El “Diagnóstico Conjunto desde la Sociedad Civil sobre los desafíos relativos al VIH/sida y los derechos humanos” fue elaborado por organizaciones y personas que viven con VIH provenientes de todo el país.
El informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo fue preparado por 30 organizaciones con trabajo en VIH y derechos humanos y es fruto de un diálogo abierto a lo largo de los “Conversatorios para la obtención de un diagnóstico común sobre el estado actual y desafíos relativos al VIH y a los Derechos Humanos”, convocados para generar procesos de articulación y coordinación a partir de información actualizada.
El documento fue presentado oficialmente en la región del Maule, la semana pasada, en un esfuerzo por acercar las distintas miradas de la respuesta al VIH y materializar políticas concretas para eliminar las brechas existentes en relación al acceso a los servicios de salud, diagnóstico, atención y prevención, abordando las distintas realidades que deben enfrentar las personas.
El informe sostiene que es fundamental establecer nuevas relaciones de coordinación entre las organizaciones; así se abordó la interrelación de los actores involucrados en la respuesta regional y nacional y se propuso la elaboración de una propuesta de acción que permitiera guiar y acompañar todo proceso de diálogo futuro en base a una agenda propositiva.
Parte de los resultados del diagnóstico apuntan a que la articulación de la sociedad civil ha mostrado en el último tiempo una naturaleza cíclica, con fluctuaciones en los niveles de cooperación y coordinación, que no dependen solamente de las relaciones específicas al interior de la sociedad civil y entre pares, sino que son sensibles a las condiciones del contexto, ya sea de sus dimensiones sociales, económicas o políticas, a nivel nacional e internacional.
El documento se sitúa en torno a tres grandes temáticas: la primera, se refiere al acceso y tratamiento en el sistema público y privado de salud, en este orden, las organizaciones abogaron por un modelo de atención integral, con protocolos de atención inclusivos y con un claro componente en salud sexual y reproductiva, servicios de calidad y personalizados para personas trans y personas de la diversidad; del mismo modo, se planteó la necesidad de mejores programas dirigidos a la población penitenciaria y otras poblaciones claves a través de políticas de control del VIH y disminuyan su impacto psicológico, económico y social en la población. Dichas políticas debieran elaborarse, ejecutarse y evaluarse de manera intersectorial, con la participación activa de la comunidad.
En un segundo aspecto, en cuanto a diagnóstico y prevención, el documento es claro: “garantizar las mejores condiciones para la persona involucrada, respetando el carácter confidencial y voluntario de los exámenes, entregando tanto previamente como posteriormente información pertinente y de calidad. En esta misma línea, todas las acciones vinculadas a un diagnóstico deben considerar más que solo el aspecto técnico, una mirada orientada al bienestar y los derechos de la persona afectada, para lo cual la información, la correcta consejería y el acompañamiento son fundamentales, se debe considerar la educación sexual y el autocuidado como áreas prioritarias de trabajo, así como la facilitación de los mecanismos de prevención, por ejemplo, en lo que se refiere al fácil acceso al condón.”
Finalmente, el diagnóstico se enfoca en evitar e impedir situaciones de estigmatización y discriminación, las cuales afectan el desarrollo de las personas con VIH y su entorno social. En este contexto las organizaciones abogan por medidas específicas en la educación y en la salud, para reforzar una transformación social positiva de las condiciones cotidianas en que se desenvuelven las personas con VIH, al tiempo que deben implementarse medidas regulatorias, de fiscalización y de atención de casos para asegurar el correcto cumplimiento de la normativa, garantizando, en consecuencia, el respeto a los derechos humanos de las personas con VIH.
El diagnóstico hace un llamado a fortalecer a la sociedad civil, mediante la generación de propuestas de política pública coherentes con los derechos humanos, del mismo modo, las instituciones instaron al estado a propiciar un diálogo entre los diversos actores públicos y privados vinculados al VIH.
En el ámbito político se propuso generar una plataforma nacional de las organizaciones de la sociedad civil que permita diseñar y llevar adelante una agenda política y de trabajo común, a objeto de proponer estrategias desde las OSC al Programa Nacional de VIH/sida, que permitan mejorar la política pública con un enfoque integral que incluya perspectiva de género, diversidad sexual, interculturalidad y derechos humanos, fortaleciendo la participación de la sociedad civil en los espacios de decisión nacional e internacional.
Chile 
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