Luego de la firma del Acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP, por sus siglas en inglés) el 5 de octubre, organizaciones de la sociedad civil de Perú y otros países involucrados expresaron su preocupación frente a los temas incluidos en el capítulo de propiedad intelectual que tendrían un fuerte impacto en el acceso a medicamentos que salvan vidas.
En el acuerdo participan Perú, Chile, México, Estados Unidos y Canadá, de este lado del océano Pacífico, y del otro lado encontramos a Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia, Singapur, Japón y Vietnam.
A partir del cierre de las negociaciones, se filtraron a través de Wikileaks extractos del capítulo de propiedad intelectual que revelaron las nuevas protecciones que se habrían concedido en el tema de medicamentos. Ampliación del tiempo de la patente por “demoras injustificadas” en el otorgamiento del registro sanitario, protección de datos de prueba para medicamentos biológicos y protección de datos de pruebas de nueva información clínica o nuevas combinaciones (nuevos usos) son algunos de los puntos acordados que extenderán los monopolios en el campo de los medicamentos.
Las medidas mencionadas podrían impactar directamente en la disponibilidad de medicamentos que se encuentran actualmente en el mercado y de aquellas versiones genéricas que están a la espera de que se cumpla el plazo de las patentes para poder entrar al Perú. Con las extensiones a la protección de datos de prueba (muy semejante a las patentes), el periodo del monopolio podría prolongarse indefinidamente, impidiendo o retrasando el acceso a genéricos.
Hay ejemplos que nos pueden ilustrar mejor estas extensiones de protección y monopolio. La zidovudina, un medicamento que fue creado para el tratamiento del cáncer, gozó de una primera patente; años después, cuando se descubrió que servía para el tratamiento contra el VIH, se extendió la patente de este medicamento por este nuevo uso (basado en nueva información clínica). La extensión del plazo de la patente o de la protección de datos de prueba (aquella información que garantiza que el medicamento es seguro y eficaz y que se entrega a la entidad reguladora de cada país), permite que los laboratorios farmacéuticos continúen cobrando elevados precios.
En Perú existe evidencia de la enorme inversión que debe realizar el país para la compra del medicamento atazanavir debido a que goza de una patente. El año pasado, el Ministerio de Salud asignó alrededor de 7 millones de dólares más en el medicamento de marca Reyataz, que si hubiera podido acceder a una versión genérica.
Consciente del impacto que tienen las patentes en los precios de los medicamentos, el Ministerio de Salud del Perú se mantuvo firme en no extender el plazo de las patentes, de la protección de datos de prueba para medicamentos de síntesis química o el otorgamiento de protección de datos de prueba para medicamentos biológicos; sin embargo, contrario a la postura del ente rector en salud, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aceptó dichos puntos en la última ronda de negociaciones.
En días recientes, la Organización Panamericana de la Salud, a través de su representante en el Perú, Raúl González Montero, expresó su preocupación frente a los acuerdos alcanzados en el TPP. “Los medicamentos, los insumos médicos de diagnóstico, las vacunas y los biosimilares no se pueden meter en el mismo saco que otros productos de consumo. Es nuestra función como agencia líder en salud proteger los derechos de los usuarios en acceso a medicamentos. En medicamentos de alto costo podemos tener problemas del acceso a medicamentos en el futuro. Hay montones de casos que han sido muy estudiados. Este es el caso de los antirretrovirales. La protección de las patentes durante largos plazos de tiempo hace que los genéricos no puedan entrar en igualdad de condiciones en los países”, señaló González a un medio local.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también se manifestó con cierta cautela respecto del tratado recientemente aprobado: «La opinión pública ha de tener claro los capítulos (del acuerdo), qué se negoció y cuál es el impacto en regiones como la nuestra», fueron las declaraciones de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, recogidas por diversos medios a propósito de la presentación en México del informe «Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe», hace unos días
ONUSIDA, por su parte, en julio del presente año había hecho un llamado a los países a honrar los compromisos asumidos en la Declaración política sobre el VIH y el sida de 2011 respecto del acceso universal. «Durante la negociación de nuevos acuerdos comerciales, deben respetarse los mecanismos de flexibilidad establecidos en la Declaración de Doha y el Acuerdo sobre los ADPIC para proteger la salud pública y ofrecer un acceso a medicamentos para todos», fueron las palabras de Michel Sidibé recogidas en el comunicado.
En el Perú, el gobierno, las grandes empresas y algunos medios de comunicación, se apresuraron a celebrar el cierre de las negociaciones y a difundir información sobre las potenciales grandes ganancias que tendrá el país con la puesta en vigencia del nuevo tratado. Ojalá que la resaca de tanta celebración no tenga el impacto que se anticipa en la vida de millones de peruanos y peruanas.
Organizaciones de sociedad civil vinculadas a la lucha por el acceso a medicamentos iniciaron una campaña para informar a congresistas y tomadores de decisiones sobre el impacto de estas medidas en el país e impedir la ratificación del tratado por el Congreso de la República.
En unos días más, el 5 de noviembre, según fue anunciado, se tendrá conocimiento del texto completo del acuerdo; recién entonces se podrá medir el impacto total que tendrá el TPP en la salud de todos y todas, cuando sea posible el análisis de los capítulos de Inversiones y Transparencia que suelen esconder medidas que impiden el accionar de los países para proteger la salud de sus habitantes.
Chile 
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