Con los objetivos de crear un espacio para compartir experiencias exitosas e información y experiencia reflexión, análisis y debate sobre el acceso, evaluación, gestión y financiación de los medicamentos en la región de las Américas, se inició ayer en San Salvador el III Foro Internacional de Evaluación y Acceso a medicamentos: la Propiedad Intelectual como determinante del Acceso, organizado por el Ministerio de Salud, Public Citizen e Ifarma, con la participación de expertos y expertas de distintos países de Centroamérica y la Región Andina.
Las discusiones de la primera mañana se orientaron a discutir principalmente la situación del acceso a medicamentos en la región, resaltando algunas alternativas de solución para los problemas de abastecimiento.
Al respecto, Edgar Carrasco, representante de la Asociación Estratégica para la gestión de la cadena de suministro (PFSC por sus siglas en inglés), describió brevemente la situación del acceso a medicamentos en la región, con énfasis en medicamentos antirretrovirales.
En los dos últimos años, describió Carrasco, diversos episodios de desabastecimientos de medicamentos antirretrovirales fueron recogidos por la prensa e informes de la sociedad civil organizada en distintos países de América Latina, a partir de lo cual se realizaron esfuerzos para recoger la información a través de 13 Programas Nacionales de VIH reunidos en el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal.
Los resultados que mostró Carrasco señalan que en todos los países revisados ha habido situaciones de desabastecimientos y en un tercio de ellos han sido de grandes dimensiones. Un aspecto relevante que se recogió también en esa revisión y que puede explicar parte de los problemas de abastecimiento, es el sistema de compras o los modelos de gestionar las adquisiciones de los medicamentos. El 61% de las adquisiciones es hecho por los Ministerios de Salud y en un 23% lo realiza la seguridad social; 23% de los países realizaron compras de urgencias frente a situaciones de desabasto inminente.
La adecuada, eficaz y eficiente gestión de los medicamentos que salvan vidas, cobra mucha relevancia en el contexto que está viviendo América Latina y el Caribe en cuanto a la transición del financiamiento y sistemas de adquisición que recibían el apoyo de agencias de cooperación internacional, como el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, al financiamiento con recursos públicos (económicos y técnicos) de cada uno de los países.
Los problemas en la gestión de los recursos que devienen en la interrupción de la provisión de los medicamentos, incluyendo los antirretrovirales, fueron resaltados también por Julio Valdez, representante del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social. Valdez señaló que existe corrupción en los sistemas de compras en sus distintos niveles que tiene un impacto importante en la gestión de los medicamentos y que obliga a los países a realizar compras de urgencia que suelen significar una mayor inversión de dinero. Compras conjuntas y la utilización de mecanismos internacionales como el Fondo Estratégico de la OPS, la UNOPS u organismos supranacionales fueron algunas de las alternativas resaltadas para la adquisición y gestión de medicamentos, todo ello en la búsqueda de la optimización de recursos y la eliminación de la corrupción. Acceso a medicamentos y la judicialización Varias de las intervenciones que tuvieron lugar en el primer día del Foro señalaron, con cierta carga negativa, la proliferación de demandas y procesos judiciales contra los sistemas de gobierno y los Estados. Entre los argumentos en contra de la judicialización, se dijo que las sentencias judiciales ponen en riesgo la sostenibilidad económica de los sistemas de salud y, en algunos casos, determinan la provisión de ciertos medicamentos sin sustento técnico, ya que son casos resueltos por jueces que no cuentan con suficiente información.
Sin embargo, aunque existe evidencia que algunas demandas contra los Estados pueden distorsionar los procesos de judicialización y la lucha por la progresividad del derecho a la salud; el uso de los mecanismos judiciales ha sido una forma de controlar a los Estados y hacerlos responsables de garantizar el derecho a la salud.
Así, Jaime Argueta, de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, presentó las experiencias de personas con VIH de Venezuela, Costa Rica y otros países de Centroamérica que gracias a que judicializaron sus casos, pudieron acceder a medicamentos, recuperar su salud y seguir viviendo.
Aunque es pertinente hacer la salvedad que en algunos países la industria farmacéutica multinacional ha sabido utilizar el aparato judicial para presionar a los sistemas a proveer un determinado producto, es importante resaltar que a través de los procesos de judicialización se construye un sistema de regulación entre los poderes que los obliga a dialogar en torno al derecho a la salud y garantizar la atención de las personas. Por ello es necesario capacitar a abogados, jueces, fiscales y grupos de peritajes para lograr «mejores sentencias».
Las experiencias de El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú sobre acceso a medicamentos y propiedad intelectual serán compartidas y discutidas en los dos días de reunión para extraer estrategias que contribuyan a garantizar el derecho a la salud de las personas.
El Salvador 
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