TPP: Todos Podemos Perder nuestros medicamentos

Hasta el día viernes 24 se realizará en Lima la 17ª Ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP) que se negocia entre doce países de la cuenca del Pacífico. De nuestro continente se encuentran Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú y Chile; Colombia ha expresado recientemente su intención de unirse al Acuerdo.

Los Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio (TLC) se han vuelto el pan de cada día para lograr la integración al mercado mundial. En general, los TLC pretenden simplificar las transacciones comerciales entre uno o varios países; sin embargo, algunos de esos países, los de mayor poder económico o político, presionan por introducir regulaciones que, lejos de facilitar o liberalizar el comercio, impedirían el acceso a ciertos productos, los medicamentos entre ellos.

Lamentablemente, las negociaciones de estos TLC se realizan en secreto, la ciudadanía en general no tiene acceso a los textos y, por ello, no tienen posibilidad de debatir, discutir u objetar el futuro que los gobiernos están vendiendo. En febrero de 2011, sin embargo, se filtró la propuesta de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual que reflejaba las ambiciones de este país, aquellas que ya habían sido rechazadas en los TLC vigentes que tiene con Perú, Chile y Colombia, que no se ajustan a las normas de nuestros países y que podrían tener un fuerte impacto en el acceso a medicamentos y la salud en general.

¿Qué quiere Estados Unidos de Norteamérica?

Entre otras cosas, Estados Unidos está presionando por la introducción de patentes para nuevas formas de uso, patentes de métodos de diagnósticos, compensaciones por demoras en el trámite de patentes y en la revisión de la entidad regulatoria; todo ello con el fin de extender la vida de las patentes, lo que significa mayor tiempo de monopolio en el mercado y precios más altos para los medicamentos.

Por otro lado, se quiere eliminar la oposición a las patentes antes de que éstas sean otorgadas, un derecho de la ciudadanía que hasta ahora es vigente en todos nuestros países y que permite a la sociedad civil –y también a empresas- presentar un recurso de oposición a una patente inmerecida. En la actualidad, los productores de Atripla -combinación de tres medicamentos para tratar la infección por VIH-, han solicitados patente para este medicamento en varios países de América Latina. Al eliminar la posibilidad de oposición a las patentes, estaríamos impedidos de presentar evidencias de que este producto no refleja esfuerzo inventivo, ni es nuevo, dos de los criterios que deben cumplir los productos para ser patentados.

También se pretende ampliar el uso exclusivo de datos de prueba, aquella información que se presenta ante la entidad regulatoria para probar que un medicamento es seguro y eficaz, impidiendo así que versiones genéricas del medicamento sean registradas en los países.

Un estudio realizado por la Alianza LAC-Global por el acceso a medicamentos muestra que con estas medidas propuestas por los Estados Unidos, los gastos anuales en medicamentos se incrementarían en 90 millones de dólares para el Perú, 69 millones para Chile y 80 millones para Colombia.

¿Qué hacer desde la sociedad civil?

Diversas organizaciones de los países involucrados en la negociación del TPP han manifestado su rechazo a las propuestas de los Estados Unidos que ponen en riesgo el acceso a medicamentos y hacen peligrar los programas que proveen tratamiento antirretroviral a nivel mundial.

A propósito de la Ronda en Lima, organizaciones peruanas y latinoamericanas lanzaron la campaña No Negociable, durante la cual se han realizadoconferencias de prensa y foros de discusión, además de presentaciones ante los negociadores de diversos países. Médicos sin Fronteras también ha contribuido a la campaña con un video recientemente producido que muestra los potenciales impactos del TPP.

Los asuntos vinculados a la propiedad intelectual han sido presentados comúnmente como temas técnicos, cuando en realidad se trata de un asunto político que requiere de la intervención de los ciudadanos y ciudadanas.

Además de todas estas acciones, se requiere de un accionar sostenido y articulado de los activistas de los países de América Latina que se encuentran en este proceso de negociación y -por qué no- de los países vecinos, ya que también podrían verse afectados por estas medidas.

¡Alcemos la voz!