Venezuela: Maltrato en la atención en VIH de Mérida

Por Darío Franco.-
Usuarios de los servicios de salud de Mérida, en Venezuela, denunciaron el maltrato de parte del médico tratante, quien reprende con discursos homofóbicos y misóginos a las personas que acuden a la consulta, lo que claramente representa discriminación y tratos crueles.

Discursos de varios minutos con contenido evangelizador, cargados de homofobia y misoginia deben escuchar los usuarios o familiares del programa regional de VIH y sida, en el Estado Mérida (Venezuela), en el servicio de salud público, antes de poder adquirir los medicamentos antirretrovirales de control dispensados en la farmacia de este programa, en un espacio habilitado fuera del Hospital Universitario de los Andes (IAHULA) como contingencia por la pandemia de COVID-19.

“(…) Uno no puede infectar a otra persona, (…) creo que uno tiene que tener ese temor a Dios (…)” o “Ese tratamiento, si yo fuera agradecido, cada pastilla me la tomaba de rodillas dándole gracias a Dios (…)” son algunas de las frases que se oyen de parte del médico Javier Escalante según consta en dos grabaciones de usuarios de los servicios que consideran indigno el trato del coordinador del Programa Regional de VIH, quien en varias oportunidades y desde hace meses ha introducido estos discursos cargados de odio y discriminación.

Desde Juventud Preventiva, se ha señalado que “en los últimos tres meses (noviembre 2020 a enero 2021), estos discursos han sido frecuentes, y han recibido cinco notificaciones de denuncia de usuarios o sus grabaciones”.

La organización también ha señalado que hay ciertos ataques a algunos activistas que han manifestado expresamente su rechazo e inconformidad con este tipo de acciones descontextualizadas y prejuiciosas desde mediados de noviembre de 2020. “Los discursos también incluyen descalificaciones al trabajo de las ONG en el estado de Mérida que en materia de VIH hacen acompañamiento a los usuarios y sus familiares en las áreas intra y extra hospitalarias en el marco de la pandemia por COVID-19”, agregó el representante de la organización.

La Constitución venezolana señala que el Estado es laico y nadie puede invocar creencias o disciplinas religiosas de instituciones que profesan la fe desde su derecho individual en el ejercicio de la función pública para condicionar o con ocasión del ejercicio de derechos de terceros. Es evidente que los dichos del profesional de salud están en contra de lo contenido en la Constitución.

En otro audio, el Dr. Escalante critica la expresión de género de las personas que asisten a los servicios. Al respecto, un activista juvenil pro LGBTIQ+ y pro feminista de Juventud Preventiva señala que “Las representaciones de las identidades sexuales y el uso del cuerpo como expresión de ellas no pueden ser motivos de discriminación, de incitación o refuerzo al odio desde lo discursivo en el ejercicio de la función pública en los espacios públicos del Estado. Las instituciones deben aplicar políticas públicas que incluyan, la denuncia, trasparencia en los procesos de denuncia (…), sanciones administrativas y/o penales a este tipo de conductas, reparar el daño y comprometerse a la no repetición de un hecho como en los que incurre por acción directa del Dr. Escalante, contra un grupo de la población o sus familiares”.

Las ONG y activistas locales han insistido en el caso de Mérida y han solicitado reunirse con autoridades superires, sin embargo no han recibido respuesta y la Dirección de CORPOSALUD, instancia responsable del hospital, ha cambiado tres veces de director en menos de 8 meses, lo que dificulta cualquier seguimiento a los reclamos.

Las y los activistas también reclaman que se ponga en marcha un sistema de denuncias que permita a los usuarios hacer llegar sus reclamos, que garantice transparencia e independencia.

En un contexto de hostigamiento continuo a las organizaciones de la sociedad civil, donde se han producido allanamientos y se ha detenido a activistas sin sustento alguno, las personas temen hacer mayores acciones que pueda comprometer su libertad y continúan insistiendo en la intervención de las autoridades del Ministerio de Salud que aporte a crear un espacio conciliador que vele por una atención digna y libre de estigma y discriminación.