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Sociedad civil venezolana rechaza proyecto de ley que limitaría la cooperación internacional

Por Alfredo Mendieta.- En el contexto de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela desde el año 2015, agudizada con la pandemia de COVID – 19, un grupo de diputados anunció, el 4 de mayo, a través de las redes sociales, que la comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional inició las discusiones sobre un proyecto de Ley que perjudicaría gravemente a la población en situación de vulnerabilidad y la labor de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, obstaculizando el acceso al apoyo recibido de la cooperación internacional que brinda, asistencia y recursos a la población vulnerable. A través de un comunicado, la sociedad civil expresó su rechazo a esta Ley.

El proyecto de Ley de Cooperación Internacional, en discusión en la Asamblea Nacional, no solo pretende regular la labor de las organizaciones de la sociedad civil, sino controlar y sancionar a toda persona u organización que no se sujete a sus normas; ello implicaría que solamente el Estado tendría la autoridad de recibir, transferir e intercambiar recursos humanos, bienes, servicios,  financiamiento y tecnología de las organizaciones cooperantes y disponer de ellas de acuerdo a su criterio a través de la creación de un Fondo encargado de captar, prestar y administrar los recursos de la cooperación internacional.

El Parlamento venezolano debe archivar la Ley que pretende limitar los derechos de ciudadanos.

El estado solo reconocería como posibles receptoras o participantes de actividades de cooperación internacional a las ONG, sindicatos, instituciones académicas, organizaciones religiosas, organizaciones extranjeras y asociaciones de derecho privado que se inscriban en el “sistema integrado de registro obligatorio”, mecanismo a través del cual se reconocería la posibilidad de participación de la sociedad civil. La Ley también impondría a todas las ONG la obligación de informar a las autoridades datos sobre su constitución, estatutos, actividades, así como la proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento (art.23), quedando sometidas a auditorias (art. 2); perdiéndose así el principio de confidencialidad de las personas vulnerables beneficiarias de las acciones de la sociedad civil.

Organizaciones de la sociedad civil venezolana han sostenido diversas reuniones para acordar acciones y decidieron adherirse a un comunicado rechazando categóricamente la aprobación de esta ley, por considerarla una ley anti derechos que amenaza gravemente la existencia de las organizaciones y que, en consecuencia, afectaría directamente a la población beneficiaria de la ayuda humanitaria.

A pesar del temor que prevalece en las organizaciones a ser objeto de intimidación, persecución y privación de libertad, se lograron 750 adhesiones; 500 organizaciones (441 nacionales y 59 internacionales) y 250 personas. El comunicado fue entregado en la sede del PNUD, en Caracas, la mañana del miércoles 18 de mayo.

A la salida de la entrega del documento, las organizaciones ofrecieron declaraciones a los medios. Lexys Rendon, investigadora para los pueblos indígenas de Provea y coordinadora de Laboratorio de Paz expresó: “Esta Ley da la posibilidad de eliminar de forma discrecional, por razones de soberanía, a las organizaciones de derechos humanos, humanitarias, universitarias, religiosas, sindicatos. Nadie va a quedar exento. El propósito es mantener a las organizaciones en un limbo discrecional. De manera que en cualquier momento puedan ser eliminadas, perseguidas y criminalizadas”. Además, las organizaciones solicitaron una reunión con el presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano para plantearle sus preocupaciones ante este proyecto de Ley.

La aprobación de esta ley cerraría el espacio cívico en Venezuela y afectaría principalmente a la población con más necesidades; se convertiría en un nuevo instrumento de criminalización y persecución.

Las organizaciones de la sociedad civil venezolana en conjunto rechazan la aprobación de esta ley y advierten sobre las graves consecuencias que esta traerá para los grupos vulnerables.

País: Venezuela

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Alfredo Mendieta

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