En las últimas semanas, activistas y organizaciones de la sociedad civil peruana y de América Latina han celebrado la oficialización de la oferta desde los servicios públicos de un paquete de prevención del VIH que incluirá PrEP y que deberá llevarnos hacia la reducción de nuevos casos de esta infección.
La prevención combinada es el “conjunto de programas comunitarios fundamentados en los derechos y la evidencia que promueve una combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales, diseñadas con el propósito de satisfacer las necesidades de prevención de la infección por el VIH de personas y comunidades específicas”, según la definición de ONUSIDA.
El 16 de junio el Ministerio de Salud (MINSA) publicó oficialmente la Norma Técnica de Salud “Prevención Combinada del Virus de Inmunodeficiencia Humana para poblaciones en Alto Riesgo” luego de al menos tres años de discusiones y revisiones en distintos niveles del aparato estatal.
Esta nueva norma motivó al menos dos reuniones para su presentación y discusión entre actores de la respuesta al VIH de la ciudad de Lima y de todo el país. La primera fue organizada en las instalaciones del Ministerio de Salud, el 28 de junio, y contó con la presencia de la entonces viceministra de salud, Karim Pardo, quien destacó la relevancia de la norma para cambiar el rumbo de la epidemia en el Perú.
Durante esta primera reunión, Carlos Benites, Director Ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de VIH/Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis, presentó las generalidades de la norma, destacando que en el plazo inmediato se centrarán en alcanzar la meta de 300 personas que reciban el paquete completo de prevención y reciban la profilaxis pre exposición (PrEP) y señaló también que para el 2024 se planea llegar a todas las regiones del país a través de 100 establecimientos de salud.
En el panel de discusión, Andrea Boccardi, directora de ONUSIDA para Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, celebró la promulgación de la norma aunque criticó la débil presencia de las comunidades en el desarrollo de la misma y en la ceremonia de presentación.
Por su parte, Jorge Sánchez, director de la Asociación Civil Impacta, dijo que era “un día histórico” para el país y recordó que la PrEP nació en Perú, con un estudio multicéntrico. Además, señaló que la evidencia que respalda la PrEP es vasta y que ahora es importante continuar con más investigación que guíe la implementación, que recoja información sobre la adherencia, por qué las personas interrumpen o suspenden un método de prevención.
Entre los comentarios de los asistentes, miembros de las comunidades señalaron la importancia de trabajar por la eliminación del estigma y la discriminación en los establecimientos de salud, una barrera significativa para la atención, y la garantía de la gratuidad de los servicios de prevención para personas que no necesariamente se encuentren en situación de pobreza extrema y cuenten con el seguro integral de salud.
La segunda reunión fue organizada el 10 de julio por el Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento de Antirretrovirales (GIVAR) y el Despacho de la Congresista Susel Paredes Piqué; un conversatorio que contó con una participación más amplia de la sociedad civil y, en particular, de las comunidades.
Luego de la presentación de Carlos Benites sobre los alcances de la norma, Patricia Bracamonte, oficial de Información Estratégica de ONUSIDA, destacó la importancia de que los establecimientos de salud y los servicios cuenten con Paquetes de prevención que puedan mejorarse conforme a las evidencias que puedan surgir y complementarse con otras intervenciones, que se cuente con una consejería integral que presente a las y los usuarios con todas las alternativas disponibles para prevenir la infección del VIH y otras ITS y que se prevea una articulación con las comunidades que permita llegar a las poblaciones más expuestas.
En cuanto a la implementación de la PrEP, Bracamonte señaló que debe asegurarse el cálculo de metas para garantizar la provisión de PrEP de manera rigurosa, alinear el seguimiento de personas en PrEP con las recomendaciones de la OMS y contar con un instructivo para la encuesta de valoración del riesgo sustancial que permita una decisión informada en los usuarios en el uso de cualquiera de las alternativas de prevención.
También estuvo presente Fernando Cisneros como representante de ALEP quien señaló que “el éxito de este enfoque depende de un fuerte compromiso político y que sea totalmente financiado (…), además requiere que se tome en cuenta aspectos estructurales como abolir o modificar las legislaciones que discriminan y criminalizan a las personas con VIH y las poblaciones clave, poner fin a las desigualdades económicas y sociales que ponen obstáculos al acceso, que (la estrategia de prevención combinada) se base en evidencia científica y desarrolle fuertes sinergias multisectoriales”.
También dijo que era de mucha importancia garantizar el cumplimiento de la norma en los otros subsistemas de salud; tanto Essalud, como las FFAA y policiales, e inclusos los servicios privados deben tener conocimiento de esta norma y adecuar sus servicios para cumplir con ella.
Asimismo, expresó su preocupación por las debilidades del sistema de suministro de medicamentos y alentó a reactivar mecanismos adicionales de vigilancia ciudadana para hacer seguimiento cercano al abastecimiento de medicamentos.
Marlon Castillo, coordinador de GIVAR y uno de los impulsores de esta última reunión, dijo que han hecho esfuerzos y actualizaciones necesarias para monitorear la implementación de la estrategia de prevención combinada.
Dada la experiencia de Perú en la implementación del piloto ImPrEP, Eduardo Juárez, quien fuera asesor comunitario destacó algunos puntos relevantes de aquella implementación. En primer lugar, los usuarios de la profilaxis pre exposición durante el piloto señalaron como un aspecto a mejorar la demora en la atención, principalmente en las fechas que se requieren hacer exámenes de laboratorio y se debe pasar de un servicio a otro. El horario limitado de los servicios de salud, de lunes a viernes y en horario de oficina, fue resaltado también por Juárez.
Un aspecto clave que destacó el experto comunitario fue la información recibida por los usuarios y la confianza y la seguridad percibida en los prestadores de los servicios; en muchos casos, el personal de salud no brindaba seguridad y confianza a los usuarios sobre el uso de la PrEP, lo que pudo haber contribuido a un menor uso de la PrEP.
Finalmente, las expresiones de estigma y la discriminación fue mencionado por Juárez como un aspecto a tomar en cuenta en la implementación de la estrategia, aunque no se mostró evidencia de su impacto en el uso de la PrEP.
La Congresista Susel Paredes, aliada del movimiento por los derechos de las personas LGTBIQ+ y comprometida con la respuesta al VIH, señaló que desde su rol continuará vigilante con la implementación de la prevención combinada así como otros servicios de salud que contribuyen a alcanzar las metas de eliminar el sida como un problema de salud pública para el 2030.
Perú 
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