En los últimos meses han salido a la luz varios reportajes sobre las zonas de inmigrantes haitianos en República Dominicana que señalan que existe una prevalencia alarmante de infección por VIH y que aseguran que es debido al trabajo sexual y la explotación sexual que abunda en dichas comunidades; las niñas empiezan a ser explotadas sexualmente desde los 11 años, sin ningún tipo de asistencia sanitaria; muchas de ellas están embarazadas y tienen VIH, según un informe periodístico emitido el año pasado. Los datos oficiales sobre la infección que deben dar cuenta de la situación específica de estas poblaciones son esquivos.
Con el interés de dar a conocer esta situación, Corresponsales Clave visitó algunas de las zonas más afectadas para recoger el sentir de las mujeres haitianas, principalmente en cuanto a salud sexual.
Migración, trabajo sexual y explotación sexual
Poco se han mostrado y analizado las razones que empujan a las jóvenes al trabajo sexual y a la explotación sexual, colocándolas en mayor riesgo de infección por VIH ya que no tienen ningún tipo de educación (generalmente dejan la escuela), acceso a tecnologías de prevención, y no siempre son conscientes de los peligros a los que se exponen. Muchas no conocen otra forma de vida, son indocumentadas, desertaron de las escuelas -donde apenas se alfabetizaron-, provienen de familias numerosas donde los padres y madres tampoco pueden proveer una vida de calidad, o quienes inclusos las animan a buscar ingresos extras en el trabajo sexual.
Corresponsales clave pudo comprobar el caso de dos menores de 13 y 15 años de edad quienes aseguran que llevan más de dos años en esta situación porque su padre falleció y deben mantener a la madre y el resto de los hermanos, sus declaraciones podrían sugerir que la explotación sexual se habría iniciado desde el hogar. Al preguntarles sobre el uso del condón como método para evitar la infección por VIH o cualquier otra ITS, solo una se atrevió a responder que lo único que le preocupa es salir embarazada y que usa la píldora del día después. “Eso del sida, yo se que existe pero uno sabe con quién hace sus cosas, aquí hay muchos hombres que dicen que tienen eso pero yo veo que se mantienen bien… a veces es para que uno se quite del medio, además, cuando es sin condón pagan más”, expresó una de las menores de edad que vive en el Batey Palamara, una comunidad situada al oeste de la ciudad de Santo Domingo.
En busca de mayor información, se conversó con las licenciadas Cristiana Luis Francisca y Jenny Carolina Morón, respectivamente presidenta y coordinadora del departamento legal del Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), institución que trabaja de cara a las necesidades de las mujeres dominico-haitianas desde hace 32 años y se involucra en todos los temas vinculados a violación de derechos humanos de su población base.
Refiriéndose al tema, Morón puntualizó que “no estamos solo frente a la situación del trabajo sexual voluntario, también enfrentamos la trata de mujeres dentro de las mismas comunidades de inmigrantes, sobre todo en aquellas que por una u otra razón tienen flujo turístico. Hace un año, en una zona que trabajamos se perdieron tres niñas de 8, 9 y 12 años, la comunidad se dispersó a buscarlas y fueron encontradas a escasos metros de sus casa; habían sido encerradas por miembro de la comunidad y las explotaba sexualmente con clientes que se desplazaban desde otras demarcaciones”.
Estas historias se repetían, una y otra vez, en las cinco comunidades bateyanas (asentamientos humanos de migrantes haitianos que suelen trabajar en la cosecha de caña de azúcar) que visitamos para realizar este informe. En dos familias, de cinco entrevistadas, hay una historia de explotación sexual o trabajo sexual. La realidad nos golpea con fuerza y nos deja con una serie de interrogantes sin respuestas.
Identidad haitiana sin respuesta en territorio dominicano
Para muchos miembros de la sociedad civil y tomadores de decisiones, el problema de los descendientes haitianos no es responsabilidad del Estado dominicano, y el Estado haitiano tampoco asume su cuota de compromiso con sus nacionales para facilitarles los documentos que les permitan regularizar su situación migratoria, no existe voluntad política en las dos naciones divididas por una línea imaginaria.
En este contexto, persiste la carga social hacia las mujeres, recae sobre sus hombros la responsabilidad de la familia, la educación y el sustento de la misma, la mayoría de las veces, sin importar los riesgos que esto implique para su salud.
La presidenta de MUDHA, Cristiana Luis, dijo estar esperanzada en que el Estado dominicano acate la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que devuelve la ciudanía a varios de sus miembros que les fue arrebatada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la sentencia 168-13 (2013) y desarrolle mecanismos bilaterales con Haití para poner fin a esta situación irregular y los cientos de miles de haitianas residentes en república dominicana puedan tener una vida digna que les permita elevar su condición de vida y dejar de ser vulneradas por la sociedad.
Sin documentos no hay salud
En medio de este acercamiento a las comunidades de los bateyes, Corresponsales Clave conoció una denuncia -a través de MUDHA- que señalaba que algunas personas reciben un carnet otorgado por migraciones, de carácter transitorio y que no permite hacer ninguna actividad civil como enviar y recibir dinero o cualquier otra acción que requiera un documento de identidad; en el caso de la mujeres que dan a luz, este documento (el único con el que cuentan) no sirve para registrar a sus recién nacidos. Desafortunadamente, desde Corresponsales Clave, no se logró conversar con ninguna de las personas afectadas por esta situación.
La vida de hombres y mujeres inmigrantes es particularmente preocupante si se trata de personas en edades reproductivas porque sus hijos serán indocumentados y, si tienen VIH, se verán doblemente afectados por tener que desplazarse constantemente en busca de asistencia médica. Aunque vale la pena resaltar que el estatus legal no es una condición para recibir atención médica o antirretrovirales, el temor se apodera de los y las migrantes que no se sienten en libertad de transitar por el país y se exponen a la deportación si buscan asistencia médica.
Migración y transmisión vertical
Como señalamos líneas arriba, la irregularidad de las condiciones migratorias expone a las mujeres en edad fértil a deficiente atención en salud, peor aún si se trata de la atención para la prevención de la transmisión vertical.
Corresponsales Clave habló con Virgile Almartha, una mujer haitiana inmigrante que solía vivir en una lejana provincia. En el hospital del lugar tuvo cinco partos, tres de ellos gemelares. Según cuenta, fue diagnosticada con VIH en su último embarazo y esto cambió su mundo y el de su familia; su embarazo llegó a término, no le programaron ni practicaron una cesárea y no recibió medicamentos antirretrovirales, por lo que uno de sus gemelos que estuvo expuesto al virus tiene diagnóstico positivo. Consciente de que no fue tratada adecuadamente, se mudó hace casi cuatro años a la capital, Santo Domingo, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Con sus niños en brazos llegó buscando asistencia a la Unidad de Atención Integral del Hospital Doctor Vinicio Calventi, fue acogida y estabilizada, tanto ella como el bebé.
Al visitar en las últimas semanas la casa de la señora, corrieron a mi encuentro siete de sus hijos en busca de golosinas; faltaba uno, Eugenio*. “Lo mande a Haití con su abuela, no tiene papeles ni seguro de salud, se gasta dinero en análisis y pasajes para ir al médico y yo no tengo”, comentó Virgile. No se tiene certeza respecto de si Eugenio recibirá la atención que requiere y los antirretrovirales a través de los servicios públicos o algún otro programa financiado por la cooperación internacional en Haití.
Situaciones como estas demandan acciones inmediatas y rápidas que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos, protegiendo los derechos a la educación, a un techo y a la salud. Que pasa por garantizar el derecho a la identidad y a una nacionalidad.
Entrevistamos al respecto a la doctora Ana Teresa Rodríguez, experta en VIH y con experiencia de trabajo en el tema en varios países de la región, quien dijo entender la importancia de que existan grupos de vigilancia y que la sociedad civil se organice para exigir con mayor fuerza al estado que se cumplan con los derechos ciudadanos. “Hay proyectos binacionales a nivel de agencias que se han planteado pero ninguno ha sido aprobado aun”, agregó la doctora.
Se hace urgente que ambas naciones se unan para buscar una salida que elimine cualquier tipo de discriminación étnica, racial o por origen nacional. Para lograrlo es necesario trabajar sobre la base del respeto pleno de los derechos humanos. República Dominicana tiene una deuda con la migración haitiana que debe saldar, ello contribuirá a reconocer la identidad de las personas haitianas residentes en el país y a partir de ahí, garantizar los demás derechos.
República Dominicana 
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