En el 2018 se calculó que 70.8 millones de personas estaban en condiciones de desplazadas y, a menudo, en múltiples riesgos, incluido el de la infección por VIH. Su riesgo elevado incluso se exacerba al huir, en sus países de origen, sufren además de violencia e inseguridad, violencia de género y discriminación, en las rutas de migración el abuso sexual es común y se encuentra a la orden del día, en especial hacia los más vulnerables o en desventaja (LGBTIQ, niñas y mujeres); el sexo transaccional no protegido suele ser frecuente.
Una vez que se establecen, los servicios de salud local –sea que estén en un país de tránsito o en el país de destino no están preparados y carecen de atención especializada. Del otro lado, por temor a la discriminación o a la deportación, muchos migrantes irregulares o incluso en condiciones de refugiados no utilizan los servicios de salud; de entre ellos, las personas que tienen VIH son especialmente vulnerables a los efectos de la inestabilidad, las condiciones de pobreza, el estigma y la discriminación.
En este contexto, Giovanni Bassu, responsable de ACNUR en Panamá, señaló que “En toda la región, el ACNUR está brindado apoyo técnico a las ONG nacionales que trabajan en la red regional, para ayudar a las personas con VIH a comunicarse de manera segura con clínicas, hospitales, refugios y otras organizaciones que brindan asistencia humanitaria. Se ha desarrollado un sistema de identificación y referencia para personas con necesidades específicas.”
Por otra parte, ONUSIDA ha unido esfuerzos con agencias socias para dar una respuesta humanitaria en entornos frágiles, a través de promoción de prestación de servicios diferenciados, el acceso a una identificación única con tarjeta de salud portátil, servicios basados en la comunidad, respuesta dirigidas por la comunidad con grupos de adhesión comunitaria, grupos de apoyo de personas con VIH y un monitoreo comunitario.
Shannon Hader de ONUSIDA indicó que son deberes diarios de la organización en entornos de emergencia de derechos humanos: “asegurarse de que las personas arrestadas tengan representación legal, encontrar y contratar abogados, pagar vivienda segura cuando hay vidas en riesgo coordinando con donantes, convocar a sociedad civil, hacer abogacía de alto nivel con funcionarios gubernamentales y jueces, prevenir que se adopten o apliquen leyes malas.”
Las personas que viven con VIH se ven afectadas por emergencias humanitarias y se estima que más de 1.000.000 de ellas no tiene acceso a tratamiento en contextos de emergencias; por ello, la preparación para situaciones de emergencia es clave, incluso en programas de VIH más fuertes y resilientes.
Integrar los servicios de VIH a la evaluación temprana de una situación de emergencia es esencial para lograr garantizar la atención a las personas que la necesitan, incluyendo la provisión de medicamentos en las zonas de refugio, por ejemplo, y la gestión de apoyo social. La voluntad política, la financiación y las herramientas correctas son esenciales para lograrlo.
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