En estos últimos tres meses, diversos ataques de neonazis azotan las ciudades costeras de Miramar y Mar del Plata. Las fotos de los sujetos que cometen estos actos de agresión son difundidas en las redes sociales pero parece que no hay una voz, ni en la política ni en los juzgados ni en los medios masivos de comunicación, que ayude a las víctimas.
El lunes 14 de marzo, Lautaro Blegio, joven activista LGBT, salía de su “último primer día” de escuela en la ciudad de Miramar, cuando lo interceptó un auto. Lo encapucharon, lo llevaron a un vivero, lo quemaron con cigarrillos, le pegaron brutalmente, le tajearon los brazos con unas navajas y le hicieron una cruz en el pecho “donde le iban a pegar un tiro”, según palabras de los victimarios. Finalmente, lo dejaron tirado ahí. Lautaro acusa a unos policías de cometer este acto. Este hecho nos recuerda claramente el ataque que llevó a Daniel Zamudio, en Chile, a su muerte y de la que, debido a su repercusión en los medios masivos de comunicación, surgió la ley antidiscriminación en aquel país.
Situaciones como esta, en las ciudades de la costa del mar argentino, están sucediendo con una frecuencia cada vez mayor: para nombrar solo una, semanas atrás, un local bailable de la ciudad de Mar del Plata amaneció con pintadas de esvásticas y amenazas hacia su dueño, también un activista LGBT.
El silenciamiento y vaciamiento de los medios masivos de comunicación, que propone el nuevo gobierno argentino sumado a una ultraderecha que cada vez gana más adeptos, hacen de la coyuntura argentina un escenario de temor para los activistas por los derechos de la comunidad LGBT, así como de defensores de los derechos sexuales y reproductivos.
Hacía mucho tiempo que el colectivo LGBT no vivía con miedo. La visibilización de ciertos actores sociales en los últimos seis años y el avance en materia de derechos nos hicieron olvidar ciertas prácticas que buscan, sobre todo, el amedrentamiento de las libertades individuales.
Como dije en un artículo del año 2014: el gran problema que atraviesa Argentina en materia de derechos es que, durante la anterior gestión gubernamental, se avanzó mucho a nivel formal (como la ley de matrimonio igualitario, de educación sexual integral y de identidad de género) pero poco a nivel real. Es decir, todavía faltaría mucho trabajo en el territorio para dar cuenta de una concientización real de los derechos adquiridos.
El actual gobierno abrió sus primeros tres meses de gestión despidiendo por mail a trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Situación que agrava aún más la brecha entre los derechos adquiridos en forma legal y la aplicación real de los mismos. Esta paralización del organismo demuestra también el total desinterés por las políticas públicas que ayuden a disminuir la discriminación.
La situación argentina se convierte así en un laberinto sin salida del que, los que somos activistas, nos cuesta entender muy bien cuáles son las políticas inclusivas que este gobierno llevará a cabo.
Quizás sea el momento de, como comunidad LGBT, realizar una autocrítica sobre estos últimos seis años de lucha y proponer cuáles son nuestros objetivos en este panorama nacional; que no promete grandes progresos en materia de derechos sino todo lo contrario y en el que habrá que defender los derechos adquiridos.
Argentina 
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