El 1 de diciembre, Día Mundial de las respuestas al VIH y sida, la sociedad civil se manifestó en puertas del Ministerio de Salud contra el cierre del Programa Nacional de VIH/sida. Durante el mes de diciembre se desarrollaron varias reuniones entre las autoridades responsables y representantes de la sociedad civil y organizaciones de personas que viven con VIH y poblaciones clave para aclarar la situación y el futuro del Programa.
Corresponsales Clave conversó con Carlos De la Rocha, responsable del nuevo “Programa Nacional de Enfermedades InfectoContagiosas”, dependiente del Ministerio de Salud. Respecto a la nueva estructura que instaló el Ministerio de Salud con la Resolución N° 350, afirmó que durante el pasado mes de diciembre de 2021 se sostuvieron varias reuniones con las organizaciones de la sociedad civil, destacó la sesión con el Consejo Nacional del VIH/sida (CONASIDA) que posesionó un directorio transitorio y logró instalarse luego de dos años debido a la crisis política, social y la pandemia.
En estas reuniones, la sociedad civil cuestionó el cierre del Programa Nacional, a lo que la autoridad aclaró que no existe un cierre de Programa, sino una reestructuración a nivel ministerial por lo que el Programa Nacional de VIH pasó a formar parte del nuevo “Programa Nacional de Enfermedades Infecto Contagiosas”, fusionando otros programas nacionales como el de Tuberculosis, lepra, influenzay otros doce programas de enfermedades más; esto con la intención de mejorar la respuesta desde el punto de vista administrativo. Esta reestructuración, mencionó de la Rocha, es a su vez una consecuencia de la nueva estructura de la Dirección de Epidemiología y la Dirección General de Servicios de Salud.
En una entrevista con Virginia Hilaquita, presidenta de la Red Nacional de Personas que Viven con VIH/sida en Bolivia (REDBOL), manifestó que las organizaciones se movilizaron alarmadas por los cambios anunciados por las autoridades de manera súbita y sin haber coordinado con las poblaciones afectadas y clave, tal como asegura la Ley 3729, “…fueron estas movilizaciones las que aceleraron la sesión del CONASIDA”, afirmó Hilaquita.
Otro de los temas centrales en la discusión entre sociedad civil y representantes del gobierno, fue el tema de los presupuestos asignados, Hilaquita mencionó que existe una gran susceptibilidad por parte de las poblaciones afectadas por posibles disminuciones en el presupuesto, o que los 10,1 millones de dólares asignados por el Fondo Mundial para el Programa Nacional de VIH/sida terminen utilizándose en otros. Frente a esto, De la Rocha aseguró que los 10 millones están asegurados exclusivamente para la respuesta al VIH/sida hasta el 2025 y que el gobierno además aseguró otros 20 millones de bolivianos (2,8 millones de dólares) con fondos del Tesoro General de la Nación (TGN).
Para aclarar todos estos temas, la representante de REDBOL, exigió formalidad a las autoridades, solicitando documentos escritos como copias de la Resolución N° 350, documentos anexos necesarios, actas y presupuestos del Fondo Mundial, y otros; además de comprometer una comunicación fluida y activa de la sociedad civil. De la Rocha aseguró la participación de las poblaciones afectadas y la continuidad y reactivación del CONASIDA y CODESIDAS (Consejos Departamentales del sida).
Un término estigmatizante
Otro punto que causó indignación en la sociedad civil fue la inclusión del Programa de VIH junto al Programa de Enfermedades “Infecto-contagiosas”, considerando, según Hilaquita, que el uso del término “contagioso”es un retroceso en la lucha contra el estigma asociado al VIH, ya que el VIH es “transmisible”; al respecto el De la Rocha afirmó, “… estamos abiertos a llegar a acuerdos, es posible, no me comprometo, pero entendemos la contradicción”.
Compromisos y desafíos para el 2022
Luego de varias reuniones entre las autoridades y representantes de la sociedad civil, que incluso llegaron a instalar un Amparo Constitucional contra las reformas, las autoridades se comprometieron a incluir de forma activa a las poblaciones afectadas y clave. A fines de diciembre se instalaron tres reuniones del Plan Estratégico Multisectorial (PEM) para explicar las nuevas estructuras, brindar información solicitada, recibir las observaciones y propuestas de la sociedad civil y coordinar actividades futuras. En estas reuniones se expresaron los reclamos por el retraso del inicio del Programa PrEP (profilaxis pre exposición) para Bolivia, recomendado por ONUSIDA, OMS y OPS como respuesta de prevención que facilita el logro de las metas 90-90-90; al respecto, De la Rocha aseguró que se iniciará un piloto durante este año.
Por otro lado, se comprometió el avance en la desconcentración de los servicios de atención integral y entrega de medicamentos antiretrovirales (ARV) que actualmente se encuentran saturados y capturados por la burocracia e ineficiencia del sistema de distribución, situación que se agudizó durante la crisis sanitaria por la covid. La auto prueba de VIH, y un programa de profilaxis post exposición (PPE) también fueron comprometidos para estudios piloto, De la Rocha comentó respecto a la implementación de las estrategias de prevención recomendadas por ONUSIDA: “Nuestra realidad es distinta a muchos países, nos cuesta llegar a la conciencia de jóvenes, y familias conservadoras”.
REDBOL se comprometió a enfatizar su trabajo de incidencia para la mejora del trabajo intersectorial, presionando a los gobiernos municipales y departamentales a aportar en las respuestas a la epidemia del VIH con presupuestos y recursos humanos ya asignados, algo que está previsto en diversas resoluciones ministeriales.
Cabe destacar que Bolivia había presentado los peores indicadores de la región respecto al avance de la respuesta a la epidemia del VIH en los años previos a la pandemia de covid y, según Hilaquita, los datos de los últimos dos años presentan cifras dudosas debido a la pandemia mundial y las crisis políticas vividas en Bolivia, entre lo cual preocupa especialmente la toma de pruebas de VIH que se vieron reducidas a nivel regional.
Finalmente, Hilaquita destacó el compromiso por el seguimiento al nuevo programa, que será evaluado al cabo de un año de funcionamiento; de igual manera enfatizó en el compromiso voluntario de los activistas y población civil por hacer cumplir los compromisos del gobierno y la mejora en la atención a personas con VIH.
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