El 30 de septiembre se llevó a cabo un webinario en el que se expusieron los resultados de la encuesta sobre vacunación contra el COVID-19 a personas con VIH que llevó a cabo el Equipo de Corresponsales Clave y COVID y VIH. Entre los resultados resalta el excelente trabajo de la sociedad civil organizada y diferentes aspectos a fortalecer por parte de los servicios sanitarios de los países de la región.
Alejandra Corao, directora interina de la Oficina Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, brindó un panorama general sobre el COVID-19 en la región y la vacunación de personas con VIH. Al respecto retrató lo sabido, América Latina y el Caribe (LAC) siguen siendo el epicentro de la pandemia con 5 de los 10 países con más contagios y muertes en el mundo (Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Colombia). En sus palabras “en América Latina y el Caribe seguimos estando en el 2020” , la mitad de los casos mundiales de 2021 se están dando en LAC.
Corao mencionó que según un importante estudio de noviembre de 2020 las personas que viven con VIH presentan un 38% de riesgo de hospitalización y 23% riesgo de muerte al contraer COVID-19, constituyendo una población clave en la respuesta a la pandemia, por lo que los estados deben priorizar el acceso a las vacunas para este grupo. Con este criterio cumplen los ministerios de Salud de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Países como Brasil, Uruguay, Republica Dominicana están aplicando terceras dosis a estos grupos, mientras que Bolivia, Colombia y Panamá estudian la posibilidad de un tercer refuerzo de la vacuna para su población. En Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua no existen datos disponibles.
En este escenario Javier Hourcade Bellocq, activista y editor responsable de Corresponsales Clave, expuso los resultados del cuestionario sobre la experiencia de vacunación de personas con VIH, haciendo piel las estadísticas sobre la temática en la región. Esta encuesta fue respondida por 824 personas que viven con VIH (se excluyen a personas que respondieron la encuesta que no vivían con VIH).
Abriendo su intervención Hourcade mencionó “o nos salvamos todos o no se salva ninguno” al hablar de la necesidad de tener mayor acceso a las vacunas para la población con VIH. En función de lo reportado, la mayoría de las personas estaba vacunada con dos dosis (62%), un 20% solo tenía una dosis y un 17% no había tenido acceso a la administración de ninguna dosis. Un aspecto interesante es que la mayoría de las personas consultadas (67% ) tenía toda información sobre los detalles de las vacunas. Esto puede tener que ver con la exposición de estas personas al área médica y al trabajo de difusión de activistas y sus organizaciones.
Así mismo, un 50% reportó demoras adicionales para acceder a una segunda dosis y un 55% no accedió a ningún apoyo de consejería COVID-19, VIH y vacunación.
Otro matiz interesante fue que si bien los países mencionados antes priorizan de manera explícita a las personas que viven con VIH en sus planes de vacunación, la implementación a nivel nacional presenta enormes fallas, representando una cobertura del 30% en las capitales y solo un 10% en el interior de estos países. Lo que deja expuesta a personas que viven en regiones con mayores barreras de atención sanitaria general y representa un riesgo enorme para las personas que viven con VIH fuera de las metrópolis urbanas.
Entre los requisitos que se solicitan en estos países para acceder de forma prioritaria a la vacunación, más del 48% de las personas mencionó que no le pidieron ninguna documentación, al resto (52%) se les solicitó algún aval sobre su condición serológica (certificado, declaración verbal, entre otros). Este aspecto representa una enorme barrera para el acceso a la inmunización de las personas que viven con VIH, debido al estigma y la discriminación a la que pueden ser sometidas al revelar su condición. Un dato que respalda esta afirmación es que el 38.75% de las personas que reportó tener en su país un pase prioritario a la vacuna, no recurrió a los centros destinados para esto para no tener que mencionar que vive con VIH.
En lo referente a los centros de salud y sus profesionales, la encuesta mostró que solo un 62.32% de las personas encuestadas consideran que sus médicos y médicas tratantes promueven la vacunación entre quienes viven con VIH. En esta línea las personas respondieron que las autoridades y profesionales de salud reconocen el riesgo de las personas que viven con VIH, pero no que han tomado acciones concretas para dar una respuesta al respecto (más de 40%), un 20% sí ha focalizado sus políticas y más de un 30% de los países o no han tomado acciones o las personas no conocen si lo han hecho.
Con respecto a la incidencia de las agencias de Naciones Unidas como la OPS y ONUSIDA en las autoridades sanitarias de los países de la región, las personas respondieron en su mayoría que no saben (53.24%), mientras que un 25.5% reportó que dichas acciones no se están llevando a cabo. Solo un 20.02% afirmó que los programas de sus países tomaban como referencia las acciones recomendadas por las multilaterales.
De estos resultados Corao resaltó como aspecto a rescatar el excelente trabajo de la sociedad civil organizada que fue clave durante estos meses de la pandemia y lo sigue siendo en la actualidad y que, en buena parte, se centraron en atención humanitaria, como acceso a alimentos, para las poblaciones clave. Como nota gris, mencionó que las instituciones del sector salud y sus abordajes de alguna manera anacrónicos y en algunos casos “antivacunas”, pueden ser una barrera adicional para las respuestas estatales al COVID-19.
Los aspectos a fortalecer por parte de los Ministerios de Salud de los países, en función de lo expuesto por Corao, son la vigilancia de las posibles contraindicaciones de las vacunas, la confidencialidad que tiene que estar asegurada para las personas con VIH y el mejoramiento de los planes de seguimiento.
También mencionó que, aspectos clave para hacer frente a esta pandemia y a otras son 1) la reforma de la Propiedad Intelectual que garantice el acceso a las tecnologías y avances para todas las personas; 2) un mayor financiamiento de capacidades de producción de vacunas en países en ingresos medios y bajos y 3) vías seguras para el acceso a Antirretrovirales y vacunas para el COVID-19.
Para cerrar, Hourcade hizo mención a que todavía existen enormes “brechas en el acceso, en tiempo y forma, de las vacunas para las personas con VIH tanto en el sistema comunitario como en los sistemas de salud y sus servicios”.
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