Desde hace varias semanas, las organizaciones de sociedad civil se están organizando para participar, desde sus países, de la Reunión de Alto Nivel sobre el VIH que organiza las Naciones Unidas. Ayer acordaron un posicionamiento conjunto.
Las organizaciones de sociedad civil de Latinoamérica se reunieron el 6 de mayo para discutir y emitir un documento de posicionamiento sobre la respuesta al VIH, la situación que viven los países y las acciones urgentes que deben emprender los gobiernos en alianza con las organizaciones de la sociedad civil, las personas con VIH y las agencias de cooperación.
En un texto de cuatro páginas se resumen los aspectos prioritarios que deben ser abordados en la próxima Declaración Política que se acordará el próximo junio.
“América Latina ha fallado en alcanzar todas las metas relacionadas con el VIH a las que sus Gobiernos se comprometieron”, inicia el documento, con una mirada crítica a las deficiencias que tuvieron los países de la región para honrar sus compromisos al 2020, incluso antes de la pandemia.
“América Latina es la región más desigual e inequitativa del mundo”, continúa el posicionamiento, y las organizaciones y personas que trabajan en la respuesta al VIH saben que esto tiene un impacto directo en las acciones de promoción, prevención, atención en VIH; así como las medidas de protección económica para las personas más vulnerables.
Luego de definir algunos aspectos centrales de la dinámica de la epidemia en la región, como su característica de ser una epidemia concentrada en poblaciones claves, el estigma y la discriminación que afecta profundamente a las personas con VIH y las poblaciones clave y vulnerables, incluyendo a los pueblos indígenas; se señala que existe “una pobre gestión de la información estratégica que no nos permite conocer mejor nuestra epidemia”.
Por otro lado, se alerta sobre el crecimiento de grupos anti-derechos que influyen en el aparato del Estado que ponen en riesgo la garantía –aún incipiente- de derechos alcanzados.
Asimismo, se destaca el impacto que ha vivido la región a consecuencia de la pandemia por COVID – 19, como la profundización de las inequidades y el debilitamiento de los programas estratégicos orientados al VIH y la tuberculosis. En ese marco, se critica también el débil compromiso con la respuesta a estas enfermedades, cuya responsabilidad de la gestión, principalmente en cuanto a prevención y promoción, ha sido delegada a proyectos de cooperación externa.
¿Qué exige la sociedad civil?
En doce puntos, las organizaciones y activistas, desde Argentina hasta México, exigen a los gobiernos su compromiso con las metas de la Estrategia Global de Sida, “y que la respuesta a la pandemia de COVID-19 no sea una excusa para desatender la respuesta a la pandemia por el VIH”.
Asimismo, se pide los ajustes normativos necesarios para proteger y garantizar los derechos de las personas con VIH o vulnerables a la infección y medidas concretas para que los ministerios de salud, educación, protección social y seguridad, entre otros y sus programas recuperen su liderazgo en la respuesta gubernamental al VIH.
La sociedad civil exige también oportuna atención integral para las personas con VIH, las poblaciones clave y vulnerables, asegurando su acceso a alimentación y educación. De la mano con una mención explícita en la Declaración Política de Gais y otros Hombres que tienen Sexo con Hombres, personas que ejercen el trabajo sexual, las Personas Transgénero, las Personas que usan Drogas y Personas Privadas de la Libertad, como también, se nombren las poblaciones vulnerables: Jóvenes, Mujeres, Niñas, Niños, los pueblos Indígenas, poblaciones de minorías étnicas, Personas con Discapacidad y Poblaciones migrantes o desplazadas por crisis políticas y humanitarias.
Para detener las nuevas infecciones, se exige también programas de Educación sexual integral y de atención en salud sexual y reproductiva a mujeres y jóvenes gestantes que permita erradicar la transmisión vertical del VIH; así como programas de prevención combinada para la población general.
Para garantizar la vida de las personas con VIH, se pide garantizar la cobertura de tratamiento antirretroviral óptimo, así como la prevención y tratamiento de la tuberculosis.
Finalmente, se exige “tomar las medidas necesarias para incrementar la participación significativa de las personas, organizaciones, comunidades y colectivos en el diseño, implementación y monitoreo de los programas e intervenciones de VIH”.
En el documento, las organizaciones y activistas de la sociedad civil también llaman la atención de las Organizaciones Sanitarias Internacionales, al Sistemas de las Naciones Unidas y a la comunidad de donantes que con urgencia detengan el sistemático desfinanciamiento de América Latina como resultado de una decisión política que se justifica con las estimaciones del Banco Mundial que no describen la realidad de los países llamados de renta media y alta. Asimismo, piden aumentar el apoyo técnico y financiero, tanto a los gobiernos como a las organizaciones de sociedad civil.
Exigen también la adopción de las salvaguardas del acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio (ADPIC) y el asocio intrarregional para la desarrollo y fabricación de medicamentos e insumos médicos.
“Las personas, organizaciones y comunidades que apoyan este pronunciamiento regional respaldan los objetivos y metas incluidos en la Estrategia Global del Sida e instan a los estados miembros a adoptarlos como compromiso en la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel sobre el VIH 2021. Así también, exigimos el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales relacionados a la respuesta integral al VIH y basada en los derechos, incluyendo los objetivos y metas planteados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”, dice hacia el final el documento
El posicionamiento, que está disponible en el siguiente vínculo, está abierto a adhesiones. Para adherirse puede ir a este vínculo y dejar sus datos.
“Sólo será posible acabar con el sida si se acaba con las desigualdades”
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