Entre 1946 y 1948 se realizaron experimentos conducidos por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, con la aprobación del estado de Guatemala, en los cuales se infectó a más de 1500 personas, entre privados de libertad, trabajadoras sexuales y pacientes en instituciones mentales, con sífilis y gonorrea. Este estudio – dirigido por John C. Cutler y Thomas Parran Jr. (Secretario de salud de EEUU entonces)- pretendía determinar si la penicilina era efectiva para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.
El descubrimiento fue hecho causalmente por la Doctora Susan Reverby, quien efectuaba una investigación en torno al estudio Tuskegee, en el cual unos 400 hombres afroamericanos de escasos recursos y portadores de sífilis, fueron observados por el Servicio de Salud de Estados Unidos, sin recibir tratamiento alguno entre los años 1932 y 1972.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó una llamada telefónica al presidente guatemalteco, Álvaro Colom, para manifestarle “su profundo pesar respecto del estudio realizado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos” por otro lado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, manifestó: “Aunque estos hechos ocurrieron hace más de sesenta y cuatro años, estamos indignados de que tal investigación reprochable haya ocurrido bajo el pretexto de la salud pública”.
“El día de hoy tengo una desagradable noticia y una profunda indignación por hechos sucedidos en Guatemala en el pasado”, informó el Presidente Colom al inicio de la conferencia de prensa en la que hizo públicos los hechos y no descartó que el estado de Guatemala impulse una demanda por crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto ya están definidos los actores principales que integrarán la comisión que ahondará en los hechos, entre los que destaca el Vicepresidente de la República, Rafael Espada; representantes de los ministerios de Salud, Gobernación (interior), Defensa y Relaciones Exteriores; y el Colegio de Médicos de Guatemala.
Representantes de los movimientos sociales y ciudadanos han manifestado su descontento e indignación por los hechos, exigiendo que se impulse una demanda para resarcir a los y las afectadas, aunque esto es difícil por los años transcurridos. Recientemente, la diputada Zury Ríos Sosa dijo a los medios: “No es suficiente decir perdón. Necesitamos una compensación como Estado, por ejemplo, un programa sólido de salud sexual y reproductiva que mantenga un presupuesto de US$ 50 millones al año, donados por Estados Unidos”.
Añadir comentario