El Congreso Nacional de Honduras aprobó con 54 votos del partido nacional de Honduras (actual gobierno) a favor las reformas en artículos claves que garantizaban y resguardaban derechos humanos de la población.
Uno de los artículos que ha generado controversia y preocupación en sociedad civil es la adición de dos párrafos al artículo 335.
Aunque algunos sectores celebraron que a través de las reformas se califique de terroristas a las pandillas (o maras), la ambigüedad del texto permitiría también la persecución de defensores de DDHH. “(…) cuando el propósito de dicho acto o evento, por su naturaleza o contexto, sea el de intimidar o causar estado de terror en la población, o de obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto”. Estas líneas, en particular, han generado debates dentro de la sociedad civil, ya que según algunos analistas del derecho, estas quedan establecidas de una forma vaga, lo cual deja una brecha sobre cómo se aplicará la Ley.
“Ante estas reformas, a la sociedad civil nos toca ser creativos en cómo hacer incidencia y cómo buscar los escenarios idóneos para seguir con nuestro trabajo como activistas de los derechos humanos; por ejemplo, el Sistema de Vigilancia de violación de derechos humanos de personas con VIH y poblaciones clave (SIVIDEH) puede ser una salida factible, ya que con la evidencia de cómo estas reformas pueden llegar a entorpecer procesos legales ante denuncias realizadas por la población, se puede impugnar (la reforma)”, expresa Ana María Pineda, representante de la organización Casa Aurora y activista por los derechos humanos de personas con VIH en Honduras.
Hace un año, Corresponsales Clave publicó una nota que recogía la preocupación de algunas organizaciones de la diversidad sexual y de personas con VIH sobre posibles reformas en el Código Penal en relación a otro artículo, el 321, que penaba todo acto de discriminación que ilegalmente obstruya o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos por motivos de sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, (…) que atente contra la dignidad humana de la víctima. Aunque hasta el momento se sabe que no se ha hecho ningún cambio al artículo, como el tratamiento de las reformas se han hecho en secreto, se teme que hayan otros cambios.
Con estas preocupaciones en mente, desde ya, la Asociación de jueces por la democracia (ASJ) está llevando a cabo la difusión de la “Ley de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia” a grupos de la diversidad sexual, mujeres, comunicadores, operadores de justicia, entre otros.
“Existe una necesidad de socializar y presentar la Ley a estas poblaciones, una ley que fue aprobada en el 2015 y que no se difundió de manera adecuada para entrar en funciones y proteger a las poblaciones que ampara”, comenta a Corresponsales Clave Heidy Alachán, representante de la ASJ, quién además relata cómo la ASJ, que forma parte de la “Coalición contra la impunidad”, busca fortalecer las capacidades de la población para utilizarla como la herramienta formal de protección que es.
“Ya lo decían los organismos como Global Whitnees, que Honduras es de los pocos países que cuentan con un documento de esta índole, por lo que se vuelve importante, en ese sentido, conocerla y aplicarla”, resalta Alachán.
No obstante, Alachán también teme las contrariedades que podrían verse ahora con las reformas penales que el gobierno ha impulsado, ya que Honduras es de los países más peligroso para ser defensor o defensora de los derechos humanos, ahora más, al existir leyes ambiguas y poco claras que pueden llegar a perjudicar las movilizaciones y las acciones de sociedad civil ante una violación de derechos.
Hablar sobre las reformas legales en Honduras y como podrían tener un impacto, incluso en la elaboración de notas como estas, nos obliga a ser creativos y creativas para mantener nuestra voz y la defensa de los derechos humanos en alto.
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