Por Dennis Castillo.
Las nuevas formas de violencia que atraviesa la subregión de Centroamérica y los países del triángulo norte han expulsado a poblaciones claves como gays, trans y personas con VIH, algunas de las cuales han tenido que migrar a Costa Rica para buscar una mejor calidad de vida. La discriminación y, en ocasiones, la violencia sexual a la que están expuestos algunos grupos de poblaciones móviles tiene que ver con una triple estigmatización: por ser migrantes o refugiados, gays o trans y además por tener VIH. Esto no sólo afecta su calidad de vida al excluirles laboral y jurídicamente, sino que impide reconocerles como sujetos de derecho a la salud, especialmente en materia de acceso a medicamentos antirretrovirales y de atención médica para el control de la infección.
La discriminación por VIH en Costa Rica es una realidad: según datos de la Defensoría de los Habitantes, un 17% de los reclamos recibidos por la institución relativos al servicio de salud tienen que ver con la falta de acceso a la atención en la seguridad social. Pero la discriminación, el maltrato y la exclusión persisten en el sistema sanitario del país.
Allan Rivera, presidente de la Asociación Manu, lo explica: “Si comparamos a Costa Rica con años atrás la cosa, en vez de mejorar, empeora un poquito más. El problema obviamente para toda persona con VIH es la parte del seguro: es muy difícil si la persona no tiene seguro o un trabajo estable para que pueda ingresar a la Caja Costarricense de Seguridad Social. (…) podría ingresar, la caja está en la obligación de dar la atención que la persona solicita en ese momento, aunque eso va con un cobro. En el país hay un aproximado de 8.000 personas con VIH y la mitad es de clase baja o media y está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres (HSH). No es una epidemia generalizada sino concentrada.”
“Soy refugiado y soy una persona gay con VIH. He recibido discriminación en una provincia del país cuando llegué a la consulta. El médico me atendió muy mal y al salir frente a un grupo de personas me dijo que no podría tener prácticas sexuales por mi condición de salud, por lo cual me sentí discriminado”, relata un varón con VIH que prefiere permanecer anónimo.
Aunque la ley general de sida No. 7771 establece en su art. 48 que “Quien aplique, disponga o practique medidas discriminatorias por raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica, estado civil o por algún padecimiento de salud enfermedad, será sancionado con pena de veinte o sesenta días multa”, las situaciones de discriminación hacia las personas migrantes con VIH persisten en Costa Rica.
“Hemos recibido nicaragüenses, panameños, colombianos, y de 25 personas entrevistadas, 10 de ellas son migrantes que no han accedido al medicamento y lo necesitan, pero no tienen empleo, lo cual limita el acceso al seguro. Desde MANU estamos viendo cómo apoyarles para el aseguramiento por el Estado”, sostiene Rivera.
Es necesario desarrollar un modelo de sensibilización dirigido al personal de la salud sobre la diversidad de prácticas e identidades sexuales y hacer énfasis en los derechos a la salud sexual e integral de las personas que tienen VIH, sin importar su orientación sexual, su género o nacionalidad.
Costa Rica 
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