Desde el 28 de abril de 2021 el aborto por violación en Ecuador no es más un delito, ya no iremos presas, pero la responsabilidad que tiene ahora la Asamblea Nacional es crear mecanismos de acceso a los servicios de salud que aseguren que todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar que hayan sido víctimas de violencia sexual tengan la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado, caso contrario, este reconocimiento se convertirá en el privilegio de unas pocas.
“Ya estamos tarde con el cumplimiento de la Corte Constitucional” alega Jahiren Noriega, asambleísta por la provincia de Pichincha, en entrevista con Corresponsales Clave.
Según sostienen las Plataformas Organizadas por una Ley Justa y Reparadora – OLA, conformada por 43 organizaciones de mujeres y feministas a nivel nacional, junto con la Alianza de Niñez y Adolescencia, “las sobrevivientes de violación sexual han esperado durante los últimos seis meses a que la Asamblea Nacional debata y apruebe una Ley de acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación en el marco de los más altos estándares de derechos humanos y escuchando la voz de las víctimas.”
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó para el segundo debate, este 25 de enero, el borrador del proyecto de ley sobre el aborto por violación y modificó la temporalidad inicial que planteaba 28 semanas como máximo para el procedimiento para mayores de 18 años, mientras que, en el caso de niñas y adolescentes, así como de mujeres con discapacidad no establecía plazo; proponen que en niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar hasta las 22 semanas de gestación, mientras que, de aquellas gestantes de 18 años en adelante víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar hasta las 20 semanas de gestación.
Nudo crítico: los plazos
“Al fijar plazos como de 20-21-22 semanas, la Asamblea, y esto es lo más grave que hay que mencionar, está generando un limbo legal para aquellas víctimas de violencia sexual que superen la temporalidad, porque si bien estas mujeres no podrán ser atendidas como efecto de la decisión de la corte, tampoco podrán acceder a un servicio de salud digno. Son precisamente estas mujeres las que están condenadas a la clandestinidad y a la muerte”, explica Johanna Romero, portavoz de OLA, en el marco de la rueda de prensa del miércoles 19 de enero por OLA, junto con la Alianza de Niñez y Adolescencia.
“Poniendo plazos la comisión volvió a discriminar a las personas gestantes, como si el extremo dolor, el desamparo de las mujeres víctimas pudiera medirse en semanas o diferenciarse en edades: la maternidad forzada, la clandestinidad, la inseguridad van a volver a rondar las vidas de mujeres y niñas en experiencias límites”, subrayó en la rueda de prensa Sybel Martínez, de la Alianza por la Niñez y la Adolescencia.
“Es importante remarcar que uno de los argumentos centrales de la Corte Constitucional para despenalizar el aborto en la causal violación fue -precisamente- que la maternidad no puede ser impuesta porque es una forma de tortura hacia las víctimas, entonces, cuando la ley fija plazos y semanas para restringir el acceso al aborto, lo que está haciendo es legalizar la tortura para aquellas que superan el límite de lo impuesto en la norma”, agrega Johhanna Romero. “(…) Desde las organizaciones de mujeres hemos recalcado que todas las legislaciones de Argentina, Colombia, Brasil en la causal violación no tienen plazos. La violación y sus consecuencias no desaparecen ni a la semana 21 ni a la 22, es como pensar que pasado cierto tiempo las víctimas borran de sus cuerpos la violación y eso es directamente inaceptable”, prosigue.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016), cada día se registran 13 embarazos producto de violación de niñas de entre 10 a 14 años, de ellos 6 terminan en aborto y 7 en partos. Sin embargo, las cifras oficiales no reflejan la realidad de la violencia sexual y el embarazo infantil y adolescente, sino que existe un subregistro.
“La mayoría de abortos legales suceden en el primer trimestre de gestación a nivel mundial es apenas un 2 o 3% los que llegan pasadas las 20 semanas, ¿les vamosa negar a estas niñas su derecho a decidir?, ¿cómo podemos ser tan crueles?”, se pregunta en rueda de prensa Sybel Martínez.
“Las niñas menores de 14 años, que son las más vulnerables, violentadas, y re victimizadas, las que presentan mayor índice de embarazo infantil y adolescente, son las que más tarde llegan a los servicios de salud, y en ese caso no es ni condenarlas a la clandestinidad, porque esa niña muy posiblemente no tiene ni los recursos económicos ni las herramientas para ir a buscar otra solución y la estamos condenando a una maternidad forzada y eso es gravísimo”, reafirma Jahiren Noriega a Corresponsales.
Plazos: barreras de acceso a la salud
Susana Guijarro, médica especialista en niñez y adolescencia, ha dedicado su vida a los derechos sexuales y reproductivos y ha trabajado en organizaciones y capacitación para servicios de atención integral de adolescentes y lidera el proceso de prevención del embarazo adolescente.
En base a su experiencia establece que necesitamos una ley que dé la opción a que la mujer decida, que cumpla con su proyecto de vida, que esta ley restituya derechos. “Se necesita educación sexual en general para toda la sociedad, pero con énfasis en los hombres, porque el objetivo es que no haya violadores. Se trabaja mucho con mujeres para que se “cuiden”, las mujeres no tenemos que cuidarnos, no deben existir violadores, todo el mundo debemos respetarnos y la educación sexual es muy importante en el tema de derechos”, señala.
Jahiren Noriega también expone un tema importante y es que en el contexto actual de tele educación, es más difícil para las niñas llegar a los sistemas de salud porque las escuelas solían ser espacios de detección de la violencia sexual, las niñas llegaban a los sistemas de salud con sus profesores, psicólogos y ahí recién se daban cuenta de que estaban embarazadas, por lo que para las niñas será mucho más difícil darse cuenta.
“En cuanto a la salud física, las complicaciones del embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. En adolescentes menores de 15 años ni siquiera tenemos estadísticas reales porque en nuestro país se tenía en cuenta a mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años. Las niñas de 10 a 19 años tienen hasta el triple de posibilidades de muerte por causas maternas en comparación con las mujeres adultas y lo mismo con la mortalidad infantil, es decir, que muchas adolescentes están expuestas a la muerte por continuar con embarazos producto de una violación”, explica Guijarro.
Poner plazos limita el acceso a la salud. “Hay muchas barreras empezando desde los profesionales de salud, que no han recibido una buena capacitación. El objetivo es que sepan qué hacer, de la manera adecuada, atendiendo a las necesidades, darse el tiempo, tiene que haber una atención en lo psicológico y social, una asesoría oportuna con información adecuada y comprometerse, porque a menudo los servicios de salud no saben qué hacer, tenemos testimonios de que les refieren de un lado a otro, generando demoras y además tienen posiciones personales”, indica.
“No podemos partir de las creencias sino de las necesidades que tienen nuestras niñas y adolescentes y para quienes hay más barreras: para las más pobres, las que viven lejos de los establecimientos de salud, las rurales que tienen que caminar 4 o 5 horas… o en la zona amazónica donde tienen que ir en canoa y las niñas que recién están empezando su formación, para las indígenas, las migrantes, las afro, a las que ya han sido vulneradas por el estado ecuatoriano” analiza Guijarro.
“Hoy en Ecuador, 5,7 millones de personas viven en condiciones de pobreza y 2,6 de extrema pobreza, y de esa cantidad, el 43% se concentra en entornos rurales, además, de esa totalidad, el 67% corresponde a mujeres y la asamblea está invisibilizando esa realidad de mujeres en entornos rurales empobrecidos y condenadas a procesos sistémicos de violencia”, afirma María Espinosa de Amazonas Frontlines.
La amenaza de veto presidencial
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, sin haber recibido oficialmente el proyecto de ley, ha manifestado su deseo de veto presidencial, lo que hace que la Asamblea Nacional no pueda deliberar sin presiones políticas, lo que se está haciendo es usar la vida de las niñas y las víctimas con fines electorales, asegura Johanna Romero.
En esa misma línea María Espinoza sostiene su rechazo de la amenaza realizada por el presidente, donde los criterios no son técnicos, ni médicos sino dogmáticos.
25 de enero: Movilización Nacional
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó para el 25 de enero a sesión del pleno a partir de las 09:30 para tramitar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de Justicia y generó polémica al establecerse plazos máximos en que se permitirá la interrupción. Los bloques esperan reunirse para debatir internamente asumir una posición.
Para ese mismo día, la plataforma Organizadas por una Ley Justa y Reparadora (OLA), integrada por 43 organizaciones de mujeres y feministas del Ecuador, convocó a una movilización que se concentrará en la Asamblea Nacional a partir de las 08:30, para estar vigilantes al debate y exigir a los legisladores la aprobación de una la ley de aborto justa y reparadora.
La Asamblea no está haciendo bien las cosas y no nos extrañaría que hubiera un retroceso en la ley, nos anticipamos a lo que pueda venir y queremos decir que como movimiento de mujeres y feministas del país seguiremos multiplicando y diversificando nuestra estrategia de presión política y social para lograr tener una ley justa y reparadora, porque a la clandestinidad no nos regresa ni Dios”, justicia Sybel Martínez.
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