El pasado 26 de abril los responsables del Observatorio Comunitario brindaron una conferencia de prensa y un informe de actividades de los sus 7 años en el auditorio del Defensor del Pueblo en la ciudad de Cochabamba – Bolivia.
Con la presencia de varios medios de prensa, activistas de derechos humanos, representantes de los centros de salud y representantes de las organizaciones comunitarias, Marioli Alvarez, delegada defensorial en Cochabamba inició la actividad y dio paso al informe de actividades a cargo de Karina Rojas, Luis Fernando Cáceres del IpDH.
El Observatorio Comunitario (OC) emergió como una herramienta para la defensa de los derechos humanos de las Personas que Viven con VIH (PVV) y las poblaciones vulnerables a esta epidemia, representando una colaboración sin precedentes entre la delegación defensorial local y el Instituto para el Desarrollo Humano (IpDH- Bolivia). El OC permite gestionar los reclamos y denuncias referidos a los obstáculos que impiden el acceso a la atención integral en salud de las personas con VIH, comunidad LGBTIQ y trabajadoras sexuales mujeres, varones y trans.
Actualmente el OC cuenta con un equipo técnico cualificado de la oficina del Defensor del Pueblo y del IpDH y 12 voluntarios formados y comprometidos que se encuentran presentes y claramente identificados en los establecimientos de salud reciben las denuncias y además brindan información a las PVV, sus familiares, amigos, personal de salud. Los observadores comunitarios operan como un puente entre las comunidades afectadas y las autoridades pertinentes, asegurando que las denuncias de vulneración de derechos sean atendidas y que se tomen medidas concretas para abordarlas.
Desde el año 2017 se han atendido 111 denuncias formales, 82% de estas provenientes de personas que viven con VIH, 15% de las población LGBTIQ y 3% de trabajadoras sexuales. El 49% de estas denuncias refieren maltratos en centros de salud, 26% discriminación en la familia, 14% discriminación en la fuente laboral y el 11% en otros espacios como centros educativos, la calle, etc.
El OC pone en evidencia el trabajo que falta por realizar en los centros de salud para garantizar la dignidad y derechos de las PVV y poblaciones afectadas, llama la atención que el 18.2% de las denuncias ocurren justamente en el Centro de Vigilancia Epidemiológica (CDVIR), ente encargado de la atención y distribución de medicamentos para las PVV, a pesar de contar con un personal de salud -en teoría- sensibilizado y experto.
Luego de recibidas las denuncias, el IpDH y la oficina del Defensor del Pueblo se ocupan de las mismas, siendo atendidas por el Defensor aquellas que ocurrieron en el ámbito público, y por el IpDH las que sucedieron en el ámbito privado y de la familia.
Karina Rojas afirmó, durante la conferencia de prensa, que la mayoría de las violaciones de derechos a las PVV y poblaciones afectadas no llegan a ser denunciados debido al estigma, discriminación y temor a represalias, sin embargo, los 111 casos atendidos en estos años resultan siendo ejemplificadores y hacen eco en la sociedad.
Posteriormente, los observadores comunitarios voluntarios tomaron la palabra y respondieron las preguntas. La observadora Patricia Salguero manifestó su satisfacción por su labor voluntaria y destacó que el OC se ha convertido en una fuerza impulsora para el cambio, destacando casos de maltrato, hacinamiento hospitalario y otras formas de violación de derechos. Jhoselin Cano informó que su labor no se limita a la recepción de denuncias, sino que también incluye campañas de prevención, capacitación del personal de salud, e incluso incidencia política para la firme defensa de la inclusión de presupuestos para actividades de prevención y atención en los municipios.
El observador José Mejía destacó que esta labor, aunque desafiante, ha generado resultados tangibles en la vida de personas además de la sensibilización de la sociedad y la coordinación efectiva con organizaciones comunitarias de la sociedad civil.
Luis Patzi, subdirector del Hospital Viedma, presente entre los invitados, manifestó su alarma por los altos casos de denuncias en los hospitales de tercer nivel, e informó que en el último año han hecho un trabajo de capacitación y sensibilización para evitar denuncias a su personal, y destacó la labor de los voluntarios por su colaboración con los pacientes.
El delegado adjunto del Defensor del Pueblo para Derechos Humanos de poblaciones vulnerables y conocido activista, Ronald Céspedes, se conectó virtualmente desde la ciudad de La Paz y felicitó a todos los presentes y realizó varias preguntas concretas y técnicas sobre el funcionamiento del OC, considerando la necesidad de replicar esta experiencia en otros departamentos de Bolivia. Asimismo, manifestó su interés por la experiencia en cárceles, ya que desde el 2021, el OC apoya la realización de la Semana Internacional de la Prueba, y ha llegado a más de 5 cárceles con pruebas de VIH y otras ITS.
Karina Rojas, comunicó que el camino no ha estado exento de obstáculos, ya que se requiere financiamiento para el desarrollo de actividades, y a medida que las vulneraciones aumentan, la necesidad de recursos adicionales se vuelve aún más urgente.
Marcelo Cartagena, representante departamental de la REDBOL (Red de Personas que Viven con VIH en Bolivia) destacó el trabajo del OC en un mundo donde la discriminación y el estigma siguen siendo una realidad para muchas personas, “el Observatorio Comunitario garantiza una sociedad más justa e inclusiva para todos”, afirmó.
Entre el balance de logros y desafíos, Marioly Vargas se comprometió a compartir los informes y la experiencia con el delegado adjunto Ronald Céspedes y a explorar conjuntamente con el IpDH la posibilidad de llevar al OC a nivel nacional considerando que el impacto de la experiencia trasciende al departamento de Cochabamba.
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