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Sociedad civil de América Latina se organiza para exigir el acceso universal a las vacunas contra el COVID-19

La sociedad civil latinoamericana sostiene una postura basada en los derechos humanos frente a las diferentes aristas en el manejo global de las tecnologías médicas relativas a la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19, que se traduce en el apoyo a la propuesta del waiver en la OMC y una posición crítica frente a otros mecanismos de apoyo.

En octubre de 2020 la India y Sudáfrica propusieron ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el waiver que invita a suspender temporalmente, hasta que se haya superado la pandemia de COVID – 19 y tengamos acceso a las vacunas de forma universal, ciertas protecciones de los Derechos de Propiedad Intelectual contenidos en los acuerdos internacionales (ADPIC)  respecto a las tecnologías médicas relativas a la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19, como las patentes, los dibujos y modelos industriales, los derechos de autor y la protección de la información no divulgada (ver propuesta aquí), que ayudaría a garantizar la rapidez en la fabricación de productos médicos para combatir la pandemia, incluidas vacunas seguras y efectivas, y a que éstos sean accesibles y asequibles para todas las personas.

El acceso a las vacunas es solo un aspecto a considerar entre varios.

A pesar del consenso en torno a la necesidad de la cooperación internacional para garantizar el acceso equitativo, sigue habiendo escasez de suministros. Las empresas del sector farmacéutico del mundo, con apoyo de países de rentas altas, siguen aplicando el mismo enfoque restrictivo de siempre a la propiedad intelectual (PI), lo que limita la posibilidad de potenciar las actividades de investigación, desarrollo, fabricación y suministro de productos médicos esenciales.

Como terreno ganado, en marzo de 2021 los miembros de la OMC reiteraron su objetivo común de proporcionar un acceso a vacunas, pero seguían en desacuerdo en cuanto al papel que desempeñaba la propiedad intelectual en el logro de ese objetivo. Frente a la presión internacional, Estados Unidos decidió apoyar la exención de la protección de la propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, este gesto resulta insuficiente frente a la realidad de nuestros países y del mundo entero porque, como bien menciona la OMS, “cuando una pandemia avanza rápidamente, nadie estará salvo a menos que todo el mundo lo esté”.

Además, es pertinente recordar que en muchos de los países de renta media o baja la posibilidad de vacunación es más que remota y que en los primeros meses de inicio de las estrategias de vacunación, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, denunció que el 75% de las vacunaciones suceden en países desarrollados, en el hemisferio norte, y de espaldas a la fallida estrategia COVAX (para más información COVAX: mucho ruido y pocas vacunas ) lo que representa, además de una vergüenza política y moral, una profunda ceguera frente a la realidad: nadie está a salvo hasta que todas las personas “puedan acceder a las tecnologías sanitarias que necesitan para detectar, prevenir y tratar la COVID-19”, como bien lo señaló Xolelwa Mlumbi-Peter, diplomática India que está al frente de la propuesta del waiver.

Más de 400 organizaciones de la sociedad civil, junto con países de renta media e instituciones globales como ONUSIDA y UNITAID, reaccionaron frente a la propuesta del waiver y sus detractores, apoyando la oferta de India y Sudáfrica, por medio de una carta en la que se expresa la preocupación por la desigualdad de acceso a las tecnologías críticas que se necesitan para hacer frente a la pandemia.

En este escenario, la sociedad civil de América Latina se ha venido organizando para fijar una posición y realizar propuestas. En principio para exigir el acceso universal a las vacunas COVID-19 y ahora para ir más allá de esto. El pasado 13 de mayo de 2021 la naciente Coalición por el acceso a la vacuna en américa latina se reunió para afinar su estrategia de incidencia y visibilización de su acuerdo con esta propuesta y reclamar el derecho a la vida, que hoy en día se traduce en el acceso a las tecnologías médicas relativas a la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19. Se trata de un conjunto de asociaciones y organizaciones críticas con la forma como sus países han enfrentado la pandemia en medio de escándalos de corrupción, poca transparencia, politización y desorganización.

En este sentido, Pablo Andrés, responsable regional LAC en Desigualdad, Policy y Narrativas de OXFAM, rescató la importancia de “hacer una campaña fuerte, que se centre en la región que comienza por hacer accesible estos temas en castellano”. Es importante colocar esta temática sobre la mesa para complejizar la mirada e instar a nuestros gobiernos a tomar una postura a favor de los derechos humanos.

Al respecto Claudia Vargas de la Fundación Ifarma ratificó la importancia de abrir esta puerta de negociación con los estados para que apoyen la propuesta del waiver. Esto implicaría tomar acciones que pudieran generar costos políticos para los maltrechos gobiernos de la región, entendiendo que la propuesta va más allá del acceso a la vacuna e implica, entre otros aspectos, que los países más pobres accedan a los sistemas de diagnóstico y las nuevas tecnologías  de diseño industrial (de respiradores).

Así mismo, en este encuentro Luz Marina Umbasia Bernal de Public Citizen hablo de aspectos técnicos de la propuesta que sirven para aclarar el camino a recorrer y realizó algunas preguntas pertinentes frente a la transferencia de los conocimientos técnicos, visibilizando la ausencia de datos sobre como se desarrollaría en concreto esta propuesta, “¿cómo sería?”, “¿Quiénes la financiarían?”

Por su parte Lídice López de Corresponsales Claves expuso sobre el avance desigual de la vacunación en el Perú, y mostrando, como un ejemplo de los muchos en la región, la falta de transparencia por parte del Estado frente a las muertes producidas por la pandemia. Frente a la propuesta del waiver, López señaló que el gobierno peruano ha evadido tomar posición.

Otro aspecto por considerar en el contexto internacional, es la propuesta del Fondo Mundial para mitigar el impacto de la COVID-19, en particular en los programas de VIH, tuberculosis y malaria, con el apoyo financiero directo a través del Mecanismo de Respuesta al COVID-19. En este ofrecimiento, sin embargo, se ha excluido tajantemente el financiamiento de vacunas, frente a ello “para nosotros es imperativo buscar otras herramientas otros canales y mecanismos para acceder, no solo en la Región y en los países más pobres, sino a nivel global”, dice López

Durante este encuentro, se afinaron acciones colectivas en diferentes direcciones y con la estrategia clara: el acceso a las tecnologías asociadas a la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19, debe ser considerado un derecho humano.

Entre las acciones concretas que se propusieron se encuentran la formación y difusión en estos temas para fomentar el activismo países de América Latina y el Caribe y presionar por la precalificación de las vacunas a la OMS. Asimismo, se decidió cursar una carta exigiendo el involucramiento de la OPS frente a la distribución regional de las vacunas y solicitando mayor claridad respecto de sus estrategias para alcanzar la cobertura universal en la región. La carta está disponible a adhesiones en el siguiente vínculo: https://aisperu.org.pe/paginaNueva/peticion-de-la-osc-a-la-ops/

País: Latinoamérica

Acerca del autor

Constanza Armas

Psicóloga | Argentina
Organización: Red Argentina de Mujeres que Vive con VIH

Soy venezolana, feminista. Creo que la participación en los temas públicos de la sociedad civil organizada son la clave para una democracia verdadera. Creo en la libertad, por eso soy activista por los derechos humanos. Creo que todxs merecemos ser nombradxs, por eso intento tener mirada de género. Soy una indignada por los crímenes de lesa humanidad que ocurren desde hace años en Venezuela. Desde estos lugares escribo.

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