Por Julio Magaña.
Según la Guía Clínica para la atención integral en salud de las personas con VIH, aprobada en diciembre de 2014, las pruebas de seguimiento de Carga Viral y conteo de linfocitos CD4 y CD8 son importantes para monitorear la condición inmunológica y virológica de la persona con VIH. En estos momentos, El Salvador no puede cumplir con las recomendaciones de la Guía ya que atraviesa un desabastecimiento –aunque las voces oficiales hablan de disponibilidad limitada- de insumos para realizar dichas pruebas.
Mediante un seguimiento realizado a finales del mes de octubre por organizaciones de sociedad civil que pertenecen a la Mesa Temática de VIH y Derechos Humanos, con acompañamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se constató que -a la fecha- no se realizaban pruebas de seguimiento en cuatro hospitales de la red nacional donde hay clínicas de atención integral a personas con VIH.
La situación parece haber estado instalada desde hace varios meses, ya que en abril de este año, a través de un memorándum, el Programa Nacional de ITS/VIH-sida comunicó a todas las clínicas de atención integral a personas con VIH que se habían realizado cambios en la gestión para la adquisición de productos de salud del Programa, que impactarían en la compra de reactivos para el conteo de CD4 y CD8, por lo que se inició un periodo de restricción para la indicación y procesamientos de dichas pruebas y las de carga viral.
La comunicación sugería optimizar las existencias y priorizar las pruebas de ADN PROVIRAL a todos los niños y niñas recién nacidos y menores de un año expuestos, de acuerdo a la guía clínica antes mencionada; así como la toma de Carga Viral a embarazadas y casos especiales.
A partir de este año, el Estado debió asumir el 30% del presupuesto dedicado al diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, pruebas confirmatorias y de seguimiento para las personas con VIH, dinero que anteriormente era provisto por el Fondo Mundial para el sida, la tuberculosis y la malaria. Según la coordinadora del laboratorio clínico del Programa de VIH, Lisette Ruiz, es la primera vez que el gobierno asume estas adquisiciones. “Ahora el Fondo Mundial apoya con 70% y nosotros aportamos con el resto”, dijo Ruiz.
Las restricciones, según la profesional, se deben a que el gobierno está realizando un proceso de compra demasiado prolongado, en el que tiene que cumplir lineamientos de oferta y demanda que sean competitivos, transparentes y ajustados a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Es preciso señalar que el país no cuenta con fondos disponibles para la compra de reactivos para lo que queda del presente año y los recursos del Fondo Mundial llegarán en enero del 2016.
Para representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la respuesta nacional al VIH esta situación es preocupante, principalmente porque no es la primera vez que la descoordinación y falta de planificación del Ministerio de Salud afecta a cientos de personas con VIH que requieren pruebas de seguimiento. Para Dora Estela Rivera, directora de Derechos Humanos de Asociación Atlacatl Vivo Positivo, se está vulnerando el derecho humano a la atención en salud de personas con VIH.
Hace un año, en el marco de la Caminata por la VIHda, Ana Isabel Nieto, coordinadora del Programa de VIH, dijo que el país no podía depender tanto de la cooperación externa, y que, precisamente por eso, se habría asumido el compromiso de invertir recursos públicos en la compra de los medicamentos y se iría ampliando el financiamiento para asumir también los reactivos y pruebas. Desafortunadamente sus palabras aún no se han convertido en realidad.
Para Jaime Argueta, Jefe del Departamento de VIH y Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es necesario que el Programa de VIH tenga un plan de acción para realizar los exámenes a todas las personas con VIH que no accedieron a ellos por el desabastecimiento, ya que sirven de parámetro para los médicos tratantes para realizar acciones inmediatas, decidir un posible cambio de medicamentos y evitar enfermedades oportunistas. Según Argueta, la falta de pruebas de seguimiento podría contribuir a incrementar el número de muertes a consecuencia del sida o perjudicar la salud de las personas con VIH de manera significativa.
El Estado tiene la obligación de prever estas situaciones y realizar acciones encaminadas a guardar la vida de las personas con VIH de acuerdo a los compromisos internacionales adquiridos. El seguimiento de las personas con VIH a través de las pruebas de CD4 y Carga Viral constituye uno de los pilares para las metas 90-90-90, que pretenden alcanzar una supresión viral del 90 por ciento de las personas que reciben tratamiento. Sin pruebas, no podemos saber si estamos haciendo bien las cosas.
El Salvador 
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