Por Pablo Anamaría.-
En los últimos años, el monitoreo comunitario o monitoreo liderado por la comunidad ha mostrado su impacto en la mejora de la disponibilidad de servicios en salud para las personas que viven con VIH en varios países de América Latina y, en particular, en Venezuela.
Entendido como un marco de acción que involucra a las comunidades directamente afectadas en el recojo, sistematización, y uso de información sobre la calidad, disponibilidad, asequibilidad y oportunidad de los servicios de salud ofrecidos en el país, el monitoreo liderado por la comunidad (MLC) ha concitado el interés de diversos donantes como, PEPFAR en Centroamérica, y más recientemente, del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria, a través de las subvenciones nacionales y regionales.
Todavía siguen pendientes algunas preguntas respecto de si funciona el MLC, si es sostenible y si produce resultados.
Con el apoyo de ONUSIDA, desde Corresponsales Clave y la Plataforma VIH 2025 se recogieron algunas experiencias implementadas en la región, que presentaremos en entregas sucesivas. A las organizaciones identificadas como implementadoras de MLC se le hicieron algunas preguntas sobre su proceso y resultados.
Alberto Nieves, Director de Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) de Venezuela, nos relató como el monitoreo comunitario que ACCSI realiza desde 1997, al amparo del Mandato constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien ordena al Ministerio de Salud a entregar los tratamientos antirretrovirales (TARV), medicinas para infecciones oportunistas, realización de exámenes de laboratorio y toda la atención integral a los venezolanos y extranjeros residentes en el país, fue evolucionando y respondiendo a las necesidades de las personas con VIH.
A partir de 2009 se publicaron y difundieron los primeros informes sistemáticos sobre la situación del acceso a los TARV y la atención en VIH hasta que, en 2016, el Ministerio de Salud informó a la sociedad civil de VIH que no contaban con los recursos para comprar los ARV para las personas con VIH en Venezuela. Desde ese momento, los informes comunitarios fueron presentados al Fondo Mundial para solicitar ayuda humanitaria y, como resultado de esto y la movilización regional, en 2018, el FM decidió otorgar al país recursos del Fondo de Emergencia por 3 años. Eso los impulsó a “profesionalizar” el sistema de monitoreo comunitario, identificando indicadores no solo de VIH, sino también de salud integral, incorporando tecnologías de información (sistemas de recolección de data con KoboToollbox y celulares inteligentes) y desarrollando tableros de control.
Desde 2022, su sistema ha incorporado indicadores de tuberculosis y coinfección TB/VIH. En este momento, ACCSI está por publicar los datos sobre la situación de la TB y coinfección TB/VIH (estudio de caracterización de la situación, dashboards, directorios de servicios de consultas, farmacias y laboratorios).
Los resultados son evidentes, esta tarea ha visibilizado la situación del acceso a la atención y tratamientos en el país y ha logrado que el Fondo Mundial y otros organismos multilaterales otorguen recursos de urgencia para salvar a más de 60.000 personas con VIH y otro tanto de personas con TB en Venezuela entre 2019 a 2022, aumentándose la cobertura del TARV de 16% en el año 2018 a un 65% para el año 2022, fortaleciendo a la sociedad civil en el monitoreo y uso de nuevas tecnologías de información y contribuyendo a mejorar la respuesta del tratamiento del sistema público de salud, entre otros.
Sin embargo, como señala Nieves, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, con un fuerte componente de criminalización del trabajo que realiza la sociedad civil: acoso, hostigamiento, persecuciones, abuso de poder, prohibición del monitoreo comunitario a los servicios de atención y tratamientos en VIH y TB, negación del acceso a la información pública en materia de VIH y TB, entre otros, son grandes desafíos que será necesario seguir afrontando.
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