En enero de 2015, y tras varios años de elaboración y socialización, las organizaciones de la sociedad civil presentaron en El Salvador un anteproyecto de ley de respuesta integral al VIH. Este anteproyecto contó con el aval de diversos sectores, incluidos el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional Contra el Sida, que crearon una subcomisión para la revisión del mismo.
La propuesta tipifica la discriminación hacia las personas con VIH como falta grave y crea, institucionaliza y descentraliza la Comisión Nacional de Respuesta Integral al VIH (CONAVIH), el cual deberá ser un ente multisectorial e independiente con recursos asignados por el Estado salvadoreño.
Este último punto no fue del agrado del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional Contra el Sida, por lo que, en febrero de 2016, optaron por presentar otro anteproyecto de ley modificado, tomando como base el anteproyecto de la sociedad civil pero con cambios sustanciales.
“El hecho de que el MINSAL haya presentado de manera aislada un nuevo anteproyecto demuestra muy claramente la falta de voluntad por realizar un trabajo coordinado, y se evidencia que prevalece la defensa de sus intereses y su ideología, pues el anteproyecto que ha presentado es de contenido y enfoque salubrista nuevamente; han descartado la posibilidad de la creación de la CONAVIH como un ente autónomo porque solo ven el aspecto económico”, afirmó Dora Estela Rivera, directora de Derechos Humanos de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, organización integrante del equipo promotor de la nueva ley de VIH.
Uno de los cambios incluidos en la propuesta del MINSAL es considerar la discriminación hacia las personas con VIH como una falta leve. Sobre la CONAVIH, proponen que esta sea una “entidad adscripta al Ministerio de Salud”, según el art. 73 del anteproyecto.
Esa adscripción es considerada por la sociedad civil como un retroceso: “La ley vigente dice que CONASIDA es un ente asesor, y lo que las organizaciones de la sociedad civil proponemos es que se avance en darle independencia a CONASIDA en cuanto a autonomía técnica y financiera; pero prácticamente quitan todo ese elemento de la composición actual… El problema ahí es que la sociedad civil no tiene correlación, no tendríamos mayor incidencia”, manifestó Francisco Ortiz, director de FUNDASIDA en una entrevista a un diario local.
Ambos proyectos han sido presentados en la Asamblea legislativa, pero la propuesta de la sociedad civil, de 2015, debido su naturaleza fue inicialmente enviada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La propuesta del MINSAL, de 2016, fue enviada a la Comisión de Salud. Tres meses después, la propuesta de la sociedad civil fue reorientada a la Comisión de Salud.
Esta acción por parte del ejecutivo preocupa a las 14 organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la Mesa Temática de Derechos Humanos y VIH, y apoyadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes han iniciado acciones de incidencia política y concentraciones frente a la Asamblea Legislativa para mantener el tema en la agenda y lograr la aprobación de una ley que responda a las necesidades de la población.
“La sociedad civil no para de trabajar arduamente por defender su propuesta, ya que en ella se plasma la respuesta a las limitantes de cada una de las experiencias de los casos que han conocido. Continuamos en un trabajo coordinado y conscientes de que los esfuerzos se deben realizar en conjunto; a una sola voz y fuerza; pretendemos continuar luchando por lo que consideramos es una propuesta objetiva con un enfoque de derechos humanos. Creemos firmemente que ya es tiempo de trascender de lo salubrista a lo integral”, sostuvo Dora Rivera.
Aún no se tiene claridad respecto si ambos anteproyectos serán consolidados en uno solo o si se discutirán por separados en la comisión; de cualquier forma, las organizaciones de sociedad civil continuarán con su trabajo de incidencia pública y política para lograr que la ley esté basada en el pleno respeto de los derechos humanos.
El Salvador 
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