Corresponsales Clave, con el apoyo de ONUSIDA Latina y OPS, convocó a activistas a un webinario para informarse y discutir sobre el acceso de las vacunas COVID-19 para las personas con VIH. La idea es activar movilizaciones para garantizar que no haya ningún tipo de restricción a esta población clave en la respuesta al coronavirus.
Son varias las tareas que se ha impuesto la sociedad civil en respuesta al VIH en América Latina respecto al inicio de la vacunación masiva contra el COVID-19 en el continente. Primero, asegurar que las vacunas lleguen en forma oportuna a todos los países; segundo, que se administren a las personas con VIH sin excepciones y en forma prioritaria; y tercero, que se respete el derecho a la confidencialidad del diagnóstico de VIH en los locales de inoculación que dispongan los distintos gobiernos.
Estos temas fueron el centro de la discusión de un webinario organizado por Corresponsales Clave y ONUSIDA Latina, el pasado jueves 11 de febrero, sobre vacunas para covid y personas con VIH que contó con las exposiciones de la médica Alejandra Corao, asesora regional de programas de ONUSIDA Latina, del médico Marcelo Freitas, punto focal de VIH de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y de Javier Hourcade, editor de Corresponsales Clave, y en donde participaron cerca de un centenar de activistas de la región.
Tanto Corao como Hourcade alertaron sobre el desigual acceso a las vacunas contra COVID-19 en los países de América Latina, en la medida que aquellos con bajos ingresos y poca capacidad negociadora con los laboratorios recién podrían lograr vacunar a toda su población en 2024, por no tener acceso oportuno a estos medicamentos. Incluso la iniciativa de Vacunas para el Pueblo y, específicamente, la iniciativa COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios para asegurar vacunas para todos los países, están en entredicho por el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos.
Lo anterior es grave ya que, al menos, diez países de América Latina dependen solo de la iniciativa COVAX para acceder a estas vacunas. Por lo mismo, los participantes en el webinario plantearon la necesidad de iniciar movilizaciones para presionar a los laboratorios sobre este punto o para exigir a los gobiernos que liberen las patentes y otras restricciones de propiedad intelectual, como medida de emergencia en esta pandemia, para poder producirla de manera masiva y con menores costos.
Vacunas para personas con VIH
Alejandra Corao fue enfática en decir que ninguna de las vacunas disponibles contra el COVID-19 estaría contraindicada para personas con VIH. Incluso para las personas con VIH inmunodeprimidas, las vacunas con virus muerto o con tecnologías de ARN mensajero o adenovirus, no representan un riesgo. Si bien, en esas personas, debido a que el sistema inmunológico no funciona adecuadamente, se podría generar una respuesta débil y, por lo tanto, una menor protección, la conclusión de la profesional fue que “algo de protección es mejor que ninguna protección”.
De esta forma, los activistas que estuvieron en esta reunión virtual coincidieron en que, en todos los países, las personas con VIH deben estar incluidas como población prioritaria para las campañas masivas de vacunación contra COVID-19 sin poner ninguna restricción respecto a carga viral ni estado de CD4 como han planteado algunos estados como Chile y, menos aún, excluirlos del todo como sucedió en el caso de Perú, aunque fue rápidamente corregido.
La representante de ONUSIDA incluso detalló que “un estudio publicado en noviembre asoció el VIH con una tasa de hospitalización 1,38 veces mayor y un riesgo de muerte 1,23 veces mayor relacionado con la carga viral y contaje de CD4”, lo que apoya la necesidad de sumar a las personas con VIH a la inmunización temprana.
Otro tema que fue discutido por los asistentes fue la necesidad de garantizar el derecho a la confidencialidad del diagnóstico de VIH al momento de recibir la vacuna. Lo anterior porque, por ejemplo, en el caso de Chile, se estaría pidiendo una declaración verbal al respecto al momento de presentarse a los centros de vacunación. Así, como soluciones a este problema, los activistas propusieron que los centros comunitarios de respuesta al VIH pudieran habilitarse para este propósito o que las personas con VIH reciban la vacuna en los hospitales en donde habitualmente se atienden y no en otros centros de salud ni en otros lugares como escuelas o estadios.
Por su parte, Javier Hourcade dirigió la discusión de algunas estrategias para la incidencia, en especial respecto a los discursos predominantes sobre el acceso. Asimismo, alertó respecto a los profesionales de la salud que, a pesar que en sus países esté priorizada la vacuna para personas con VIH, no la indiquen por criterios arbitrarios o a condición de los resultados de los exámenes de carga viral o CD4.
Recordó que las personas con VIH, aun con sus sistemas inmunes en buenas condiciones, también tienen comorbilidades como diabetes e hipertensión; o son personas mayores o tienen un deterioro orgánico, todo lo cual las hace elegibles para esta vacuna y así evitar las infecciones más agudas de COVID-19.
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