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Personas privadas de la libertad en Colombia enfrentan grave situación médica

Los establecimientos penitenciarios en Colombia enfrentan una dura crisis en cuanto a atención sanitaria. Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que muchas personas privadas de libertad no reciben sus antirretrovirales desde hace varios meses.

Por Jairo Ordoñez.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo publicado el pasado 18 de julio, 7.300 internos en 23 establecimientos penitenciarios de Colombia carecen de cualquier tipo de atención médica. El informe también señala que de 20.945 procedimientos solicitados por pacientes privados de la libertad, solo han sido autorizados 8.531, lo que implica que casi el 60% no han sido atendidos.

Interior de la Cárcel Modelo en Bogotá (Imagen: Cortesía periódico El Tiempo).

Más preocupante aún resulta que en 84 establecimientos (de 132 examinados), no se entregan medicamentos y que en 109 se incumple con el suministro de insumos médicos, hospitalarios y odontológicos.

La Defensoría pudo establecer que únicamente hay un médico por cada 797 internos, no hay responsables de las farmacias, y ni siquiera existen auxiliares que manejen los archivos de las historias clínicas

Personas Viviendo con VIH

La crítica situación hospitalaria se agrava para las personas que viven con VIH debido al hacinamiento y a la dificultad de contar con una atención oportuna y constante.

Uno de los casos más notorios es el de una cárcel de Sincelejo, al norte del país, donde hace 8 meses no se entregan antiretrovirales.

Por otro lado, en la cárcel Modelo de Bogotá, a los 45 hombres que han sido oficialmente reconocidos como personas viviendo con VIH hace meses no se les entregan antiretrovirales, ni han tenido citas de control con el infectólogo.

La situación es similar en la cárcel para mujeres El Buen Pastor de Bogotá, donde hace dos meses que no se hacen las respectivas entregas de medicamentos a las reclusas con VIH.

Personas enfermas de cáncer y diabetes padecen condiciones de atención similares, por lo que el defensor delegado para la política criminal, José Manuel Díaz, durante la presentación del informe declaró: “La situación es de alta gravedad si se tiene en cuenta que son enfermedades de alto riesgo”.

Es imperante que el Estado colombiano actúe y se brinde una atención médica adecuada, a la vez que se combata el hacinamiento que puede provocar contagios de influenza, tuberculosis y otras enfermedades de fácil transmisión que pueden deteriorar gravemente la salud de los internos, particularmente la de aquellos que requieren medicamentos y controles constantes.

País: Colombia

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