Una encuesta realizada en el contexto de los servicios de salud del Estado de Mérida ha provocado la reacción de las organizaciones de la sociedad civil que temen que se trate de un mecanismo para censurarlas.
El pasado 11 de febrero se realizó una jornada de más de cien personas en el Estado de Mérida, promovida desde el Programa Regional VIH, dependiente de la Corporación Regional de Salud (Corposalud) donde se hizo una encuesta a cada persona con VIH respecto de los beneficios que recibía de las ONG.
La desconfianza en los sistemas públicos y el ejercicio de los funcionarios es muy grande en Venezuela, tanto en la capital como en los estados alejados. En ese contexto, la encuesta puso en alerta a las organizaciones de sociedad civil, temiendo alguna acción de represalia u hostigamiento de parte del régimen de Maduro.
Como reseñamos en artículos anteriores, Venezuela inició el 2021 con un nuevo ataque propiciado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contra la Asociación Civil AZUL POSITIVO, ubicada en el estado petrolero del Zulia, con 17 años de labor a favor de las personas con VIH y sus familiares.
En los últimos dos años, otras organizaciones como CONVITE, Acción Solidaria, Fundación Mavid, Provea, entre otras, han sido allanadas en sus respectivas sedes, sus equipos e insumos médicos y alimenticios decomisados, sus miembros detenidos, descreditados y amenazados, entre otros hostigamientos; todo ello acompañado de amenazas de posibles sanciones por realizar su trabajo con el acceso de cooperación internacional en el marco de la profunda Emergencia Humanitaria Compleja a la que se sumo la pandemia por COVID-19.
pasó una encuesta a cada persona con VIH que acudió a la jornada para firmar sin su consentimiento una planilla donde decía “Usted ha En ese contexto, crea mucha suspicacia el repentino interés de los funcionarios públicos de salud del Estado de Mérida por conocer los beneficios que reciben las personas con VIH de parte de las ONG.
La Situación en el Interior de Venezuela
El interior de Venezuela se ha visto fuertemente golpeado por el COVID-19, lo que ha profundizado las desigualdades para las personas con VIH y sus familiares, por ello, las organizaciones de la sociedad civil buscan responder, a través de sus actividades, a las necesidades más básicas de las personas con VIH, como es la alimentación o insumos básicos. En ese contexto, son razonables los temores frente a cualquier intervención.
El equipo de Corresponsales Claves pudo conversar con Héctor Monsalve, presidente de la Asociación Civil por la Vida (ASOVIDA) en la ciudad de Mérida al respecto, quien indicó “…estamos preocupados por los ataques a las ONG, en especial, las del interior, así como le hicieron a AZUL POSITIVO nos pueden hacer a nosotros, por solo estar ayudando a las personas con VIH y sus familias. Acá en Mérida, tenemos personas con Sarcoma de Kaposi, (a quienes) no se le han hecho las cargas virales porque no son personas priorizadas según el coordinador del Programa Regional VIH; otros tienen desnutrición o no tienen recursos para comprar otros medicamentos. (Al Gobierno) no les importa que estemos ayudando a la gente…”
Como describíamos arriba, más de cien personas que acudieron a la toma de muestra para las pruebas de Carga Viral, recibieron una encuesta con una planilla en la que debían responder a la pregunta: “Usted ha sido beneficiado por los servicios y recursos de las ONG en el área del VIH en el Estado Mérida.” Además, de los datos del encuestado, se pedía información de la ONG que ofreció el servicio y que tipo de servicio recibió. Todo ello sin ningún tipo de información de contexto o consentimiento informado.
Juan Carlos Pérez, quien estuvo en dicha jornada, comentó a Corresponsales Claves: “me parece que eso no tiene nada que ver con la carga viral, preguntar estas cosas para qué le sirve al doctor; yo creo que es una persecución que estan haciendo a las ONG que nos han ayudado acá en el Programa VIH pero que el doctor no reconoce su labor. Yo no firmé”.
La Liga Merideña contra el SIDA, que agrupa a seis organizaciones con servicios en VIH, algunas con más de diez años de labor, manifestó su rechazo ante esta práctica que busca profundizar los ataques y desconocimientos a la labor de las organizaciones merideñas.
Diana Lobo, coordinadora general de la Liga comentó: “supimos por las propias personas que acudieron a la jornada de carga viral, de la firma de ese documento promovido por el coordinador del Programa Regional VIH. Es una ambigüedad, esa pregunta, según nuestros abogados; porque se puede prestar a desconocer la labor de las organizaciones con servicios en VIH que venimos haciendo en las consultas, en el monitoreo de los medicamentos, de la educación y prevención que se ofrece a las personas con VIH, pero también para deslegitimar dicha labor al mostrar unos resultados apoyados por unos datos que no corresponden con la realidad. Igualmente, como Liga Merideña vamos a reaccionar ante esta práctica que parece ser parte de una política gubernamental, buscar motivos para profundizar los ataques a las ONG en toda Venezuela; en especial, las organizaciones con servicios VIH.”
Las ONG han percibido esta acción como una advertencia, pero aseguran que solo tienen una opción: continuar denunciando y trabajando por defender los derechos de todas las personas; en especial, de aquellas que viven con VIH y sus familias.
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