Como diría Marco Antonio Solís, “otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado; algo hemos aprendido y algo hemos olvidado”. El 2013 llega cargado de retos y desafíos: por un lado, tenemos que completar las asignaturas pendientes del año pasado, y por otro, enfrentar lo que trae este año que promete, por el contexto socio económico de nuestro país, ser un verdadero revolú.
El 2012 finalizó con noticias positivas: una, el lanzamiento de la campaña “Que no nazca un niño más con VIH” y dos, la buena nueva de que el gobierno dominicano destinará 79 millones de pesos para la compra de medicamentos antirretrovirales y 55 millones para las pruebas de carga viral y CD4, como una forma de cubrir el déficit creado por la reducción del financiamiento del Fondo Mundial.
Sin embargo, según varios especialistas en materia de VIH, el 2013 nos plantea importantes desafíos a los que el Estado y la sociedad civil deben responder con urgencia en los primeros seis meses del año. Para Fior D’Aliza Alcántara, psicóloga social, quien trabaja en VIH desde hace mas de diez años, el mayor reto que tiene el Estado dominicano es la inclusión de las personas viviendo con VIH o SIDA en el sistema de seguridad social. En su opinión, esta es la única garantía real de que el Estado será ciento por ciento responsable de la atención y tratamiento de estos pacientes.
En mi última nota del año 2012 dediqué una parte importante a expresar mi preocupación respecto a esta iniciativa, específicamente en relación a una posible violación de la privacidad y confidencialidad de las personas viviendo con VIH o SIDA (ver artículo anterior), así que aproveché la oportunidad para preguntarle a la licenciada Alcántara su parecer al respecto. “Que las personas que viviendo con VIH o SIDA entren dentro del régimen nacional de seguridad social implica que tengan un carnet para identificarse y recibir atención y tratamiento, asimismo los antirretrovirales. Claramente esto supone que ellos y ellas serán evidentes, pero esto solo será frente al sistema de seguridad social, no así para la población en general”, expresó.
En este mismo sentido consultamos al Sr. Ramón Acevedo, asesor de la Junta Directiva de la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH (REDOVIH), quien se sumó a esta opinión, citando como principal reto del 2013 el abastecimiento de los medicamentos antirretrovirales a través del Sistema Nacional de Seguridad Social, lo que implica reformular o eliminar el literal N del artículo 17 del Reglamento del Seguro Familiar de Salud que impide el abastecimiento y/o cobertura de estos medicamentos a través de la seguridad social.
Además, Acevedo plantea como un desafío que el Estado asuma su rol como principal actor financiero de la respuesta nacional al VIH y SIDA, por lo que valora como positivo que el gobierno dominicano destinará 79 millones de pesos para contribuir al financiamiento de la respuesta nacional, aunque destaca que la propuesta inicial era de 140 millones.
Otro reto importante es el referido a la controversial Ley de VIH/SIDA 135-11 y sus artículos 78 y 79. Fior D’Aliza Alcántara considera importante la revisión de estos artículos mediante un debate público donde cada uno de los sectores de la vida nacional puedan expresarse y ser escuchados. No obstante, destaca que “cuando hablamos del ejercicio de la sexualidad, la responsabilidad es absolutamente individual y cada persona debe ser responsable de las decisiones que toma”. Indicó además que hay otros retos importantes, como es la construcción de un sistema nacional de monitoreo debidamente articulado que posibilite tener claro todo lo que se realiza en materia de VIH y SIDA a lo largo y ancho del país.
Es evidente que la mayoría de los desafíos para este 2013 han sido causa de fuertes preocupaciones y de varios artículos en años anteriores. Esperamos que finalmente logremos concretar algunos de los cambios estructurales necesarios dentro del sistema nacional que nos permitan avanzar. El tema financiero es una preocupación latente que amenaza con desestabilizar todo el engranaje de la respuesta nacional al VIH y SIDA, pero si el Estado asume su rol, quizás y solo quizás, estemos a punto de saltar el principal obstáculo para garantizar, al menos, la continuidad de las iniciativas y programas de tratamiento, atención y prevención del VIH y el SIDA en la República Dominicana.
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