El pronunciamiento, que está recogiendo las firmas de organizaciones de sociedad civil y redes de Latinoamérica, señala -entre otros puntos- que no existen suficientes evidencias científicas ni consenso sobre los beneficios del inicio inmediato (o temprano) del tratamiento antirretroviral para quienes cuentan con más de 500 CD4.
Asimismo, señala que los sistemas de salud de los países latinoamericanos no ofrecen soporte y atención para las personas que presenten reacciones adversas o efectos colaterales al tratamiento, ni cuentan con servicios de pruebas de seguimiento como carga viral y pruebas de genotipo.
El documento también cuestiona los avances en cuanto al acceso universal al tratamiento, que dejan a un importante número de niños y adultos por fuera de los programas, y mantiene un alto númro de muertes anuales. También señala que los programas de prevención nacionales han sufrido y sufren una disminución en sus recursos financieros y humanos en los últimos años en todos los países, afectando la respuesta integral a la epidemia.
Finalmente, cuestiona que la meta 90-90-90 sea posible de ser alcanzada sin la voluntad política de los gobiernos y la participación activa y oportuna de las poblaciones más afectadas por el VIH.
Las exigencias de la Sociedad Civil
Las organizaciones firmantes exigen que las respuestas nacionales al VIH recuperen un lugar central en las políticas públicas y sean abordadas de modo integral; que el acceso voluntario, confidencial y temprano a los servicios de salud, a la prevención y al tratamiento sean tratados como derechos de todos y todas; que los Programas Nacionales, en colaboración con la Sociedad Civil, expandan el acceso voluntario a la prueba de detección del VIH, la consejería pre y post prueba, el apoyo psicológico y la confidencialidad del diagnóstico sin tener la obligatoriedad de la vinculación inmediata al tratamiento en los casos de personas con diagnóstico positivo, de manera que todas las personas puedan elegir con autonomía cuando iniciar el tratamiento; que los gobiernos fortalezcan sus sistemas de gestión de toda la cadena de abastecimiento de medicamentos e insumos de manera que ninguna persona deje de recibir el tratamiento; que los gobiernos y agencias del sistema de Naciones Unidas y los programas de cooperación internacional incluyan en sus agendas la utilización de mecanismos legítimos existentes para la compra eficiente y sostenible de medicamentos, reactivos e insumos, incluyendo las salvaguardas de ADPIC.
Las organizaciones y personas firmantes también exigen a los gobiernos incrementar la inversión doméstica en las respuestas nacionales, incluyendo los programas y servicios de atención, tratamiento, cuidados y apoyo y que las respuestas nacionales con financiación local incluyan la inversión en el trabajo de la Sociedad Civil, garantizando la colaboración y la participación hacia el continuo de atención y el logro de las metas 90 – 90 – 90.
El pronunciamiento está abierto a firmas. Diríjase a este vínculo, firme y una su voz
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