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¿Vamos avanzando en la respuesta mexicana al VIH y las mujeres?

A más de tres décadas del descubrimiento del VIH y de la recomendación de CEDAW para que las respuestas nacionales incluyan las necesidades de las mujeres, el programa nacional de VIH incluye avances en el discurso pero se queda corto en los indicadores para dar cuenta de la respuesta a las necesidades específicas de las mujeres y las niñas en el contexto del virus.

Según el diagnóstico del Programa Nacional de VIH, en el 2012 México tenía solo el 52% de las personas estimadas con VIH conocía su diagnóstico, el 40% estaba en tratamiento y solo un 26% del total tenían una carga viral indetectable. No existe información desagregada por sexo, edad, ni otras condiciones sociales que permita obtener la cascada del continuo de la atención por población o por territorios específicos. Con la información disponible es muy difícil señalar cuál es el impacto de la epidemia en las mujeres.

El Programa de Acción Específico para la Respuesta al VIH, sida e ITS 2013-2018, reconoce la necesidad de ampliar el trabajo de prevención a poblaciones que se encuentran en situación de desigualdad, la importancia del diagnóstico oportuno y la calidad de la atención para mejorar la cascada. Así mismo, menciona la integración de la interculturalidad, la diversidad sexual, la perspectiva de género, los derechos humanos y la calidad como ejes transversales en la provisión de servicios incluyentes de la población clave.

En el marco conceptual de este documento, se reconoce la necesidad de incluir además de las poblaciones clave (hombres que tienen sexo con otros hombres, personas trans, trabajadores y trabajadoras sexuales y personas usuarias de drogas inyectables), a las poblaciones que se encuentran en situación de desigualdad y por lo tanto en desventaja para adquirir la infección. Las poblaciones mencionadas son las mujeres y jóvenes. En la definición de mujeres se incluye por primera vez en un documento de política pública oficial a las mujeres trans.

Así mismo, reconoce que los servicios y la sostenibilidad de la respuesta exige la integración estratégica de los servicios de prevención del VIH dentro del Sistema de Salud y de otros sectores. Entre los ejemplos de integración se mencionan los servicios para prevenir la transmisión vertical, la atención integral materno-infantil, los servicios de salud reproductiva y la prevención del VIH en el primer nivel de atención.

A pesar de los avances en el lenguaje, las acciones concretas para mujeres son pocas y los indicadores que se proponen no consideran desglose por sexo, edad ni son específicos para medir las acciones en mujeres. El caso más claro de esa disonancia se encuentra en el objetivo tres: Brindar atención integral de calidad del VIH e ITS, con respeto a la diversidad sexual, los derechos humanos e interculturalidad. Al definir la líneas de acción, este objetivo se reduce a promover el acceso efectivo a orientación, consejería en planificación familiar y otros  servicios de salud reproductiva para personas con VIH y sida. Y sin embargo, los indicadores no dan cuenta de esa diversidad ni de los servicios de salud reproductiva que se esbozaban. Indicadores: (1)Porcentaje de personas seropositivas cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue de menos de 200 células/μl.  (2) Porcentaje estimado de casos de tuberculosis activa en personas que viven con VIH que reciben tratamiento para tuberculosis y VIH. (3)Prevalencia de sífilis adquirida.

En esta misma línea, llama la atención que el único Objetivo (4) que incluye a las mujeres con claridad, lo hace en cuanto a la transmisión vertical, es decir tomando a las mujeres como vectores de la enfermedad, con el objetivo de liberar a las nuevas generaciones del virus, pero no como un bien en sí mismo para las mujeres y sus parejas: “Eliminar la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita para lograr la primera generación libre de estas infecciones.

La discriminación basada en el género es otro tema relevante que es dejado de lado. Cabe resaltar la importancia de cumplir con la Norma Oficial Mexicana 046 para identificar, prevenir y atender la violencia familiar en las personas usuarias de los servicios de salud. Sin embargo, esta norma no es mencionada en el Programa de Acción Específico, y este documento tampoco menciona las acciones a implementar por los servicios relacionados con el VIH en este marco.

Recordemos que este es uno de los objetivos a los que México se comprometió con la Declaración Política sobre el VIH/SIDA de Naciones Unidas en el 2011 y debería de tener un indicador alineado al compromiso internacional dentro del Programa Nacional.

México tiene una asignatura pendiente respecto a la disponibilidad de información que permita hacer un diagnóstico con perspectiva de género sobre la epidemia en nuestro país. El capítulo de diagnóstico es una clara muestra, la información que describen las gráficas de nuevas infecciones y muertes, prevalencia y mortalidad no están desagregadas por sexo.

Los planes y programas de política pública del sexenio actual han hecho un ejercicio de marco común de responsabilidades y de indicadores que permite encontrar importantes áreas de oportunidad entre los compromisos establecidos entre los distintos documentos. Es fundamental que las organizaciones que trabajamos a favor de la respuesta al VIH y a las mujeres conozcamos, analicemos y vigilemos el cumplimiento de los diferentes compromisos nacionales establecidos a manera de rompecabezas para garantizar que lo que se ha prometido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Transversal PROIGUALDAD, en el Programa Sectorial de Salud y en los Programas de Acción Específico de VIH, Planificación Familiar, Violencia, Adolescentes y Salud Materna se cumpla.

Para revisar los programas específicos, vaya a este vínculo.

País: México

Acerca del autor

Eugenia López Uribe

Eugenia López Uribe, es feminista y ha trabajado en derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes en zonas rurales y urbano-marginadas por más de 20 años. Tiene una maestría en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Ha trabajado en distintas instituciones del sector salud, organizaciones de la sociedad civil, la academia y agencias de cooperación internacional, fundadora del grupo de jóvenes a favor del aborto Decidir Coalición de Jóvenes por la Ciudadanía Sexual y del Comité Juvenil del Consejo de MEXFAM, la afiliada nacional de IPPF. Actualmente es la coordinadora general de la organización feminista Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud. Es parte del Consejo de la red global Athena Network, asesora del Fondo de Acción Urgente de América Latina, parte del secretariado de lesbianas y mujeres bisexuales de ILGA LAC y parte del consejo de la Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual de México.

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