En medio del calor de los éxitos obtenidos en Argentina, las venezolanas no se quedaron atrás y el 20 de junio, se les escuchó gritar: “si el papa fuese mujer el aborto sería ley”.
El Código Penal Venezolano sigue siendo uno de los más restrictivos de la Región, a pesar de las sugerencias que han realizado diferentes organismos internacionales. En el artículo 430 de este instrumento dicta: “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”. La única excepción a este mandato se encuentra en el artículo 433, que menciona: “No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”. Claramente, esta norma, además de estar de espaldas a la realidad venezolana, va en contra de los derechos de las mujeres, pues penaliza abiertamente la posibilidad de decidir sobre su cuerpo y la ata a una única opción: la peligrosa clandestinidad.
Durante muchos años, diversos colectivos feministas e instituciones han abogado por la despenalización o legalización del aborto en el país, han llamado la atención sobre la necesidad de sacar de debajo de la alfombra las estadísticas sobre el tema, sabiendo que Venezuela se ha ido convirtiendo progresivamente en una tierra de adolescentes embarazadas, la mayoría de ellas pobres que -en definitiva- son las que más mueren. Estos reclamos, necesarios en un país en llamas desde hace mucho tiempo, nunca han sido visibles para los tomadores de decisiones.
Si bien esta es una necesidad, hay que tener presente que en el contexto de crisis humanitaria actual y dentro del régimen totalitario que vive Venezuela, es muy difícil que, tanto la voz como los cuerpos de las mujeres puedan encarnar la libertad por derecho. Hoy más que nunca es visible que para ser libres las personas necesitan garantías mínimas que hoy en el país caribeño no existen.
En este escenario, diferentes colectivos feministas simpatizantes al régimen de Nicolás Maduro, entregaron una propuesta de legalización del aborto a las afueras del Palacio Legislativo de Venezuela, específicamente a la Comisión de los derechos de las mujeres por la igualdad y la equidad que se encuentra dentro de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Este documento encierra como propuesta de ley la garantía del acceso a métodos anticonceptivos gratuitos para hombres y mujeres con énfasis en el sistema de salud pública, la atención en hospitales, educación sexual desde la infancia y aborto legal, seguro y gratuito. Estos colectivos abogaron por la construcción de un socialismo feminista dentro de la reforma de la constitución vigente. Como nota de color se puede decir que esta propuesta está tan descontextualizada que ni siquiera la iglesia se opuso.
¿Aborto en la Venezuela de hoy?
La propuesta de ley, inconsulta, no debatida por los diferentes actores sociales, lejos de convocar a organizaciones históricas en el trabajo sobre el tema como Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAFAM) o La Asociación Venezolana para una Educación sexual alternativa (AVESA), levantó división, suspicacia, y desolación ¿puede hablarse de garantías mínimas de salud, necesarias para hablar sobre el aborto en la Venezuela de hoy? ¿Puede hacerse una propuesta como esta sin hablar de la realidad de crisis humanitaria que atraviesa el país?
Para responder estas inquietudes es necesario pasearnos por dos puntos claves que nos darán un marco para la reflexión. En principio, vale la pena mencionar el contexto, sorprendentemente ignorado por estos colectivos, que sirve de paraguas para esta propuesta; para ello entrevistamos a Magdymar León Torrealba Coordinadora Ejecutiva de AVESA y recurrimos a algunos datos esclarecedores que figuran en su artículo La Ola Verde del aborto legal en Venezuela:
¿Es viable en la Venezuela de hoy hablar de abortos legales, seguros y gratuitos?
En el escrito León argumenta: Hoy, junio del 2018, las venezolanas no tienen garantizados el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y parto; el derecho a la educación sexual integral; a obtener información en salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos de planificación familiar; a servicios adecuados de atención de salud que permitan los embarazos y partos sin riesgos; a la autonomía reproductiva; y por sobre todo, los derechos a la vida y la salud. Sólo tres indicadores -reseñados en el informe Mujeres al Límite- bastan para dan cuenta de esta realidad: 1) la escasez progresiva y cada vez más aguda de métodos anticonceptivos de todo tipo que ha sido calculada por la Federación Farmacéutica en un 90%, que se une a una cobertura aproximada del 2% por parte del Estado (…); 2) aumento en un 65% de las muertes maternas para el 2016 de acuerdo a los Boletines Epidemiológicos del MPPS, muchas de estas muertes vinculadas al abortos inseguros; y 3) para el año 2012 – estadística oficial más reciente – los bebés nacidos vivos de adolescentes entre 15 y 19 años alcanzaron el 22%, y en mujeres menores de 15 años fue de 1,2%. No hay nada en el contexto del país que indique que, al día de hoy, estos indicadores hayan disminuido, todo lo contrario, al agudizarse la emergencia humanitaria compleja, las cifras tienden a empeorar.
En la entrevista, León es enfática y frente a la pregunta sobre la viabilidad de la propuesta nos dice que: “Hoy no es sostenible esa propuesta, la garantía o implementación la veo complicada por el profundo deterioro de la infraestructura de salud en el país, la ausencia de personal médico y falta de medicamentos e insumos. La garantía del derecho está severamente cuestionada. Definitivamente para que este se implemente tendría que estar garantizada la infraestructura y los recursos porque si no, no es posible. Sin misoprostol y métodos anticonceptivos no es posible”.
Al mencionar el contexto de esta propuesta, partimos del estado deplorable del sistema de salud en el país para ampliar el margen y poner el acento en sus instituciones democráticas. Hoy en día la democracia en Venezuela está muy cuestionada, las instituciones serviles a la gestión de Nicolás Maduro persiguen a la disidencia e ignoran las mayores problemáticas que atraviesa el país. Una de las instancias más señaladas por diferentes actores nacionales e internacionales por su ausencia de legitimidad es la ANC, espacio al que estos colectivos entregaron la petición.
En este sentido, León comenta: “La institución a la que están acudiendo es hoy en día sumamente cuestionada y por este motivo otros grupos no nos sumamos. AVESA por ejemplo no se suma porque desde la organización, públicamente, cuando nos invitaron a participar, dimos respuesta argumentando que no estábamos de acuerdo con la legalidad de la institución. Los colectivos afectos al gobierno como Tinta Violeta, La Araña Feminista, la Red por el aborto seguro que vienen tiempo trabajando en incidencia en la ANC, creen y le dan legitimidad a esa institución y su propuesta va dirigida a incorporar el tema del aborto en la supuesta nueva constitución que la ANC está elaborando. Ahí tenemos muchas diferencias (…) Dudo que esto sea un debate que deba ser llevado a una nueva constitución, empezando porque, al menos desde AVESA, no pensamos que Venezuela necesite en este momento una nueva Constitución. El marco de la que se tiene actualmente es suficiente para despenalizar y legalizar el aborto. No hay que pelear una nueva Constitución, hay que pelear una modificación del Código penal donde sí está claro.
Es una lástima que el fanatismo cegador pierda de vista la realidad que atraviesa hoy en día la población venezolana. Mientras tanto, muchas mujeres seguirán muriendo mientras paren, abortan, se resfrían o convulsionan, sin importar cuantas palabras estén escritas en papeles verdes, violetas o rojos color sangre.
Para un verdadero debate, por condiciones seguras para vivir y abortar en Venezuela, debemos empezar por superar la crisis que tiene en vilo al país.
Venezuela 
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