En 2021, el parlamento de Paraguay marcó un hito en el continente al promulgar una Ley Nº 6781 que garantiza los derechos humanos de las personas con tuberculosis (TB). Ahora, este proceso avanzó con la firma de un reglamento que ayudará a la implementación de esta normativa que tiene ejes en las poblaciones clave como personas privadas de libertad y pueblos indígenas.
Sin duda, el rol de la Asociación Alientos de Vida (ALVIDA) ha sido fundamental en ambas tramitaciones. Corresponsales Clave conversó con Zulma Unzaín, directora de esta organización, y con Sarita Aguirre, médica jefa del programa nacional de control de TB (PNCT), para conocer los mecanismos de seguimiento dispuestos para la sociedad civil que le permitirán estar atentos al cumplimiento de este nuevo marco legal para responder a la pandemia.
Unzaín manifestó que “esta reglamentación es un testimonio del arduo trabajo y la colaboración entre las autoridades de salud, la sociedad civil, especialmente del PNCT, el Frente Parlamentario de TB de la Cámara de Diputados, ALVIDA y ALTER VIDA. Especial mención hacemos a la Coalición de TB de las Américas y a la Organización Panamericana de la Salud”.
Agregó que ALVIDA velará por el cumplimento de la ley y del reglamento a través de una campaña de información en formato amigable para las poblaciones clave, lo que incluirá el uso de lenguas indígenas. “Buscaremos todos los medios económicos y estratégicos para poder trabajar en un plan de difusión de la ley y su reglamentación”, enfatizó.
En ese contexto, exhortó a todos los actores involucrados a seguir fortaleciendo la normativa y los servicios de salud; a asignar un presupuesto adecuado para el diagnóstico y tratamiento; y a trabajar en mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas afectadas y sus familiares.
La jefa del PNCT de Paraguay manifestó que la ministra de salud, María Teresa Barán, dio impulso a la tramitación del reglamento, que entró en vigor el 29 de enero, y valoró los aportes de sociedad civil y el apoyo del diputado Pastor Vera, co-presidente del Frente Parlamentario de TB en el logro de este objetivo.
La médica Aguirre dijo que la primera tarea de la implementación del reglamento es constituir la Comisión Nacional de la Tuberculosis (CONATB), antes del 29 de febrero. Confirmó que esta instancia incluirá a representantes de sociedad civil y de distintos ministerios, incluidos los vinculados a justicia y a protección social.
Respecto al impacto de la ley de TB, la personera comentó que permitirá asegurar el diagnóstico, el tratamiento de las personas y la atención integral, incluida la salud mental; enfrentar con campañas y capacitación el estigma y discriminación de las poblaciones afectadas y del personal de salud; y reforzar el acceso a las canastas alimenticias y a los programas de protección social a través de las fichas sociales.
De acuerdo con Alberto Colorado, director ejecutivo de la Coalición de TB de las Américas, Perú, Argentina, Paraguay, Honduras y Panamá ya cuentan con leyes para responder a esta enfermedad; y los parlamentos de Colombia, Guatemala, El Salvador y Bolivia tienen en tramitación normativas similares que podrían ser promulgadas próximamente.
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