Hace dos años, la Cámara de Senadores votó en contra del proyecto de ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que la Cámara de Diputados había aprobado con una muy ajustada mayoría. La realidad es que el proyecto anterior tuvo una debilidad y una fortaleza. El Ejecutivo Nacional de la administración anterior, con el presidente Macri al frente, envió el proyecto de ley a debate parlamentario sin mucho entusiasmo y, quizás, con la secreta apuesta de su partido que sería rechazado. La profecía se cumplió.
Sin embargo, como el proceso del debate no sólo dependía del partido en el gobierno, se dio un fenómeno casi único, con audiencias públicas de expertos a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque tocó escuchar algunas barbaridades de férreos opositores, también hubo un movimiento, casi espontáneo, de activistas del movimiento de mujeres y del aborto, profesionales de la salud, educadores, investigadores y líderes sociales que dieron testimonio sobre la urgencia de sancionar una ley de aborto.
Algunos estudios de opinión demostraron un cambio favorable en un segmento de la comunidad, aun cuando aquellos que profesaban alguna religión vieron los púlpitos de sus templos como tribunas de una agresiva campaña anti-aborto.
Como suele ocurrir en estos casos, muchas mentiras se contaron y muchos argumentos seudocientíficos se esgrimieron. Sin embargo y por suerte, la mayoría de los medios de comunicación acompañaron -queriéndolo o no- el movimiento a favor de la ley. Más tarde, la ley de la IVE fue una promesa de campaña del presidente Fernández, quién a pesar de la crisis que atraviesa, este y otros países, impulsó la norma en su primer año de mandato.
Pero, sin lugar a duda, la madre de todas las batallas se libró en las calles, donde apareció la “Ola verde”: miles de mujeres en Buenos Aires, en el interior del país y el mundo, que usando el emblemático pañuelo verde, exigieron la aprobación de la ley. Como “la puerta del sol” o la “primavera en Egipto”, la lucha que se libraba sin descanso en los pasillos de las Naciones Unidas y el Congreso pasó a las redes sociales y prosiguió a hacerse eco en los medios. El mayor impacto, sin embargo, se logra cuando el activismo profesional y mulitmediático, es superado por una movilización, de alto grado de espontaneidad, que inunda las calles con manifestación y el correlato de mujeres de todas las edades -y algunos hombres-, portando el pañuelo verde en sus muñecas, maletas y cuellos, no importa la hora o el lugar.
¿Esta vez será ley?
No es un dato menor que la ley tuvo, en su segundo tratamiento parlamentario, un apoyo menos ajustado en la Cámara Baja y muchos políticos reconocieron públicamente haber cambiado de opinión a favor de la IVE. Sin embargo, el desafío con estas leyes progresistas y de realización de derechos, ha sido siempre la Cámara de Senadores.
No es novedad que en Argentina, como el resto de la región, las Cámaras Legislativas están casi llenas de las mismas caras, la misma vieja clase política, resiliente a los cambios y muy flexibles en sus convicciones. Los Diputados son representantes numéricos del pueblo, suelen asignarse bancas por número de habitantes de cada distrito electoral y es por ello por lo que la gran mayoría de los legisladores de la Cámara baja son desconocidos por sus constituyentes. Los Senadores, en cambio, se elijen de a dos por provincia, en su mayoría son los representantes más arcaicos de la política y más susceptibles a las presiones del gobierno provincial, las jerarquías religiosas y las empresas y sus cámaras. Y más allá de sus creencias y valores, si los tienen, votan en forma de obediencia, pues en su próxima visita a su provincia recibirán su pase de factura.
Proyecto 2020
El proyecto que aprobó la Cámara baja ha tomado en consideración algunos temas que algunos legisladores ponían como condición para su respaldo y al mismo tiempo sucedió una movida política muy estratégica, que fue la introducción de la llamada Ley de los mil días. Este proyecto promueve una serie de servicios para aquellas mujeres que decidan seguir con su embarazo a término y carezcan de recursos económicos, ofreciendo una mayor contención socioeconómica para ella y sus hijos en los primeros tres años de sucedido el nacimiento.
El proyecto de Ley de aborto contempla el acceso a todos los medios conocidos y probados de interrupción del embarazo dentro de las catorce semanas y el pedido de la interrupción debe hacerse efectivo dentro de los diez días de solicitado. Contempla esta vez la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que no estuvieran dispuestos a realizar la intervención, pero a su vez instruye a los responsables del centro sanitario de realizar la práctica por medio de otros profesionales no objetores. En caso de no encontrarse los profesionales en dicho centro, es responsabilidad de éste realizar una derivación con los gastos a su cargo, en tiempo y forma. Lógicamente, remueve toda la normativa que penaliza y criminaliza la práctica del aborto. Medidas todas tendientes a sacarlo de la clandestinidad que es una de las causas principales de mortalidad en jóvenes mujeres. En línea con el nuevo código civil y comercial de la Argentina, hay diferentes tipos de consentimientos informados a partir de los trece años, pero una joven de catorce años puede concurrir a realizar la práctica sin necesidad de progenitor o tutor.
Es triste y vergonzoso pensar que, en el año 2020, solo cuatro países en la región tengan legislación de aborto seguro, legal y accesible. El aborto existe en nuestras sociedades por siglos. La interrupción segura del embarazo solo es reservada para jóvenes y mujeres de las clases medias y altas; mientras morir de una hemorragia, una septicemia y otros daños irreversibles es la opción para las adolescentes, jóvenes y mujeres más pobres que los hacen en forma clandestina e insegura. Muchas mujeres llevan décadas en las cárceles purgando una condena por autoinfligirse un aborto.
La provisión de los servicios para el cuidado del aborto es una medida de salud pública, es la realización del acceso a la salud integral. En el caso de adolescentes y jóvenes, de la mano de la anticoncepción y la educación sexual integral, son las medidas urgentes para que no vean alterado su ciclo y proyecto de vida. Ampliar el acceso de las jóvenes más vulnerables socioeconómicamente a la educación formal secundaria, terciaria y universitaria es una signatura pendiente en Latinoamérica. Un embarazo no deseado se transforma en uno de los principales escollos para realizarse como mujeres. Una región del mundo que orgullosa muestra como más países adoptan, por ejemplo, leyes de matrimonio igualitario, identidad de género o el uso legal del cannabis, se queda muy corta en promover el derecho a decidir.
En cuestión de días sabremos la suerte de este nuevo intento legislativo. No solo deseamos que se apruebe, sino que la ola verde empiece a mojar los secos corazones de los legisladores de las Américas, inunde las calles de nuestras capitales para exigir el aborto legal, libre y gratuito, el acceso a la anticoncepción y la Educación Sexual Integral. Todas viejas deudas que urgen saldar.
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