Hablemos de PrEP, hablemos de propiedad intelectual

Desde el año 2012, cuando la FDA de los Estados Unidos, la agencia que se encarga de autorizar los medicamentos, aprobó la combinación de tenofovir disoproxil fumarato y emtricitabina (TDF + FTC) para la profilaxis pre exposición, la mirada sobre las estrategias de prevención se volcaron hacia esta nueva tecnología médica, conocida por su nombre comercial como Truvada®.

La discusión sobre las mejores estrategias para difundir y promover el uso del condón perdieron fuerza y muchos grupos científicos y comunitarios reclamaron el acceso a este prometedor medicamento.
Dejaré de lado la discusión de cómo la medicalización de la prevención podría hacernos perder de vista la importancia de continuar trabajando en el respeto de los derechos humanos de los hombres gais y otros hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trans y las trabajadoras sexuales en América Latina; tampoco retomaremos algunas de las críticas que se expusieron en el Seminario de Políticas de Acceso a Medicamentos y Derechos Humanos realizado en Río de Janeiro esta semana respecto de cómo la respuesta al sida se ha biomedicalizado y se continúa en este camino. Por ahora, solo seguiré un poco la corriente y me centraré en la discusión sobre qué hace falta para lograr el acceso a la profilaxis pre exposición, conocida por el mundo como PrEP.
En América Latina –y en el mundo- hay todavía mucho recelo para discutir políticas que planteen el acceso a la PrEP como parte de los derechos a la atención en salud de las personas. Por un lado, existe la percepción de que por tratarse de una tecnología de prevención orientada a “dejar hacer”, a proteger el sexo libre, podría haber sido estigmatizada. Pero también existe otra barrera tangible: es cara.
Según Adele Schwartz Benzaken del Departamento de ITS, sida y hepatitis virales de Brasil, luego de varios estudios de factibilidad de la provisión de PrEP a través del sistema público, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) está a punto de otorgar el registro sanitario a Truvada® para el uso en prevención. El paso siguiente será preparar los servicios para su provisión y, más adelante, monitorear y evaluarla.

El camino, sin embargo, no sería tan sencillo, al menos no para las arcas del Ministerio de Salud, ya que el precio alcanzado en negociación con Gilead, empresa farmacéutica productora de dicho medicamento, ronda los 300 dólares mensuales. El poder de la farmacéutica recae en una solicitud de patente que aún no ha sido concedida, que tiene varios años en examen y se encuentra dentro del plazo de apelación.
A pesar de ello, Brasil ha asumido el compromiso de iniciar PrEP como política pública, sin dejar de lado la necesidad de cuestionar la patente de Truvada® y buscar el acceso a medicamentos genéricos de bajo costo, con miras hacia la universalidad del acceso y la sostenibilidad, que a los precios actuales sería imposible, según Schwartz.
En esa línea, la Asociación Brasilera Interdisciplinaria de sida (ABIA) y el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual (GTPI) tienen en marcha una campaña para liberar Truvada® de este entrampamiento por la patente. Ya desde 2010, ABIA interpuso una oposición a la solicitud de la patente, ya que ambos componentes -el TDF y la FTC- eran de dominio público.
En la actualidad, las presiones desde sociedad civil están orientadas a lograr el acceso a versiones genéricas de dicha combinación, que en el mercado mundial pueden llegar hasta 4 dólares por tratamiento mensual, según el último reporte de Médicos Sin Fronteras.
En muchos de nuestros países el acceso a Truvada® es frenado por la misma empresa farmacéutica, que inicialmente intenta postergar su registro y, acto seguido, ofrece el medicamentos a precios extorsivos.