Por Alfredo Mendieta.-En medio de la pandemia del Covid-19 y la precariedad del sistema de salud en Venezuela, la situación se torna aún más complicada para las embarazadas cuando son diagnosticadas con VIH, quienes viven discriminación y malos tratos del personal médico en los centros públicos de atención.
La activista Heidy Fernández del estado Carabobo, en su informe anual para la fundación Mavid Carabobo sobre la situación de las mujeres embarazadas con VIH, informó sobre situaciones de maltrato, discriminación y la negativa a practicarles la cesárea si no compran su propio kit de bioseguridad.
De acuerdo a los protocolos establecidos en estos casos y las actuales regulaciones vigentes en Venezuela, los nacimientos deben realizarse mediante cesáreas programadas para evitar la transmisión vertical. Las medidas universales de bioseguridad son suficientes para realizar las intervenciones quirúrgicas, independientemente de que el diagnóstico de VIH sea positivo o no; por lo tanto, la exigencia del kit de bioseguridad que consta de doble bata quirúrgica, lentes de seguridad, guantes especiales, gorra y botas es un claro elemento discriminatorio. Además, es importante destacar que no existe actualmente en Venezuela una asignación de estos kits en los centros públicos de atención, por lo que las mujeres deben adquirirlos en el mercado privado a un costo aproximado de 6 a 7 dólares, casi el equivalente a un salario mínimo Venezuela.
Las parturientas con VIH son aisladas, no se les permite usar el baño, muchas de ellas recién supieron de su condición de salud durante el segundo o el tercer trimestre de gestación, debido a la escasez de pruebas diagnósticas en el país.
Las autoridades sanitarias no se pronuncian al respecto, solo alegan que no pueden obligar al personal de salud a intervenir sin los insumos requeridos; los casos más frecuentes de discriminación provienen del personal de enfermería que hasta etiquetan con el diagnóstico a los bebes expuestos.
Con antirretrovirales, pero sin fórmulas lácteas
Las mujeres embarazadas que son diagnosticadas a tiempo ingresan al programa y reciben tratamiento antirretroviral. No sucede lo mismo con las mujeres diagnosticadas luego del parto, ellas no reciben el tratamiento de inmediato y deben esperar a cumplir los requisitos del programa, solicitar una cita en la consulta de infectología y cumplir con los exámenes de rutina obligatorios para poder ingresar al programa y recibir el tratamiento antirretroviral.
Los niños que nacen mediante las cesáreas programadas, considerados como expuestos al VIH, reciben zidovudina en jarabe cada seis horas, mientras los niños considerados de alto riesgo, cuyas madres recibieron el diagnóstico post parto reciben lamivudine en jarabe o raltegravir, que debe ser triturado para facilitar su ingesta.
El programa Nacional de SIDA dejó de suministrar fórmulas lácteas a los servicios de infectología desde el año 2016. Desde entonces, las madres con VIH reciben las fórmulas en calidad de donación, gracias a organizaciones de ayuda humanitaria como Acción Solidaria, Aids for Aids y la Fundación Amigos de los niños, que cuentan con una sede en el Hospital Central de Valencia.
Discriminación y maltrato que subsiste
Durante el año pasado, la activista Heidy Fernández asesoró y vinculó a 65 mujeres embarazadas con VIH en el Estado Carabobo, 44 de ellas son nuevos diagnósticos. También se registró a 2 madres fallecidas por comorbilidades asociadas al SIDA y 7 niños fallecidos.
Heidy Fernández refiere que la situación actual no es muy distinta a la que ella vivió hace 18 años atrás cuando fue diagnosticada durante el embarazo de su segunda hija. Las situaciones de discriminación que sufrió se convirtieron en la motivación para dedicarse al activismo y, gracias al apoyo de la Fundación Mavid Carabobo, brinda el acompañamiento a las mujeres con VIH y denuncia las situaciones de maltrato y discriminación.
Las usuarias más jóvenes la llaman cariñosamente “mama” y dice sentirse abuela de todos los niños que ayuda a nacer seguros, afirma que “es urgente implementar campañas de prevención de VIH y otras ITS, las mujeres jóvenes y de bajos recursos continúan siendo las más afectadas, el diagnóstico a tiempo salvaría la vida y la salud de los niños”.
El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil hace posible que las mujeres con VIH reciban algunos cuidados y los niños expuestos puedan acceder al tratamiento y alimentación, pero el Estado venezolano tiene la responsabilidad de proteger la salud de su ciudadanía.
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