Angie era de origen peruano, tenía 36 años, y hacía 14 que había migrado a la Argentina. Era estudiante de periodismo, se dedicaba al trabajo sexual y era militante política por los derechos de las travestis; pertenecía a la organización OTRANS, a donde iba a las reuniones de los martes. Era también parte de un grupo de chat que contactaba a sus pares cuando la policía se las llevaba detenidas.
Según denunciaron desde OTRANS Argentina a través de un comunicado “Además de recibir insultos, agravios, humillaciones y todo tipo de violencias por parte del personal policial durante su detención, a Angie nunca le fueron provistos los medicamentos que necesitaba y sumado a las condiciones de detención deplorables fue como su salud se deterioró en menos de un mes”. La organización también señaló que Angie “tenía una enfermedad crónica, le habíamos avisado al fiscal, estaba al tanto su defensora, estaba al tanto el juez”.
El medio comunitario, Cosecha Roja, recogió las palabras de la abogada Luciana Sánchez del Colectivo por la Diversidad (COPADI), quien manifestó en referencia a este caso que la detención obedecía a una presunta tenencia de cocaína “(…) Por lo que sabemos la detención fue por una requisa ilegal en la vía pública, con una requisa de desnudo total, con una inspección anal. En alguna parte de su cuerpo, supuestamente encontraron un envoltorio con menos de dos gramos de cocaína. (…) ellos dicen que todas las travestis venden droga y a cualquier movimiento lo llaman maniobras de venta. Eso lleva a que luego le den prisión preventiva de cumplimiento efectivo”, explicó la abogada.
OTRANS denunció que es el segundo fallecimiento de una persona trans en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial de Buenos Aires, esta vez en la Unidad Penitenciaria N° 22 de Olmos. El primer caso se trató de Pamela Macedo Panduro, mujer trans de nacionalidad peruana, quien tras ser detenida en noviembre del año pasado, no recibió la atención médica que necesitaba, lo que provoco su muerte el 1 de enero. Ambas personas han fallecido a disposición del Juzgado de Garantías N° 4, a cargo de Juan Pablo Massi.
Las condiciones de detención en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires violentan las garantías constitucionales y las establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos de las personas de quienes se sospecha han cometido un delito.
En el caso particular de Angie Velásquez, la organización OTRANS Argentina había presentado un habeas corpus correctivo por la agravación de las condiciones de detención, que fue rechazado por el juez de la causa.
El caso de Evelyn Rojas aún sin resolver
La impunidad de los asesinatos de las mujeres trans continúa vigente. Tanto si su muerte sucede en la calle como dentro de las instituciones del Estado.
En octubre del año pasado publicamos otro caso, el de Évelyn Rojas, quien fue asesinada en la ciudad de Misiones.
El Juez de Instrucción N° 3 de la Provincia de Misiones, Luis Verón, imputó a un joven de 25 años como presunto autor del homicidio calificado de Evelyn Rojas, asesinada en octubre de 2016. Si bien el imputado del crimen se abstuvo de declarar, desde el Poder Judicial manifestaron que obran indicios y pruebas en su contra. Es que además de ser la última persona vista con Evelyn antes de su asesinato, desapareció de los lugares que frecuentaba al hacerse público el mismo.
En octubre de 2016, familiares y amigos de Evelyn realizaron una marcha que culminó en la Casa de Gobierno de la Provincia de Misiones reclamando justicia. La marcha, convocada por distintas organizaciones sociales, exigía que se esclarezca el caso, además de la inclusión laboral y educativa para las personas trans en Misiones.
Desde Corresponsales Clave se intentó a acceder a información adicional sobre el caso, pero el juzgado no respondió el pedido efectuado.
¿Negligencia o crimen de odio desde el Estado?
Estos casos de muertes de personas trans como resultado de la acción de las fuerzas policiales y –luego- por la inacción del aparato judicial, debieran ser considerados crímenes de odio y sumarse a los ya informados por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT que registró un total de 31 de estos crímenes, de los cuales el 77.4% había sido contra personas trans en Argentina.
Juan Pablo Massi, Juez de Garantía N° 4 de la Provincia de Buenos Aires, es el responsable -en los primeros casos mencionados- de la agravación de las condiciones de detención de Angie y Pamela y de su fallecimiento, en virtud de que la constitución nacional establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que, a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice” (Art. 18 ultima parte).
En el caso del asesinato de Evelyn Rojas, el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, si bien actuó con celeridad en los primeros momentos del hecho, luego de la detención del único sospechoso, la calma parece haberse posado sobre el expediente tal como ocurriera una década atrás con el asesinato de Macarena en la capital misionera.
Tal como se manifestara en la presentación del Proyecto de Ley de Identidad de Género en el año 2.011, el derecho humano a la justicia es un derecho que las personas trans aún no han alcanzado, sea como víctimas o estando en conflicto con la ley penal, dado que las garantías de las que son titulares son violentadas sistemáticamente por un poder del Estado que parece no escuchar.
Argentina 
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