Totalmente desasistida por parte del Estado venezolano y a merced de la violencia de los grupos armados, se encuentra la población de la comunidad LGBTIQ+, (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y otros) en los estados fronterizos de Venezuela, enfrentando no solo el desamparo estatal y la discriminación, sino también el asedio y la intimidación de las agrupaciones criminales de esas latitudes.
Según la última investigación publicada por FundaRedes, titulada “Estado venezolano y guerrilla vulneran derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en la frontera”, a pesar de los avances en materia de derechos humanos en varios países, la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela sigue siendo discriminada y sometida a diversas formas de violencia.
“La falta de políticas públicas inclusivas y la inacción institucional permiten tratos estereotipados y prejuicios que inciden en la impunidad”, afirma el estudio.
Para la ONG defensora de DDHH la falta de protección legal y social contribuye a la marginalización y el sufrimiento de personas LGBTIQ+ que a menudo se ven obligadas a vivir en el anonimato o a emigrar en busca de un entorno más seguro.
“Así como se ven afectados por la falta de garantía y respeto a sus derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado venezolano, los que residen en la frontera se sienten en doble peligro por la presencia de grupos armados irregulares que imponen normas restrictivas de género y hacen “limpiezas” que afectan especialmente a personas LGBTIQ+, generando un clima de miedo y opresión”, destaca el informe.
FundaRedes recopiló varios testimonios en el municipio Fernández Feo del estado Táchira, que dejan en evidencia las prácticas de violencia ejercidas por los grupos armados a las que se exponen la población LGBTIQ+: “Aquí hay un grupo guerrillero llamado ELN, ellos son responsables de que el pueblo siga los parámetros ‘normales’, aunque ya tiene tiempo sin pasar nada, uno anda con miedo todo el día, todo lo que uno hace, (ellos) creen que está mal”.
Cada cierto tiempo – señaló el informante- la guerrilla del ELN difunde un comunicado en el que aseguran que harán “limpieza en el pueblo», la cual consiste en llevarse o incluso desaparecer a personas en estado de ebriedad que deambulan por las calles, personas de la calle, adictos a drogas, trabajadoras sexuales y homosexuales.
El Estado en deuda
La publicación destaca que la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela requiere un enfoque integral que aborde tanto la discriminación y la violencia como las barreras estructurales que están presentes: “Es fundamental que se tomen medidas urgentes para proteger los derechos y la seguridad de estas personas, incluida la implementación de políticas de no discriminación, la creación de mecanismos de denuncia accesibles y efectivos, y la sensibilización de funcionarios públicos y la sociedad en general sobre la importancia del respeto a la diversidad sexual y de género”.
En Venezuela – refiere- no existe una ley integral que proteja a la población LGBTIQ+ ni leyes diferenciadas ni menciones aparte en los instrumentos legales existentes para proteger los derechos de la comunidad, como por ejemplo penalizar los crímenes de odio de manera que las víctimas obtengan justicia sin discriminación.
“Los avances normativos logrados han sido aislados y, en todo caso, se enfrentan a obstáculos sistemáticos para su implementación. Es decir, la población LGBTIQ+ está desprotegida por la legislación venezolana. No obstante, los derechos de la población LGBTIQ+ son derechos humanos y, por tanto, encuentran asidero transversal en la Constitución”, asegura la organización.
En el caso de las poblaciones en frontera con Colombia – según la investigación- los grupos armados irregulares imponen sus normas e infunden temor con su presencia cada vez más expansiva y activa pese a que las autoridades están en conocimiento de sus operaciones, “ante este escenario, las personas LGBTIQ+ están ante una doble vulneración debido a la inacción del Estado para frenar la actuación de los grupos armados y proteger sus derechos”.
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