esta ley de pie a políticas públicas que no solo sancionen los crímenes de odio, sino –y más importante aún- los prevenga.
El activista llamó nuestra atención también sobre la posible derogación de este decreto, ya que se trata de una Ley dada por el Ejecutivo en el marco de una delegación de facultades de parte del Congreso. Es decir, podría ser el mismo Congreso el que derogue dicha ley apelando a algún argumento de inconstitucionalidad o señalando que dicha modificación no se encontraba dentro del marco de la delegación de facultades. Es importante entonces, que el país entero esté vigilante del accionar del Congreso en las próximas semanas o meses.
La Norma Técnica sobre la atención a mujeres trans significa un avance “limitado”, según las palabras de Giovanny Romero. Una norma que pone por escrito lo que se ha venido realizando en el centro de salud Alberto Barton, en el Callao, pero que limita el entendimiento de lo que debe ser la respuesta del Estado frente a la realidad que viven las mujeres trans, los altos índices de discriminación, violencia y VIH.
Cabe mencionar también que la implementación de la norma, que ya ha entrado en vigencia, se dará de acuerdo a los recursos y capacidades del sistema de salud en sus diferentes niveles. Esto, aunque obliga al Estado a hacer “algo”, no establece mayores exigencias en el corto plazo.
Finalmente, al referirse a la Mesa de Trabajo impulsada por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, Romero señala que esta debe ser un espacio en el que se discutan y se plasmen políticas públicas, que además obliguen a los demás sectores a participar, a diseñar planes, a dotar de presupuesto las actividades y a monitorear el impacto de las mismas.
Las impresiones de Giovanny Romero parecen aguarnos un poco la fiesta y la celebración, mientras nos dan una dosis de realismo y nos exigen remirar el panorama para que la resaca de las celebraciones no nos dejen en la inacción.
Se han dado algunos pasos, pero hacen falta muchos más, y el movimiento por los derechos de las personas LGTBI debe pensar en una articulación estratégica que nos lleve a la consolidación de estos pequeños avances hacia el pleno respeto de la dignidad.