Interrupción de la terapia antirretroviral, suspensión de los controles de carga viral y CD4 y sufrir en silencio enfermedades oportunistas son problemas comunes que enfrentan las comunidades GLBT y las personas que viven con VIH privadas de la libertad que intentan evitar la discriminación y el estigma.
Entre 2015 y 2017, la organización de base comunitaria ASUNCAMI, con el apoyo de la Fundación CONSTRUIR, realizó una investigación en recintos carcelarios de siete ciudades de Bolivia, recopilando testimonios de personas que están expuestas a sufrir por el estigma y discriminación a causa de su condición serológica o por su orientación sexual.
La investigación publicada en el libro “Miradas Libres” muestra, en primera persona, los relatos de personas que viven con VIH y personas de la población trans, gay y bisexual, obtenidos en entrevistas cualitativas en los propios recintos penitenciarios de las principales cárceles de Bolivia.
Un primer hallazgo señala que resulta peligroso dar a conocer el diagnóstico VIH positivo ya que las autoridades policiales encargadas de la seguridad así como los propios reclusos se encargan de profundizar la discriminación y el estigma. En un caso, incluso se llegó al extremo de aislar completamente a una persona con VIH en el sector destinado a animales. Por ese motivo, es común esconder el diagnóstico de VIH aunque ello signifique renunciar a los servicios de salud y el tratamiento antirretroviral.
Quienes informan de su condición a los médicos del recinto carcelario no tienen mejores condiciones que el resto porque -hasta hoy- las personas con VIH deben salir del penal solicitando una orden judicial cada vez que necesiten realizar sus controles de carga viral y otros exámenes en el único centro de salud de su ciudad que tiene a su cargo el Programa ITS/VIH-SIDA. En estos casos, el propio privado de libertad debe solicitar un custodio policial para la salida y correr con los gastos que demande ese traslado. El costo de dicho trámite varía, ya que además de los memoriales firmados por abogado ante el juez, se debe gastar arriba de 200 bolivianos, unos 30 dólares.
Ricardo Cordón, investigador principal del estudio, explica que el drama no concluye allí, pues a su retorno el policía custodio debe informar a sus superiores el detalle de su salida, con lo que se vulnera la confidencialidad de su condición serológica. Luego son los propios policías quienes difunden el diagnóstico de la persona que salió para sus controles de salud.
Beatriz Vargas, una de las investigadoras de campo manifiesta “… nos han pedido que pasemos por familiares o amigos, porque si se enteran de su diagnóstico VIH, los entrevistados temen aparecer muertos, sin que nadie pueda ayudarlos”.
No hay garantías para gais y trans, ni siquiera en el proceso judicial
Ser gay en la cárcel tampoco se puede revelar porque la población carcelaria tiene elevados índices de violencia, se recurren a golpes y tratos denigrantes cuando se conoce que una persona es gay, incluyendo las violaciones múltiples de parte de los propios privados de libertad y del personal policial.
En los estrados judiciales la situación también está marcada por el estigma y la discriminación. Los operadores de justicia que anteponen sus creencias religiosas o posiciones morales, antes que el derecho positivo y las declaraciones de derechos humanos, llegan a penalizar indirectamente la orientación sexual diferente tanto para la realización de audiencias, autorización de salidas o asistencia de la Defensa Pública.
El estudio logró documentar historias de abandono de parte de abogados de la Defensa Pública al enterarse del diagnóstico de sus defendidos o de la orientación sexual de los mismos. Así como el dramático caso de mujeres trans obligadas a vestirse como hombre para asistir a sus audiencias judiciales. El trabajo también cita testimonios de compañeros de celda de personas fallecidas en la cárcel por enfermedades oportunistas, entre las que la tuberculosis es la predominante.
Los expedientes judiciales y los registros policiales nunca documentan estas situaciones de discriminación, pero la investigación consiguió recoger testimonios gracias a que los investigadores que ingresaron a las cárceles fueron entrevistadores pares, ante quienes los privados de libertad accedieron a contar sus historias.
Al tratarse de un estudio cualitativo, el documento no presenta cifras, pero sí recoge muchos testimonios. “En el caso de vulneración de derechos, un solo caso es importante, y (en el estudio) tenemos más de 30 casos documentados”, indicó Cordón.
El estudio “Miradas Libres” plantea una reflexión sobre la vulnerabilidad social, jurídica y de salud, de la población que vive con VIH privada de la libertad, que se traduce en situaciones de estrés generadas por las demoras de los procesos judiciales (70 % de los detenidos no tiene sentencia), el temor a la exclusión de parte de la población carcelaria y la interpretación prejuiciosa de sus derechos a partir de operadores del sistema judicial y penitenciario.
A partir de la evidencia recogida, ASUNCAMI ha iniciado un trabajo de incidencia política con el objetivo de obtener un protocolo de manejo de privados de libertad que viven con VIH, a fin de garantizar un procedimiento oficialmente aprobado por la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario que asegure la atención y protección a la salud de las personas viviendo con VIH que ocasionalmente se encuentran privadas de libertad.
Si quiere conocer más del estudio, puede encontrarlo aquí. https://asuncami.org/descargas/
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