Esta semana, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la Ley Nacional de SIDA número 40, bajo el título “Marco Jurídico para el abordaje de las infecciones de transmisión sexual y del Virus de la Inmunodeficiencia Humana”. Tan sorpresiva fue su aprobación como su corrección. Del texto de la norma se ha sacado la gran mayoría de las cuestiones que fueran objeto de denuncia desde la Sociedad Civil Unificada, Corresponsales Clave y las redes regionales. Ver artículos anteriores sobre la temática en estos vínculos (link, link, link). Este resultado es, sin lugar a dudas, una victoria de la Sociedad Civil y el asesoramiento técnico de algunas Agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Un breve análisis
En el artículo 32 de la ley aún se hace referencia a cuestiones de corte más confesional religioso y moral que sobre las evidencias científicas, se sigue promoviendo en campañas y la currícula educativa la promoción del retardo de las relaciones sexuales. Sin embargo, se retiró el lenguaje sobre la abstinencia y hay una más clara referencia a la promoción del condón. En el artículo 39 se hace referencia al uso de intervenciones de “reconocida efectividad” que -asumimos- hace referencia a acciones basadas en las evidencias, como por ejemplo la Prevención Combinada.
En relación con las personas privadas de la libertad, se ha mejorado el lenguaje sobre los servicios que se deben proveer intramuros, aun cuando persiste el artículo sobre el “estado terminal”, reconociendo que en la cárceles panameñas es altamente probable que una persona VIH positiva evolucione en la enfermedad y muera.
Llama mucho la atención el artículo 63 en el que se detalla la responsabilidad de la sociedad civil en una larga lista de acciones que deberían emprender. Esto es preocupante, pues una norma nacional pretende prescribir lo que el tercer sector debe realizar, condiciona el accionar de las Organizaciones No Gubernamentales, cuando se queda corta en las responsabilidad de otros sectores.
Sobre la voluntariedad y confidencialidad de las pruebas, en todos los ámbitos, ésta se encuentra protegida por una serie de artículos y esto es un resultado claro que la norma fuera modificada en función de una de las principales preocupaciones de la sociedad civil panameña que reflejáramos hace unos meses.
Una gran omisión y oportunidad perdida es que la ley no dice nada sobre la situación de las personas migrantes que sean VIH positivas y que, como hemos denunciado, resulta en la actualidad como causal de deportación, por considerarlas una amenaza pública. Esperamos que esta situación que viola los derechos y contradice acuerdos internacionales, sea resuelta por una norma menor como una resolución o decreto del ejecutivo, de quién depende la oficina nacional de las migraciones.
La sociedad civil no está dormida
El caso de la Ley de Panamá es un ejemplo emblemático que la Sociedad Civil no está dormida y que puede movilizarse en diferentes espacios nacionales e internacionales para denunciar la ley, a la vez de seguir participando en los espacios multisectoriales responsables del desarrollo de la ley. El gobierno panameño escuchó y eso es mérito de estas organizaciones y activistas.
Algunas redes regionales, en particular de Poblaciones Clave, se movilizaron dentro y fuera del país para apoyar las acciones necesarias para frenar un proyecto de ley altamente dañino. Otras redes u organizaciones regionales se mantuvieron en silencio demostrando baja responsabilidad y poca relevancia, quizás por el hecho de su conformación prácticamente unipersonal. Es tiempo, del tan demorado debate sobre qué es una red regional y qué grado de rendición de cuentas debe tener con cualquiera que sea su membresía o constituyente. Si no seguirán siendo sellos que solo benefician a quienes dicen ostentar su representación y que solo sirven para asegurar viajes y una participación (y representación cuestionable) en determinados espacios internacionales.
Pero lo importante es el resultado: una mejor Ley sobre sida, que lejos de ser perfecta es menos perjudicial que los anteriores proyectos. Ahora, la sociedad civil debe observar de cerca su implementación.
Mientras tanto, el gobierno panameño debe poner “las barbas en remojo” porque desde hace tiempo están sucediendo desabastecimientos de antirretrovirales que son denunciados por las personas con VIH de éste país
El proyecto de ley aprobado se encuentra disponible en este vínculo.
Que contradicción, la llamada Sociedad Civil unificada pública hoy un comunicado contra la ley 40. Que unificados están? Bahhh